Washington ya tiene hoja de ruta para Venezuela: elecciones en 2027, un Tribunal Supremo renovado y un CNE nuevo. Y, en el centro del tablero, un acuerdo petrolero que condiciona a Repsol y al resto de operadores extranjeros.
El plan lo escenificó Donald Trump en un mitin en Corpus Christi, Texas, con un buque cisterna de fondo que, según sus palabras, llevaba ‘un millón de barriles de petróleo’ venezolano. Y con una frase que dio la vuelta al mundo: Venezuela podría convertirse, dijo, en ‘un próspero estado número 51’ de Estados Unidos. Nadie ha votado en el país desde enero.
Qué incluye el plan de Washington para Venezuela
El documento que maneja la Casa Blanca tiene tres patas. Primera: declarar la vacante de la Presidencia, hoy en manos de un Gobierno interino bendecido por Washington. Segunda: renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, los dos organismos que certificaron los resultados de 2018 y 2024. Tercera: convocar elecciones en 2027. Nuevo árbitro, nuevo censo y una fecha sobre el papel.
El punto de partida es un país sin urnas desde que, en enero, una operación estadounidense asaltó la residencia de Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para responder ante la justicia penal. Desde entonces no hay calendario electoral ni autoridad de recambio. Gobierna un interinato que responde a Washington.
La urgencia del acuerdo petrolero no nace en Caracas, sino en Teherán. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra con Irán en febrero, el cierre del estrecho de Ormuz —paso de cerca del 20% del crudo mundial— disparó los precios del combustible. Trump necesita resultados visibles antes de las elecciones de medio mandato de la próxima semana. El crudo venezolano se ha vuelto una urgencia electoral.
El país con las mayores reservas de crudo del planeta cambia de dueño energético sin haber pasado por las urnas.
Por qué el acuerdo petrolero condiciona a Repsol y a las empresas españolas
Aquí entra España. Repsol lleva décadas en Venezuela, presente en la arquitectura de empresas mixtas que construyó PDVSA. Su capacidad de producir, exportar o cobrar ya no depende solo de Caracas: depende de las licencias de la OFAC, los permisos que el Tesoro de Estados Unidos concede y retira desde 2019 y que deciden quién puede bombear crudo venezolano. Sin permiso de Washington no hay barril que valga.
El pacto que Trump presentó como ‘la mayor victoria petrolera de la historia’ —crudo entregado, dijo, a coste cero para el contribuyente estadounidense— también define quién queda fuera. Las compañías que no se alineen con el marco estadounidense se quedan con la puerta cerrada. Para una empresa española con intereses en una decena de países, eso no es un detalle menor. La letra pequeña del acuerdo se lee en Madrid.
Hay más frentes. Las aerolíneas que cubren la ruta Madrid-Caracas, las ingenierías que mantienen plantas en el país y las aseguradoras con pólizas sobre activos venezolanos siguen el mismo semáforo: si Washington autoriza, se opera; si retira el permiso, se para. El riesgo político se ha vuelto una línea del balance.
Las críticas dentro de Estados Unidos apuntan al flanco contrario: el acuerdo no empuja una transición democrática, solo asegura suministro. En Europa, Bruselas dejó de reconocer al interinato en 2021 y Madrid acompañó el giro sin romper con Caracas. Ese equilibrio se mueve otra vez. España necesita crudo, mercado y una posición que no envejezca en un año.
Conviene medir lo que hay en juego. Venezuela tiene las mayores reservas de crudo acreditadas del mundo, una colonia española entre las más numerosas del continente y cientos de miles de sus ciudadanos residiendo hoy en España. Lo que se decide en Washington sobre el CNE o el Supremo llega a Madrid en forma de inversión, vuelos, remesas y presión migratoria. Un país entero cabe en una cláusula.
El precedente: dos mapas exteriores que acabaron en un cajón
No es la primera vez que una hoja de ruta se diseña fuera de Venezuela. En enero de 2019, medio centenar de países —España entre ellos— reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino. El mapa duró meses y no produjo ni una sola elección. El reconocimiento internacional no fabrica urnas.
Cuatro años más tarde, los acuerdos de Barbados fijaron un calendario que debía llevar a las urnas en 2024. El chavismo siguió controlando el aparato electoral y la fecha se quedó en papel mojado. La lección es incómoda: sin control del censo y de los jueces no hay transición posible.
La diferencia, ahora, es el método. El plan no se apoya en la diplomacia, sino en el crudo y en una operación militar ya consumada. Eso lo hace más ejecutable y, a la vez, más frágil: cualquier giro en la Casa Blanca o en el precio del barril lo desarma. Y deja a las empresas europeas, Repsol incluida, como comparsas de una decisión que no controlan.
Los próximos pasos tienen fechas, aunque casi nadie las haya publicado. Renovar el CNE y el Supremo exige un marco legal que hoy no existe; las elecciones de 2027, un calendario que Caracas todavía no ha convocado. Mientras tanto, las empresas españolas harán lo de siempre: leer la letra pequeña de las licencias antes de mover un barril.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Washington detalla un plan para Venezuela que pasa por declarar vacante la Presidencia, renovar el Tribunal Supremo y el CNE y convocar elecciones en 2027, tras el acuerdo petrolero firmado con el Gobierno interino.
- Datos importantes: Maduro fue detenido en enero y trasladado a Nueva York; el cierre del estrecho de Ormuz, por el que circula cerca del 20% del crudo mundial, disparó los precios del combustible.
- Resumen: El reparto energético venezolano se decide con licencias estadounidenses, lo que ata la operativa de Repsol y de otras empresas españolas a la política de Washington.
