La ley de secretos oficiales, el escudo perfecto
El patrón que describen las fuentes jurídicas a las que he tenido acceso es inequívoco. El Consejo de Ministros, mediante acuerdos firmados por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha replicado la misma fórmula en cada petición judicial: negar que el CNI espiara a los denunciantes o, en el caso de que figuren entre los 18 nombres que la exdirectora Paz Esteban admitió en el Congreso en 2022, entregar únicamente los autos del Tribunal Supremo que autorizaron la interceptación, pero con párrafos enteros tachados y sin el menor detalle técnico sobre la herramienta Pegasus.
El razonamiento oficial, invocado una y otra vez, es que facilitar esos datos “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”. En el acuerdo más reciente, de junio de 2026, el argumento se endurece aún más: se apela al “incremento de amenazas híbridas y ciberataques” y al “contexto de guerra en Ucrania” para blindar cualquier información sobre procedimientos operativos. Le adelanto que estamos ante una interpretación maximalista de la seguridad nacional que convierte la ley de secretos oficiales de 1968 en un blindaje casi absoluto.
Lo he escrito en más de una ocasión: una democracia que no puede fiscalizar a sus servicios de inteligencia porque todo está clasificado empieza a tener un problema de legitimidad. Y sostengo, desde que publiqué El quinto elemento, que los ciberataques de Estado —y Pegasus es la herramienta más sofisticada que hemos visto en suelo europeo— acaban volviéndose contra los ciudadanos cuando el control falla.
Paz Esteban, la directora que no puede hablar
Las consecuencias de este blindaje se personifican en Paz Esteban. La exdirectora del CNI está investigada en media docena de causas y ha comparecido en varios juzgados de Barcelona, pero su declaración ha sido constantemente una repetición del mismo guión impuesto por los acuerdos de desclasificación aprobados por Moncloa. No ha podido decir si el programa utilizado fue realmente Pegasus, pese a que los análisis forenses realizados por los peritos lo confirman. Tampoco ha podido detallar cómo se adquirió la licencia, cuánto costó ni quiénes fueron los interlocutores de NSO Group.
El juez instructor del caso de los exdiputados de la CUP David Fernàndez y Carles Riera solicitó la desclasificación de “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos” para que Casteleiro pudiera testificar con libertad. La respuesta del Gobierno, fechada en junio de 2026, fue un nuevo portazo: cualquier revelación concreta “pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional” y “comprometer seriamente la Defensa Nacional”.
Más aún, el Ejecutivo sostiene que esos datos “permitirían el acceso de individuos, organizaciones o estados interesados en actuar contra todos esos bienes” y que la información debe quedar especialmente protegida cuando “hubieren sido proporcionados o se utilizaren en colaboración con servicios extranjeros y terceros estados”, una coletilla que inevitablemente dirige la mirada hacia Washington y Tel Aviv. En cualquier caso las fuentes coinciden en que ese celo por las alianzas de inteligencia ha acabado por vaciar de contenido la investigación judicial.
El resultado es que, cuatro años después del estallido del escándalo, ninguna de las denuncias de las víctimas ha llegado a juicio. Y no es solo por el silencio de Israel a las comisiones rogatorias o por las pocas ganas de algunos jueces de investigar —la Audiencia de Barcelona ha tenido que reprender a más de un instructor—, sino porque el poder ejecutivo ha levantado un muro de clasificación que hace imposible reconstruir los hechos.
El control del CNI no puede ser un agujero negro democrático. Sin luz, cualquier servicio de inteligencia se convierte en un arma contra sus propios ciudadanos.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El vector de amenaza que dibuja este episodio no es un ciberataque concreto, sino una modalidad de opacidad institucional que denomino “veto clasificado ampliado”. Consiste en utilizar la protección formal de los secretos de Estado no para salvaguardar una operación viva, sino para impedir cualquier rendición de cuentas retrospectiva. En el oficio lo llamamos overclassification, y es una patología que he visto en Washington, en Moscú y ahora, con toda crudeza, en Madrid.
Las agencias implicadas, en este caso, se configuran de manera poco habitual. Quien ataca la transparencia —y sé que es un verbo fuerte, pero lo mantengo— es el propio Gobierno de España, que blinda información del CNI para evitar que la justicia acceda a la verdad material. Quien defiende el escrutinio público son los jueces instructores y, en última instancia, la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, un órgano parlamentario que, dicho sea de paso, apenas ha podido ejercer su función. Y los terceros interesados que observan con lupa son tanto los independentistas como Amnistía Internacional, que ya ha denunciado las carencias del sistema de control del CNI, y los socios de Five Eyes, a quienes les inquieta que un aliado OTAN tenga herramientas de ciberespionaje descontroladas.
El nivel de clasificación estimado de la documentación que el Gobierno se niega a compartir es, sin duda, Secreto, según la gradación que marca la propia ley de secretos oficiales. Todo el material relativo a fuentes humanas, procedimientos técnicos y colaboración con agencias extranjeras se mueve en esa franja. Pero, como antecedente histórico, conviene recordar lo que ocurrió con los papeles de Snowden en 2013: entonces, la comunidad de inteligencia estadounidense también argumentó que revelar los programas de vigilancia masiva pondría en riesgo la seguridad nacional, y sin embargo el debate democrático acabó imponiéndose, al menos parcialmente. Aquí, en cambio, ni siquiera se ha iniciado ese debate.
Yo veo un riesgo sistémico en esta estrategia de clasificación preventiva. Si cada vez que un juez pregunta cómo se empleó el dinero público para adquirir un programa espía la respuesta es “seguridad nacional”, estamos desactivando el principio de separación de poderes con una herramienta que nació para proteger al Estado, no para blindar decisiones políticas. Y me preocupa especialmente que la reforma de la ley de secretos oficiales, prometida desde hace años, siga siendo una quimera. Mientras esa norma franquista continúe intacta, el CNI operará en un espacio de inmunidad que ninguna democracia avanzada se permite.
El próximo hito será ver si los jueces aceptan o no el silencio impuesto como un hecho consumado. La Audiencia de Barcelona ya ha dado muestras de que no está dispuesta a archivar sin más. Pero sin acceso a los datos técnicos que Moncloa retiene, la investigación se parece cada vez más a una partida de cartas en la que solo el crupier puede mirar las manos.
