EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Justicia busca intervenir de forma destacada en una vista del Tribunal Supremo sobre la Segunda Enmienda, según The Daily Caller. La información no ha sido confirmada por el tribunal.
- ¿Quién está detrás? La División de Derechos Civiles del Departamento creó en diciembre de 2025 una sección específica para la Segunda Enmienda, encabezada por la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon.
- ¿Qué impacto tiene? La sección ya demanda a estados y municipios por restringir armas. Para España, el impacto directo es limitado y afecta sobre todo al sector armero deportivo.
El Departamento de Justicia quiere un papel principal en la vista del Tribunal Supremo sobre la Segunda Enmienda. La información de The Daily Caller no ha sido confirmada por el tribunal.
Una sección judicial con calendario propio
La solicitud se apoya en una pieza clave: la División de Derechos Civiles estrenó en diciembre de 2025 una sección dedicada exclusivamente a la Segunda Enmienda. Al frente está la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, que ha prometido ‘mucho trabajo en 2A’, la abreviatura anglosajona del derecho a portar armas.
El origen de la sección es la Orden Ejecutiva que Donald Trump firmó en febrero de 2025. Entonces encargó a la fiscal general Pam Bondi evaluar cualquier restricción vigente al derecho a poseer y portar armas y diseñar un plan para corregirla. El denominado ‘plan de acción’ no se ha hecho público.
Desde su puesta en marcha, la sección ha presentado demandas contra Denver, Virginia, las Islas Vírgenes, el Distrito de Columbia y Colorado por prohibir fusiles semiautomáticos modernos y cargadores de capacidad estándar. También investigó a Filadelfia por la gestión de los permisos de porte oculto de armas y demandó a California por una ley que veta las pistolas Glock.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Daily Caller News Foundation. Para The Trace, la combinación de una sección formal y un calendario judicial activo sugiere una agenda guiada, ‘sustancialmente similar a los temas y mandatos de la orden ejecutiva’, según recoge la demanda.
La demanda de The Trace y su trasfondo político
The Trace presentó el litigio el pasado 4 de septiembre en el Distrito Este de Nueva York bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). El medio exige los registros del plan de acción porque, sostiene, el Departamento no cumplió con sus solicitudes rutinarias de transparencia. Su redactor, Chip Brownlee, lo resumió así: ‘Esos registros deberían ser públicos. Demandamos solo después de que el departamento no atendiera solicitudes rutinarias de la FOIA’.
El trasfondo importa. The Trace fue fundado por el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg y tiene como financiador institucional al Everytown for Gun Safety Support Fund. Bloomberg ha donado más de 270 millones de dólares a Everytown y a sus organizaciones predecesoras desde 2007, según The New York Times. No es un actor neutral en el debate de las armas.
El Departamento de Justicia no se limita a defender leyes: ahora litiga para redefinir el alcance federal de la Segunda Enmienda.
Para España, el impacto directo es limitado. No hay aranceles, ni sanciones comerciales, ni medidas migratorias. La relación bilateral no se mueve por esta vía. Eso sí, la litigación federal sobre armas influye en la seguridad jurídica de los exportadores españoles de armas deportivas, un nicho que mira con atención cualquier cambio normativo en EE. UU.
La Lógica de Washington
La clave no está solo en los tribunales. La instrumentalización de la División de Derechos Civiles según la agenda presidencial no es nueva: bajo Obama, esa división priorizó el derecho al voto y bloqueó leyes de identificación electoral en estados del sur; bajo Biden, dirigió recursos hacia derechos reproductivos y protección de minorías. Ahora, Donald Trump convierte la Segunda Enmienda en un derecho civil protegido por el mismo instrumento federal.
Esa es la lógica de fondo. El Departamento no busca un resultado procesal puntual: construye una arquitectura legal para equiparar las restricciones a las armas con una violación de derechos civiles. Y lo hace con la misma sección que, en otras administraciones, se utilizó para supervisar cárceles, escuelas o cuerpos policiales. El electorado republicano ve en ello una promesa cumplida.
La proyección para los próximos meses es clara. Si el Tribunal Supremo acepta la intervención del Departamento, la doctrina sobre armas de fuego dejará de ser un asunto exclusivamente estatal para quedar anclada en la política federal de derechos civiles. La ventana de observación será la próxima vista oral, todavía sin fecha cerrada confirmada por el tribunal.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Justicia busca intervenir de forma destacada en una vista del Tribunal Supremo sobre la Segunda Enmienda, mientras The Trace exige vía FOIA el plan de acción secreto derivado de la Orden Ejecutiva de Trump.
- Datos clave: Orden Ejecutiva de febrero de 2025; sección creada en diciembre de 2025; demandas contra seis jurisdicciones por restricciones a armas; financiación de Bloomberg a Everytown superior a 270 millones de dólares desde 2007.
- Para España: Impacto directo limitado, centrado en la seguridad jurídica del sector armero deportivo exportador a EE. UU. y en la evolución de la doctrina federal sobre derechos civiles.
