Una agresión militar contra Ceuta o Melilla supondría para España una crisis de máxima gravedad. No se trataría únicamente de defender dos ciudades autónomas situadas frente a las costas de Marruecos, sino de responder a un ataque contra territorio español y, por tanto, de activar todos los resortes políticos, militares y diplomáticos del Estado. El escenario, además, sería radicalmente diferente al de una crisis migratoria o una operación de presión híbrida.
La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, dejó clara la posición del Gobierno durante su visita a Ceuta el pasado agosto: “cualquier agresión a Ceuta y a Melilla es a España en su conjunto”. En ese momento, las Fuerzas Armadas ya mantenían un dispositivo de presencia, vigilancia y apoyo en la ciudad autónoma.
En un hipotético conflicto abierto, la respuesta española no dependería de una única unidad ni se limitaría a las tropas desplegadas permanentemente en ambas ciudades. La defensa se convertiría en una operación conjunta en la que participarían Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y del Espacio, bajo una dirección militar integrada y con el respaldo político del Gobierno.
El primer muro de defensa estaría dentro de las ciudades
Ceuta y Melilla cuentan con una característica que condicionaría cualquier crisis: las Fuerzas Armadas mantienen una presencia permanente en ambos territorios. El objetivo de esas unidades no es únicamente simbólico. Su existencia proporciona capacidad inmediata de respuesta y permite que, ante una emergencia, el Estado no tenga que empezar desde cero.
En Ceuta, el Tercio Duque de Alba 2.º de la Legión constituye una de las principales referencias de la presencia terrestre española. La estructura militar también incluye unidades especializadas en diferentes cometidos, mientras que la Comandancia General ejerce un papel esencial en la coordinación del dispositivo.
Ante una agresión, la prioridad inicial sería proteger a la población y garantizar la integridad territorial, reforzando las capacidades disponibles y asegurando las infraestructuras críticas. La defensa de las ciudades no puede entenderse únicamente como una cuestión de potencia de fuego: comunicaciones, energía, agua, puertos, aeródromos y servicios esenciales pasarían a tener una importancia estratégica.
La rapidez sería determinante. Las unidades ya presentes tendrían que proporcionar la primera respuesta mientras desde la Península se organizaría el eventual refuerzo de capacidades.
La Armada tendría un papel decisivo para mantener abiertas las comunicaciones
La posición geográfica de Ceuta y Melilla convierte al mar Mediterráneo y al Estrecho de Gibraltar en elementos fundamentales de cualquier escenario de crisis. Una defensa prolongada necesitaría garantizar la conexión de las ciudades con el resto de España y mantener abiertas las vías de abastecimiento.
Ahí entraría en juego la Armada española, que dispone de presencia y despliegue en diferentes puntos de la geografía nacional y de capacidades para contribuir a la vigilancia marítima, protección de las líneas de comunicación y apoyo a las operaciones conjuntas.
En un escenario de guerra, la cuestión no sería simplemente enviar más soldados. España tendría que asegurar que Ceuta y Melilla pudieran recibir refuerzos, suministros y asistencia y que cualquier amenaza procedente del entorno marítimo pudiera ser detectada con suficiente antelación.
La importancia estratégica del Estrecho añadiría además una dimensión internacional al conflicto. Una crisis militar en torno a Ceuta y Melilla afectaría a una de las principales rutas marítimas del planeta y tendría consecuencias inmediatas para la seguridad del Mediterráneo occidental.
El cielo sería otro de los grandes escenarios de la crisis
La defensa de ambas ciudades tampoco podría quedar reducida al ámbito terrestre y marítimo. El Ejército del Aire y del Espacio desempeñaría un papel esencial dentro de una respuesta conjunta, especialmente para proporcionar vigilancia, reconocimiento y superioridad situacional.
En términos generales, España tendría que combinar sus sensores y sistemas de vigilancia con las capacidades aéreas disponibles para conocer qué está ocurriendo y evitar que una crisis localizada se transforme en una amenaza mayor.
La clave sería la defensa multidominio: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio forman actualmente un único escenario estratégico. Una agresión contemporánea podría comenzar incluso antes de que aparecieran tropas en la frontera mediante ataques informáticos, campañas de desinformación o sabotajes.
Precisamente esa es una de las preocupaciones que actualmente manejan los servicios de inteligencia españoles. Los informes conocidos apuntan a una posible intensificación de las llamadas acciones de zona gris sobre Ceuta y Melilla, con herramientas como ciberataques, sabotajes, desinformación o presión migratoria.
La batalla política y diplomática empezaría desde el primer minuto
Un ataque abierto contra territorio español tendría una dimensión que iría mucho más allá de las Fuerzas Armadas. El Gobierno tendría que activar simultáneamente la respuesta militar, diplomática y política, mientras España trataría de conseguir el respaldo de sus socios europeos y aliados.
La cuestión de la OTAN sería especialmente relevante. El artículo 5 establece el principio de defensa colectiva ante un ataque armado contra uno de los miembros, aunque su aplicación concreta dependería de las circunstancias y de las decisiones políticas de los aliados. España considera además que la defensa colectiva constituye uno de los pilares fundamentales de la Alianza.
Pero Ceuta y Melilla presentan una particularidad que convierte el debate jurídico y político en especialmente complejo. El objetivo español sería evitar cualquier vacío de interpretación sobre su condición de territorio nacional. De hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado recientemente que Ceuta y Melilla forman parte de España y de la Unión Europea y que el Gobierno no contempla negociar su soberanía con Marruecos.
El escenario más probable no sería una invasión convencional
La paradoja es que, aunque una guerra abierta obligaría a España a utilizar todo su potencial militar, no es el escenario que actualmente consideran más probable los servicios de inteligencia.
La amenaza que más preocupa es otra: una combinación de presión migratoria, desinformación, ciberataques, operaciones de influencia y acciones encubiertas destinadas a tensionar la situación sin cruzar claramente el umbral de una guerra convencional.
La reciente crisis de Ceuta ha demostrado precisamente la dificultad de distinguir entre una emergencia migratoria, una operación de presión política y una amenaza para la seguridad nacional. El Gobierno llegó a movilizar al Ejército de Tierra para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante la crisis de finales de julio.
Por eso, la verdadera defensa de Ceuta y Melilla no consistiría únicamente en acumular más tropas o armamento. El desafío sería construir una respuesta capaz de detectar anticipadamente cualquier agresión, proteger a la población, garantizar las comunicaciones con la Península y coordinar a todas las instituciones del Estado.
En una eventual guerra, las Fuerzas Armadas serían la última barrera. Pero la primera defensa estaría mucho antes: inteligencia, vigilancia, diplomacia, resiliencia de las infraestructuras y capacidad para responder a una amenaza híbrida sin permitir que la presión escale hasta convertirse en un conflicto abierto.
