Hay relaciones internacionales complicadas. Y luego está la relación de España con Marruecos, esa modalidad diplomática en la que el vecino compite por tus puertos, utiliza la frontera como palanca de presión, aparece inevitablemente alrededor de cada conversación sobre Pegasus, mantiene sus reivindicaciones sobre territorios españoles y, entre episodio y episodio, recibe créditos, financiación, cooperación y sonrisas para la foto. Debe de ser eso que en los comunicados oficiales llaman relación estratégica.
La última escena es casi demasiado buena para ser inventada. El 10 de septiembre, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, miembro del Consejo de la FIFA y ministro delegado del Gobierno de Marruecos, anunció públicamente que el estadio Hassan II de Benslimane albergará la final del Mundial de 2030. No dijo que Marruecos aspira a organizarla: la dio por hecha. Hay un pequeño inconveniente: la FIFA respondió que todavía no ha decidido dónde se jugará la final. Todo muy tranquilizador. Y todo muy representativo de cómo Marruecos ha aprendido a relacionarse con España.
El Mundial 2030: España puso la candidatura y Marruecos ya ha reservado la final
Conviene empezar corrigiendo una exageración habitual: Marruecos no «suplicó» incorporarse a la candidatura española y portuguesa. España y Portugal llevaban años desarrollando su proyecto, inicialmente junto a Ucrania, y Marruecos, que había intentado organizar varios Mundiales anteriormente, terminó incorporándose en 2023. La FIFA articuló después el peculiar Mundial del centenario: España, Portugal y Marruecos como anfitriones principales, con tres partidos conmemorativos en Sudamérica. Hasta ahí, cooperación internacional.
El problema empieza cuando uno observa qué socio está jugando sus cartas con mayor agresividad. Marruecos levanta en Benslimane el estadio Hassan II, con unas 115.000 localidades, concebido precisamente para competir por el mayor partido del campeonato, y Lekjaa ya anuncia que la final es suya. La FIFA dice que todavía no está decidido. España también la quiere. Pero existe una diferencia interesante: Marruecos todavía no tiene la final y ya la ha anunciado; España todavía puede tenerla y parece pedir perdón por quererla. En diplomacia deportiva, como en casi todo, unos juegan para ganar y otros confían en el VAR. Quizá convendría aprender algo.
Tánger Med contra Algeciras: la guerra portuaria que España está perdiendo
El Mundial es vistoso, pero el asunto verdaderamente importante está unos kilómetros más al norte. Se llama Tánger Med. En 2024 movió 10,24 millones de TEU, un 18,8% más que el año anterior, frente a aproximadamente 4,7 millones de Algeciras: más del doble. Hace quince años, Algeciras era la referencia indiscutible del Estrecho. Hoy, Tánger Med es el principal puerto de África y uno de los grandes centros de transbordo del Mediterráneo.
Marruecos ha entendido perfectamente algo que España olvida periódicamente: los puertos no son solo grúas, barcos y contenedores; son poder industrial, comercial, logístico y geopolítico. Tánger Med forma parte de una estrategia nacional que conecta puerto, ferrocarril, automóvil, industria, zonas francas y comercio exterior, apoyada por una política inversora de Estado y una estructura de costes muy competitiva. En los últimos años algunas navieras han reorganizado servicios y escalas favoreciendo Tánger frente a puertos españoles. Mientras Marruecos construía uno de los mayores complejos logísticos del Mediterráneo, España llevaba años discutiendo las conexiones ferroviarias de Algeciras. Ellos hicieron un puerto. Nosotros hicimos mesas de trabajo.
Y Tánger Med no es el final de la estrategia. Marruecos desarrolla Nador West Med, un nuevo gran complejo portuario situado a apenas unas decenas de kilómetros de Melilla, con terminales de contenedores, hidrocarburos, carga rodada e instalaciones industriales y energéticas. Después de crear un gigantesco polo logístico frente al Campo de Gibraltar, construye otro en su fachada mediterránea. Eso se llama estrategia, y merece reconocimiento. El problema no es que Marruecos tenga una; el problema es preguntarse cuál es la nuestra. No hay nada ilegítimo en que Marruecos compita con España. Tiene todo el derecho del mundo. Pero España tiene exactamente el mismo derecho —y la obligación— de defender sus intereses.
Y Europa, mientras tanto, ayuda a crear la paradoja
A todo esto se añade una peculiaridad europea. El sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, el EU ETS, ha ido incorporando progresivamente al transporte marítimo y alcanza en 2026 el 100% de las obligaciones previstas. La lógica ambiental es comprensible; el problema aparece cuando determinados tráficos pueden reorganizar escalas y transbordos hacia puertos extracomunitarios cercanos sometidos a condiciones diferentes. Y resulta que tenemos uno gigantesco justo enfrente.
Según estimaciones del sector, el régimen europeo puede representar decenas de millones de euros adicionales de costes para las escalas en puertos españoles. Al mismo tiempo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo ha aportado alrededor de 310 millones de euros a la financiación de Nador West Med. La imagen tiene cierta belleza burocrática: Europa encarece mediante regulación ambiental la actividad de sus propios puertos mientras contribuye a financiar infraestructura portuaria en la orilla de enfrente. Después, cuando el tráfico cambia de ruta, Bruselas descubre sorprendida que los barcos también saben hacer cuentas. Probablemente encargaremos un informe.
Pegasus: espiaron al presidente y seguimos sin saber quién fue
En mayo de 2022 el Gobierno español confirmó algo extraordinariamente grave: los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska habían sido infectados mediante Pegasus. Del teléfono del presidente se extrajeron aproximadamente 2,6 gigabytes de información; también fueron comprometidos los dispositivos de la ministra de Defensa y del ministro del Interior. Las sospechas públicas sobre Marruecos han sido persistentes: el Parlamento Europeo recogió informaciones que vinculaban al país con la selección de más de 200 números españoles como posibles objetivos, y numerosas investigaciones periodísticas han señalado a Marruecos y a sus servicios de inteligencia como una de las principales hipótesis.
Pero aquí hay que hacer una distinción esencial: no existe una atribución judicial española que haya establecido que Marruecos fue el autor. La Audiencia Nacional archivó nuevamente la causa en enero de 2026 ante la imposibilidad de obtener la cooperación necesaria de Israel, y el juez llegó a hablar de una «impotencia investigadora» que impedía identificar al autor. El caso no demostró que Marruecos fuera inocente; tampoco demostró judicialmente que fuera culpable. No es precisamente un final tranquilizador. Entre los objetivos investigados apareció además un alto mando de la Guardia Civil que actuaba precisamente como principal enlace de Interior con los servicios marroquíes.
Europa encarece mediante regulación ambiental la actividad de sus propios puertos mientras contribuye a financiar infraestructura portuaria en la orilla de enfrente.
Y existe un dato que conviene contar con la cronología correcta. Abdellatif Hammouchi, máximo responsable de la seguridad marroquí, fue propuesto para la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil mediante un acuerdo del Consejo de Ministros de 2019, pero la imposición efectiva no se produjo hasta noviembre de 2025, cuando Marlaska se la entregó en Madrid, ya después de conocerse el escándalo Pegasus y con las sospechas sobre la DGST plenamente instaladas en el debate público. Años después de proponer aquella distinción, el ministro que la había impulsado descubriría que su propio teléfono había sido infectado en un caso cuyas principales sospechas apuntaban precisamente hacia Marruecos. La diplomacia produce coincidencias maravillosas.
Ceuta: hasta 80.000 personas y demasiadas preguntas
Los días 30 y 31 de julio de 2026, Ceuta sufrió una entrada masiva desde territorio marroquí cuya magnitud se ha situado finalmente en el entorno de 70.000 a 80.000 personas, una cifra cercana a la población completa de la ciudad. Los documentos desclasificados posteriormente muestran que los servicios españoles habían detectado previamente convocatorias y movimientos en redes sociales, que existió comunicación con Marruecos sobre el riesgo y que los informes españoles conocidos describieron una ausencia inicial de reacción proactiva suficiente por parte de las autoridades marroquíes.
¿Está demostrado que Mohamed VI ordenara abrir la frontera? No. ¿Está demostrado que el Estado marroquí organizara la operación? Tampoco. Precisamente por eso no hace falta inventarlo: los hechos comprobados ya son suficientemente graves. España había advertido del riesgo, Marruecos conocía la situación y decenas de miles de personas terminaron llegando a la frontera mientras Ceuta colapsaba. Para formular preguntas incómodas no hace falta una teoría de la conspiración; basta con leer los documentos. Marruecos ha negado cualquier responsabilidad estatal. Perfecto. Entonces queda una pregunta muy sencilla: ¿cómo pudieron concentrarse decenas de miles de personas en una frontera extraordinariamente sensible sin que el aparato de seguridad marroquí consiguiera impedirlo?
Además, no partimos de cero. En mayo de 2021, en plena crisis diplomática por la hospitalización de Brahim Ghali, alrededor de 10.000 personas entraron irregularmente en Ceuta en apenas unas horas. Aquello demostró que la frontera puede convertirse en una herramienta de presión política. Cinco años después hemos vivido un episodio muchísimo mayor, y existe una curiosa paradoja: Marruecos puede encontrar enormes dificultades para impedir que decenas de miles de personas lleguen hasta la frontera española, pero después demuestra una capacidad considerable para colaborar en los retornos. El aparato estatal marroquí parece funcionar bastante mejor en dirección sur que en dirección norte.
El Sáhara: la gran concesión que no inauguró ninguna era nueva
En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó una posición histórica de la diplomacia española y comunicó a Mohamed VI que España consideraba la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Fue un cambio enorme, justificado como la apertura de una «nueva etapa». Han pasado cuatro años. ¿Qué contrapartida estructural obtuvo España? ¿Renunció Marruecos a sus posiciones sobre Ceuta y Melilla? No. ¿Desapareció la frontera como instrumento de presión? A la vista de 2026, difícil. ¿Tenemos una explicación sobre Pegasus? No. ¿Ha dejado Marruecos de competir agresivamente donde sus intereses chocan con los españoles? Naturalmente que no. Y hace bien. Lo desconcertante es que nosotros parezcamos sorprendidos.
La ironía adquirió una nueva dimensión el 10 de septiembre de 2026, cuando el Congreso aprobó una iniciativa para facilitar la nacionalidad española a saharauis nacidos bajo administración española y a determinados descendientes, una medida que potencialmente puede afectar a decenas de miles de personas y que toca uno de los asuntos más sensibles para Rabat. Primero damos un volantazo histórico sobre el Sáhara para cerrar una crisis con Rabat y cuatro años después descubrimos que el Sáhara sigue sentado en mitad del salón. Quizá el problema no fuera el sofá. La denominada «nueva etapa» debe de ser realmente nueva porque conserva buena parte de los problemas de la antigua, pero con mejores fotografías.
Agricultura: mismas estanterías, reglas muy diferentes
Marruecos se ha convertido en uno de los principales proveedores extracomunitarios de frutas y hortalizas de España y de la Unión Europea. No existe nada ilegítimo en importar tomates, frutos rojos o verduras marroquíes. El problema es que los agricultores españoles producen sometidos a legislación laboral europea, obligaciones ambientales, restricciones fitosanitarias, exigencias hídricas, costes energéticos y una burocracia que en ocasiones parece concebida para comprobar hasta dónde llega la paciencia humana, y después compiten en el mismo mercado con productos cuya estructura salarial, ambiental y regulatoria es radicalmente distinta. Europa se sorprende cuando el agricultor protesta. Probablemente tampoco haya leído el informe. No se trata de cerrar fronteras a los productos marroquíes; se trata de exigir trazabilidad real, controles equivalentes y reciprocidad comercial. La transición ecológica europea puede ser muchas cosas; convertirse en una ventaja competitiva involuntaria para quien produce fuera de esas mismas reglas no debería ser una de ellas.
Cientos de millones en financiación: ¿y dónde está la influencia?
En 2023, España y Marruecos acordaron un protocolo financiero de hasta 800 millones de euros. En 2025, se articuló financiación superior a 750 millones ligada a la adquisición de trenes, con participación de CAF. También se ha movilizado apoyo financiero público español para la gran desaladora de Casablanca, un proyecto encabezado por Acciona. Conviene ser rigurosos: no son cientos de millones metidos en un sobre; son créditos, garantías y mecanismos que además benefician a empresas españolas. Perfecto. Pero entonces formulemos la pregunta interesante: ¿por qué España no convierte toda esa capacidad financiera en influencia política?
Porque eso es exactamente lo que hacen los países serios. Financiar trenes está muy bien; conseguir contratos para CAF, todavía mejor; apoyar a Acciona, estupendo. Pero si además eres quien facilita cientos de millones de financiación, quizá puedas introducir una palabra revolucionaria en la relación bilateral: reciprocidad. España modifica su posición sobre el Sáhara, facilita financiación, impulsa inversiones, coopera en seguridad y proporciona acceso privilegiado a Europa. A cambio obtiene algo extraordinariamente valioso: nuevas reuniones para seguir hablando de los problemas que supuestamente habíamos resuelto.
El rearme marroquí y la diversificación de alianzas
Marruecos está modernizando aceleradamente sus Fuerzas Armadas. Según SIPRI, entre 2021 y 2025 sus importaciones de grandes sistemas de armamento crecieron un 12% respecto al quinquenio anterior, y Marruecos se convirtió en el mayor importador de grandes armas de África, con Estados Unidos como principal proveedor y relaciones militares diversificadas con Israel y Francia. ¿Tiene derecho? Naturalmente. España también tiene derecho a comprar fragatas. El argumento no consiste en presentar cualquier compra marroquí como preparación para invadir Cádiz; consiste en algo más serio: los Estados responsables planifican su defensa atendiendo a las capacidades de sus vecinos, no a las palabras bonitas de las cumbres bilaterales. Los comunicados conjuntos no derriban drones.
Marruecos ha hecho además algo extraordinariamente bien: diversificar sus alianzas. Relación privilegiada con Estados Unidos, profunda cooperación con Israel, vínculo cuidado con Francia, negociación directa con Bruselas, proyección sobre África y el Sáhara Occidental como eje de su política exterior. Se puede estar de acuerdo o no con Rabat, pero cuesta negar que existe una estrategia y que Marruecos sabe qué quiere dentro de diez años. La pregunta incómoda es si España sabe qué quiere respecto de Marruecos dentro de diez.
La auténtica victoria marroquí: convertir voluntad en poder
Sobre el papel, España dispone de más recursos estructurales: mayor economía, un mercado mucho mayor detrás gracias a la Unión Europea, pertenencia a la OTAN, mayor capacidad financiera e institucional, mayor capacidad tecnológica y una posición esencial como puerta de entrada de Marruecos al mercado europeo. Sin embargo, Marruecos consigue en muchas ocasiones proyectar una capacidad negociadora desproporcionada respecto de su tamaño, porque existe una diferencia fundamental: Rabat transmite una mayor disposición a utilizar sus cartas.
Esa es probablemente una de las mayores victorias diplomáticas de Marruecos: haber convertido una asimetría de voluntad en una aparente asimetría de poder. España dispone de más recursos; Marruecos demuestra con mayor frecuencia que está dispuesto a utilizarlos. Y en política internacional, una carta que todos saben que nunca vas a jugar vale bastante menos de lo que pone escrito sobre ella.
España también tiene cartas, y muchas más de las que juega
Hay un error psicológico bastante español: comportarnos como si Marruecos tuviera todas las cartas. No las tiene. España es uno de sus principales socios comerciales, cientos de empresas españolas están implantadas allí, los dos países están unidos mediante interconexiones eléctricas por las que España exporta energía que sostiene parte de la actividad industrial y doméstica del norte de Marruecos, y España pertenece a la Unión Europea, a la OTAN y participa en el G20 como invitado permanente. Tiene acceso al mayor mercado integrado del planeta, controla infraestructuras fundamentales del Mediterráneo occidental, dispone de una importante capacidad empresarial y financiera y representa para Marruecos una de sus principales puertas de entrada a Europa.
Tenemos cartas. Muchas. El problema no es carecer de cartas; es nuestra extraordinaria resistencia a jugarlas.
El gran éxito de Marruecos no consiste en haberse convertido mágicamente en una potencia superior a España —no lo es—; consiste en haber conseguido que España se comporte en demasiadas ocasiones como si lo fuera.
No necesitamos un boicot: necesitamos una doctrina
Por eso la respuesta tampoco consiste en organizar un boicot indiscriminado a todos los productos marroquíes. Primero porque podría perjudicar a empresas españolas integradas en esas cadenas, y segundo porque el famoso prefijo 611 de un código de barras no demuestra que un producto haya sido fabricado en Marruecos: significa que ese código fue asignado por la organización GS1 correspondiente. Si vamos a defender nuestros intereses, hagámoslo bien, porque hay instrumentos muchísimo más eficaces que buscar números en una caja de tomates.
España puede revisar prioridades de financiación pública, condicionar líneas de cooperación, exigir reciprocidad comercial, defender en Bruselas mecanismos contra la fuga de transbordos, acelerar de una vez las conexiones ferroviarias de Algeciras, reforzar económica y estratégicamente Ceuta y Melilla, mejorar vigilancia e inteligencia, exigir compromisos migratorios verificables, competir con toda la fuerza diplomática necesaria por la final del Mundial y dejar perfectamente claro que la cooperación española no es automática. Eso duele bastante más que dejar de comprar tomates.
España necesita una doctrina respecto a Marruecos. No una rabieta, no una cruzada, no otra declaración de amistad eterna. Una política de Estado basada en tres conceptos: reciprocidad —cooperación a cambio de cooperación—, condicionalidad —financiación y ventajas vinculadas a comportamientos verificables— y disuasión —que cualquier utilización deliberada de la inmigración, la presión territorial o cualquier otra herramienta contra intereses esenciales españoles tenga consecuencias previamente conocidas. Eso no es hostilidad. Es política exterior. Lo demás es terapia de pareja.
Ceuta y Melilla son España: plantar cara no significa declarar la guerra
Ceuta y Melilla son ciudades españolas. No son moneda de negociación, ni territorios pendientes de conversación, ni una gentileza histórica que España disfrute mientras Rabat tenga paciencia. Cualquier estrategia respecto a Marruecos debería partir de una premisa tan sencilla que resulta sorprendente tener que escribirla: la soberanía española no se negocia. Eso implica inversión, infraestructuras, seguridad, inteligencia, presencia del Estado, capacidad militar suficiente y que cualquier presión contra ambas ciudades pueda generar consecuencias. La disuasión funciona precisamente cuando no hace falta utilizarla.
Cada vez que alguien propone firmeza aparece la caricatura: «¿Qué quieres, declarar la guerra?» No. Quiero exactamente lo contrario. Los países terminan teniendo conflictos graves cuando otro Estado calcula que puede presionarlos sin pagar ningún precio; la disuasión consiste precisamente en evitar llegar a ese punto. España debe mantener unas Fuerzas Armadas capaces de defender Ceuta, Melilla, Canarias, sus aguas y cualquier territorio español. Eso no es belicismo; es literalmente una de las funciones elementales de un Estado. Y cuanto más creíble sea esa capacidad, menos probable será tener que utilizarla.
El problema no es que Marruecos defienda sus intereses
No reprocho a Marruecos que construya Tánger Med: admiro que haya sido capaz de hacerlo. No reprocho que quiera la final del Mundial: reprocho que España no pelee por ella con idéntica intensidad. No reprocho que busque inversiones: reprocho que nosotros concedamos ventajas sin convertirlas en influencia. No reprocho a Rabat que compre armamento: exijo que Madrid tome nota. No reprocho a Mohamed VI que defienda los intereses de Marruecos, porque para eso está. Lo difícil de comprender es por qué España parece considerar algunas veces que defender los intereses españoles podría resultar de mala educación.
Marruecos lleva años haciendo política exterior pensando en Marruecos. Mientras tanto, España ha articulado cientos de millones de euros en financiación al vecino que aparece en cada conversación sobre Pegasus, le presiona con la frontera y le disputa la final del Mundial. Quizá haya llegado el revolucionario momento de que España empiece a hacer política exterior pensando en España.
Cooperación cuando coopere. Negocio cuando interese a ambos. Financiación cuando exista retorno. Reciprocidad siempre. Firmeza cuando presione. Consecuencias cuando cruce determinadas líneas. Y defensa absoluta de la soberanía española.
Y si alguien en Rabat se ofende, siempre podemos explicárselo durante la final del Mundial. Eso sí: si finalmente se juega en Madrid.
