La posibilidad de reconocer la nacionalidad española a los saharauis que tenían DNI español antes de 1977 abriría un debate de gran alcance sobre la responsabilidad histórica de España, la relación con Marruecos y el futuro del Sáhara Occidental. La medida podría reforzar los vínculos con una población que conserva una relación jurídica y familiar con la antigua Administración española, pero también plantearía problemas de aplicación, costes y consecuencias diplomáticas.
El debate arranca con la salida española del Sáhara Occidental. Durante décadas, los saharauis estuvieron sometidos a la Administración española y muchos dispusieron de documentos de identidad expedidos por sus autoridades. Sin embargo, la descolonización no se tradujo en un reconocimiento automático de la nacionalidad española. El Real Decreto 2258/1976 estableció un procedimiento para que determinados naturales del Sáhara pudieran optar por ella, condicionado a requisitos de documentación y residencia.
La cuestión volvió a los tribunales en 2020. El Tribunal Supremo concluyó que haber nacido en el antiguo Sáhara español no convertía automáticamente a una persona en española de origen, porque el territorio colonial no era España a efectos de nacionalidad. La resolución dejó abierta una brecha entre la relación histórica con el Estado y el reconocimiento jurídico de la ciudadanía.
La iniciativa que ha llegado al Congreso busca modificar esa situación mediante una vía extraordinaria de acceso a la nacionalidad. El texto parlamentario contempla a los saharauis nacidos bajo la Administración española y permite acreditar esa condición mediante documentos como el DNI español, los censos históricos, partidas de nacimiento o certificados de escolarización. También prevé una vía para sus descendientes directos.
La ventaja para España: reparar una herida que afecta a su propia historia
El principal beneficio de esta medida sería reconocer la responsabilidad histórica de España hacia una población que quedó en una situación de incertidumbre tras la descolonización. No se trataría solamente de entregar pasaportes, sino de admitir que los vínculos administrativos, familiares y personales construidos durante la etapa española tuvieron consecuencias que no desaparecieron con la retirada.
Para los saharauis que conservan un DNI anterior a 1977, la nacionalidad supondría recuperar una relación jurídica que sus familias consideran perdida de forma injusta. El acceso a la ciudadanía permitiría disponer de los derechos asociados a la nacionalidad española, como la libre circulación dentro de la Unión Europea, el acceso al mercado laboral y la posibilidad de estudiar en España.
También existiría una ventaja diplomática potencial. España podría reforzar sus relaciones con la población saharaui y con las asociaciones que defienden sus derechos. En un momento en que la política española hacia el Sáhara está sometida a fuertes críticas, el reconocimiento de la nacionalidad ofrecería una señal de que Madrid no considera cerrada su relación histórica con el territorio.
Pero la medida no resolvería el conflicto territorial. La nacionalidad española no equivale al reconocimiento de la soberanía española sobre el Sáhara Occidental, ni determina el futuro político del territorio. Esta distinción es fundamental para evitar que una reparación jurídica se convierta en una declaración territorial que el Gobierno no pretende realizar.
El coste económico y administrativo de reconocer a miles de nuevos españoles
La segunda gran cuestión es el impacto que tendría la medida sobre las instituciones españolas. El número de beneficiarios dependería de la ley definitiva, de los requisitos probatorios y de cuántas personas presentaran su solicitud. Las estimaciones publicadas sitúan el colectivo potencial en decenas de miles de saharauis, con cifras que llegan hasta los 110.000 nacidos bajo la Administración española.
El primer reto sería el Registro Civil. La comprobación de documentos emitidos hace medio siglo, especialmente cuando proceden de archivos dispersos o de familias que han vivido durante décadas en los campamentos de refugiados de Tinduf, podría exigir recursos adicionales. El DNI antiguo sería una prueba relevante, pero no todos los solicitantes conservarían la documentación en buen estado, y habría que establecer mecanismos para verificar identidades y evitar duplicidades.
La medida también tendría un efecto sobre los servicios públicos. Los nuevos ciudadanos podrían trasladarse a España para trabajar, estudiar o reunirse con sus familias. Eso no significa que todos vayan a hacerlo, pero sí que el Estado tendría que prever la capacidad de sus consulados, oficinas del Registro Civil y servicios de atención a ciudadanos en el extranjero.
El coste presupuestario no sería necesariamente inmediato ni uniforme. La nacionalidad no implica una prestación económica automática ni garantiza el acceso a todas las ayudas sociales sin cumplir sus requisitos. Sin embargo, un incremento de población con derecho a residir y trabajar en España podría generar nuevas necesidades de vivienda, educación, sanidad y empleo en las zonas donde se concentren las llegadas.
El riesgo de Marruecos y el conflicto que España no puede ignorar
El problema más delicado sería diplomático. Marruecos considera el Sáhara Occidental parte de su soberanía y ha rechazado históricamente las iniciativas que refuerzan el reconocimiento internacional de una identidad política saharaui diferenciada. Una ley española de nacionalidad podría ser interpretada por Rabat como una forma indirecta de respaldar las reivindicaciones del Frente Polisario.
La reacción tendría especial relevancia porque la relación entre España y Marruecos atraviesa un contexto de tensión en torno a Ceuta, Melilla y el Sáhara. En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez apoyó el plan marroquí de autonomía para el territorio, una decisión que contribuyó a mejorar las relaciones bilaterales tras la crisis diplomática de 2021. La nacionalidad para los saharauis podría abrir una nueva contradicción entre esa política exterior y la reparación histórica que ahora se plantea.
Rabat podría responder mediante protestas diplomáticas, campañas políticas o una revisión de su cooperación con España. El riesgo no sería necesariamente una ruptura inmediata, pero sí un deterioro de la confianza en asuntos que afectan directamente a la seguridad española, como el control de la inmigración, la lucha contra el narcotráfico y la coordinación policial.
Una medida que puede fortalecer a España, pero exige precisión jurídica
El cuarto desafío sería evitar que la nacionalidad se convierta en una herramienta de confrontación política. El reconocimiento de los saharauis con DNI español anterior a 1977 podría fortalecer la imagen de España como Estado que asume sus responsabilidades históricas. Pero, si se aprueba sin una definición clara de los beneficiarios, los requisitos y los efectos jurídicos, también podría generar litigios y una nueva controversia sobre la interpretación de la nacionalidad española.
La experiencia del Real Decreto de 1976 demuestra que el problema no es nuevo. Aquel procedimiento ya reconocía la posibilidad de optar por la nacionalidad a determinados naturales del Sáhara, pero la cuestión de quienes no pudieron ejercer ese derecho sigue pendiente. La nueva iniciativa pretende dar respuesta a esa situación mediante una vía extraordinaria de acceso a la ciudadanía.
Para España, la clave sería encontrar un equilibrio entre la reparación histórica y la seguridad jurídica. La ley tendría que distinguir entre el reconocimiento de derechos individuales y cualquier interpretación sobre la soberanía del territorio. También debería prever un procedimiento eficaz para verificar la documentación y evitar que la nacionalidad se convierta en un foco de irregularidades administrativas.
En definitiva, la nacionalidad española para los saharauis que tenían DNI antes de 1977 podría ofrecer a España una oportunidad para cerrar una deuda histórica y reforzar sus vínculos con una población vinculada a su pasado colonial. Pero la medida también entrañaría costes administrativos, posibles efectos migratorios y un riesgo diplomático relevante con Marruecos.
La decisión no se limita a una cuestión de identidad o memoria. Afecta a la política exterior, a la gestión de la ciudadanía y a la posición de España en un conflicto territorial que sigue sin resolverse. El éxito de la iniciativa dependerá de que el reconocimiento de derechos sea sólido, verificable y compatible con una política exterior capaz de proteger los intereses españoles.
