El sindicato de policías nacionales Jupol ha denunciado ya a la Dirección General de la Policía (DGP) ante la Justicia por incumplir sus obligaciones preventivas y denuncia que los agentes desplegados en Ceuta están sufriendo «condiciones de alojamiento indignas, jornadas extenuantes y graves carencias sanitarias».
Jupol denuncia «el fracaso estructural del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía, cuya situación en Ceuta constituye uno de los ejemplos más preocupantes», aseguran.
Por eso el sindicato ha llevado a la DGP ante la Justicia mediante un conflicto colectivo por vulneración de Derechos Fundamentales, denunciando, entre otras cuestiones, el incumplimiento de las obligaciones legales en materia preventiva, la ausencia de auditorías externas y periódicas obligatorias, las deficiencias en la evaluación de riesgos y vigilancia de la salud y la falta de participación efectiva de los delegados de prevención.
Una demanda que se encuentra actualmente a la espera de fallo por parte del Tribunal Supremo, una vez que este admitió el recurso del sindicato, ante la inhibición de la Audiencia Nacional en este asunto. Para Jupol, lo que ocurre en Ceuta «demuestra que la prevención no puede quedarse en protocolos sobre el papel, sino que debe traducirse en medidas reales que protejan a los policías».
Condiciones indignas, jornadas extenuantes y falta de servicios básicos
Jupol reclama desde el inicio del dispositivo que los policías desplazados a Ceuta dispongan de «alojamientos dignos, adecuados y con las necesarias condiciones de higiene y salubridad».
Asimismo, el sindicato exige poner fin «a las jornadas extenuantes que soportan los agentes, recordando que la fatiga acumulada constituye un riesgo tanto para su salud como para la seguridad del propio servicio, especialmente en lo relativo en las jornadas de los policías de
extranjería que están realizando los trámites para los expedientes de expulsión y de protección internacional.
A estas carencias se suma la falta de instalaciones básicas. Jupol ha reclamado expresamente la instalación de baños y servicios higiénicos en la playa del Trampolín, donde los policías permanecen durante largos periodos prestando servicio. «No se puede exigir a un policía que trabaje durante horas en un punto del dispositivo y después no proporcionarle siquiera un lugar donde realizar sus necesidades básicas», sostienen.
Nuevo caso de sarna y exigencia de reconocimientos médicos
La aparición de un nuevo caso de sarna en un agente de la UPR de Algeciras, unidad cuyos efectivos se desplazan continuamente a Ceuta, vuelve a evidenciar los riesgos sanitarios del despliegue. Jupol lleva reclamando desde el inicio del asalto a la frontera que todos los policías que regresen de Ceuta sean sometidos a reconocimientos médicos, con el objetivo de detectar enfermedades infectocontagiosas y evitar posibles contagios en sus destinos de origen.
Desde el área de Prevención de Riesgos Laborales de Jupol se han realizado además diferentes gestiones para minimizar y evitar, en la medida de lo posible, este tipo de infecciones y contagios. Para el sindicato, la aparición de nuevos casos demuestra que estas medidas no pueden seguir siendo desoídas.
«No pedimos privilegios»
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, señala que «Ceuta demuestra que el sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía no funciona como debería. Por eso hemos tenido que llevar a la Dirección General de la Policía ante la Justicia. No puede haber prevención sobre el papel mientras los policías trabajan jornadas extenuantes, se alojan en condiciones indignas, carecen de servicios básicos y están expuestos a riesgos sanitarios».
Y añade que «llevamos desde el inicio reclamando reconocimientos médicos para los agentes que regresan de Ceuta y ahora tenemos un nuevo caso de sarna. También hemos pedido alojamientos dignos, medidas para evitar contagios y algo tan básico como baños para los policías de la playa del Trampolín. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo que se cumpla la ley».
«La Administración tiene la obligación de proteger a sus policías. Queremos agentes descansados, protegidos y con su salud garantizada. Y si Interior no es capaz de garantizarlo, será la Justicia la que determine hasta dónde llega la responsabilidad de la Administración», concluye Rivero.
