La Sección 702 de la FISA sigue operativa pese a su caducidad formal y el dictamen judicial que la vigila continúa oculto.
Le pongo en contexto, porque el asunto tiene más miga de la que aparenta. Los senadores demócratas Ron Wyden y Adam Schiff han firmado una carta dirigida al director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y al fiscal general, Todd Blanche, en la que sostienen que la Administración Trump incumple la ley al retener una opinión del tribunal FISA sobre cómo se explota la información recogida al amparo de la 702. La respuesta oficial, de momento, es silencio.
La secuencia importa. La Sección 702 caducó este verano en el Congreso, pero la recolección no se ha detenido: continúa amparada por otra resolución judicial que se extiende hasta marzo de 2027. El programa sigue permitiendo buscar sin orden judicial en comunicaciones de extranjeros, con los estadounidenses que hablan con ellos dentro del paquete. Y sigue funcionando mientras el debate político se atasca.
Me consta que en Bruselas llevan meses mirando este expediente con la cara con la que se mira una tormenta que viene de lejos. La 702 es una de las fuentes de las que beben los Cinco Ojos: sin ella, el intercambio de señales con el GCHQ británico, el CSE canadiense, el ASD australiano y el GCSB neozelandés se queda cojo. En España no hay equivalente legal exacto, pero el CNI y el CCN-CERT comen de la misma mesa cuando el producto se comparte por canales bilaterales.
El plazo venció el 13 de septiembre y nadie ha movido un folio
La ley que ordena desclasificar las opiniones del tribunal FISA tiene fechas concretas. Blanche se había comprometido a publicar el dictamen antes del 13 de septiembre y no lo hizo. Hay una segunda medida del incumplimiento: el Comité de Inteligencia del Senado esperaba la desclasificación para el 15 de mayo, después de que Tom Cotton y Mark Warner se lo reclamaran por escrito a la entonces directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en marzo. Ni Gabbard ni el director en funciones, Bill Pulte, respondieron.
Un portavoz de Warner, Rachel Cohen, confirmó que el vicepresidente ‘ha sido claro en que apoya la transparencia con respecto a la Sección 702’ y que espera que Clayton cumpla la ley. Del lado de Cotton, ni una palabra.
Un programa que no se apaga cuando caduca su ley es un programa que ya solo rinde cuentas ante un juez que nadie puede leer.
El silencio del presidente de un comité, en el oficio, se lee como una posición.
Wyden y Schiff no se andan con paños calientes. Escriben que, mientras el Congreso debate el futuro de la autoridad, ‘los legisladores deben poder discutir estos abusos abiertamente’. Y añaden que, de lo contrario, el pueblo estadounidense ‘se preguntará con razón’ si un gobierno que viola requisitos legales básicos puede ser confiable con una herramienta de vigilancia así.
El diagnóstico de Wyden tampoco es nuevo: ya había advertido de ‘problemas graves de cumplimiento’ y se opuso a una reautorización corta hasta que el Ejecutivo se comprometiera a publicar el dictamen. El senador de Oregón lleva una década oliendo a quemado.
La objeción del juez: el filtro que convertía una consulta en barra libre
Aquí está la carne técnica, y le advierto que es la parte que casi nadie explica. Bajo la 702 (puede consultar la entrada de la Sección 702 en Wikipedia) el Gobierno busca sin orden judicial en comunicaciones de extranjeros. El problema aparece cuando en esos mensajes hay estadounidenses: la ley exige minimización, enmascaramiento de identidades, y sobre todo, que cualquier consulta con un identificador de un ciudadano estadounidense se trate por lo que es, una búsqueda sobre información protegida.
Según ha trascendido, el juez del tribunal FISA objetó una herramienta creada por el propio Gobierno para que los analistas procesaran los mensajes. Ese filtro permitía obtener información de una forma que debería haberse contado como consulta sobre datos de estadounidenses. Convertía en rutina lo que el ordenamiento considera excepción. La objeción del juez no era un tecnicismo: era la frontera.
En el oficio llamamos a eso backdoor search: la consulta de material recogido legalmente sobre extranjeros usando identificadores de nacionales propios. No es una vulneración formal de la 702; es su zona gris, la que cada año se discute en el Capitolio y la que cada año se cierra con una prórroga. Los anglosajones lo llaman uso incidental; los europeos, escándalo.
Ahí está la trampa: no hace falta espiar a un americano si puedes espiar a quien habla con él.
La coalición de organizaciones de derechos civiles lo dice sin rodeos en su carta a los líderes del Congreso: ‘El Congreso debería negarse a apoyar cualquier reautorización de la Sección 702 mientras la administración retiene activamente información legalmente obligatoria’. Y le exigen una orden judicial para acceder a las comunicaciones privadas.
Caducar una ley no apaga un programa: solo le quita el incómodo trámite de que alguien lo revise cada año.
No se equivoque conmigo: aquí no hay un operativo de bandera falsa ni un agente durmiente. Hay algo más aburrido y más grave, una rendija legal que se explota en el despacho y que sobrevive a los gobiernos que la abren. La 702 expiró. La recolección sigue y el dictamen sigue en un cajón con llave.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
No hay malware ni agente doble en esta historia. El vector de amenaza es la retención de material judicial clasificado, y es el más eficaz de todos porque no requiere disparar una sola bala. La opacidad no protege la seguridad nacional: protege al que la invoca.
Quién ataca y quién defiende. En el relato de Wyden, Schiff y la coalición civil, el atacante es el propio Ejecutivo —ODNI y Departamento de Justicia— al incumplir una obligación legal de transparencia; el defensor es el tribunal FISA, cuyo dictamen queda secuestrado, y el Congreso, que debe reautorizar a ciegas. Los que miran son los Cinco Ojos: GCHQ, CSE, ASD y GCSB han construido parte de su producto sobre señales que pasan por la 702, y ninguno quiere reautorizar con un dictamen oculto. En Madrid, el CNI observa con el mismo interés: no hay régimen español de recolección masiva, pero sí un debate eterno sobre la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
Nivel de clasificación estimado: Secreto. Es mi estimación, no un dato oficial. Las opiniones del tribunal FISA se manejan en ese grado, con anexos que pueden subir a Top Secret//NOFORN cuando detallan arquitectura de sistemas. El problema no es que el documento sea secreto: es que la ley obliga a desclasificarlo y alguien ha decidido que no.
El precedente es de manual. En 2013, el dictamen del juez John Bates sobre la recolección upstream se publicó después de Snowden, no antes. En 2021, la opinión del juez James Boasberg sobre las consultas indebidas del FBI se desclasificó solo cuando el coste político resultó insostenible. En Washington, la transparencia llega siempre por agotamiento.
Y aquí entra España. El Marco de Privacidad de Datos entre la UE y EEUU, el paraguas bajo el que miles de empresas españolas transfieren datos personales a servidores estadounidenses, descansa sobre la premisa de que la vigilancia americana tiene supervisión independiente. Esa premisa se ha adelgazado: el PCLOB perdió su mayoría independiente a comienzos de 2025. Si la 702 se reautoriza sin cambios y el dictamen sigue oculto, el TJUE tendrá el argumento servido para un tercer Schrems. La primera víctima es el ciudadano que nunca lo supo.
Reconozco la debilidad de mi análisis: no he leído el dictamen. Nadie fuera de un círculo muy estrecho lo ha leído, y lo que sabemos del razonamiento del juez viene de filtraciones periodísticas. La atribución es aquí institucional, no técnica. Quien le diga a usted que sabe exactamente qué escribió el juez, miente.
El calendario manda. La autorización judicial que sostiene la recolección decae en marzo de 2027 y el Congreso tendrá que decidir antes si reautoriza con reformas o sin ellas. El dictamen retenido es, hoy, el mejor argumento de los reformistas. Si Clayton lo publica, la Administración pierde una batalla narrativa y gana credibilidad; si no, entrega a sus adversarios la prueba de que hay algo que prefiere que no se lea.
Lo veo así: en el oficio de la vigilancia, el secreto se justifica por lo que protege, nunca por lo que tapa. Y cuando un gobierno prefiere el reproche legal a la publicación de un dictamen, la pregunta ya no es qué dice ese dictamen. Es qué teme que se lea.
