Si hay una herida abierta en el PSOE es el poco protagonismo y los malos resultados electorales que tienen en la Comunidad de Madrid y por ende en el Ayuntamiento de la capital. Unos resultados a los que Pedro Sánchez no se ha habituado y por los que ha llevado su rivalidad política con el PP al tema personal, enfangando la relación entre las instituciones madrileñas y las que dependen del Ejecutivo central. Para ello, Sánchez necesito de un hombre de confianza que fuese el que alborotase el patio. Ese no fue otro que Francisco Martín, que hasta este pasado domingo ejerció de delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Martín, hombre de confianza de Sánchez, fue el ariete perfecto para las intenciones del presidente del Gobierno, romper las relaciones con las instituciones madrileñas y crear un clima de violencia contra el PP de la Comunidad. Todo ello con una promesa clara, entrar en el Congreso de los Diputados, algo que ya se le prometió a Martin en 2023, cuando inició su andadura. Por dos veces se incumplió, un cadáver socialista más en la carrera de Sánchez. Y un problema más para Martín, que ve como no será aforado ante las querellas anunciadas en su contra por la gestión de las protestas en la Puerta del Sol, como último servicio al sanchismo.
En este sentido, la salida de Francisco Martín como delegado del Gobierno en Madrid pone fin a una etapa de más de tres años marcada por la confrontación política, los reproches cruzados y una relación cada vez más deteriorada con las dos principales administraciones gobernadas por el Partido Popular en la región. Desde su llegada al cargo en marzo de 2023 hasta su dimisión en octubre de 2026, el representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez mantuvo un pulso constante con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
La tensión alcanzó sus cotas más elevadas durante los últimos meses de su mandato, con enfrentamientos por la acampada de la Puerta del Sol, las actuaciones policiales en las protestas universitarias y la gestión del orden público. Unos conflictos que se sumaron a la ruptura institucional anunciada por Ayuso en marzo de 2025 y a las diferencias sobre asuntos internacionales como la guerra de Gaza.
El resultado fue una relación marcada por una profunda paradoja: las administraciones mantuvieron los mecanismos técnicos necesarios para garantizar la seguridad, pero los canales de interlocución política quedaron prácticamente bloqueados. Mientras Martín acusaba al PP madrileño de deslealtad institucional, los dirigentes populares le reprochaban utilizar la Delegación del Gobierno como una plataforma de confrontación al servicio de La Moncloa.
Ayuso rompe relaciones con Martín y convierte el enfrentamiento en una batalla política
La relación entre Francisco Martín e Isabel Díaz Ayuso evolucionó desde el enfrentamiento político habitual entre administraciones de distinto signo hasta una ruptura institucional explícita. El punto de inflexión llegó en marzo de 2025, cuando la presidenta madrileña anunció que rompía relaciones con el delegado del Gobierno a raíz de las declaraciones de la dirigente socialista Reyes Maroto sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de la covid-19.
Las palabras de Maroto, que utilizó el término «asesinatos» para referirse a las muertes ocurridas en estos centros, provocaron una reacción contundente del Partido Popular madrileño. Ayuso consideró inaceptables las declaraciones y trasladó el enfrentamiento al ámbito institucional, cerrando la puerta a una interlocución política normalizada con Martín.
A partir de entonces, el diálogo entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno quedó reducido a las necesidades operativas que imponía la gestión diaria. El Ejecutivo regional dejó de considerar al representante de Sánchez un interlocutor adecuado para abordar los principales problemas de la región y cuestionó reiteradamente su neutralidad institucional.
Martín, por su parte, mantuvo un discurso crítico con la gestión de Ayuso y convirtió sus comparecencias públicas en un escenario habitual de confrontación con el Gobierno autonómico. Su perfil político, estrechamente vinculado a la defensa de las posiciones del Ejecutivo central, alimentó las acusaciones del PP de que actuaba más como representante partidista que como coordinador institucional.
La ruptura se hizo especialmente visible en mayo de 2026, cuando Ayuso rechazó participar en una reunión a tres bandas convocada por la Delegación del Gobierno para abordar los problemas de Madrid. La presidenta justificó su ausencia cuestionando la utilidad de una convocatoria que, a su juicio, solo buscaba generar una apariencia de actuación política.
El enfrentamiento con Ayuso fue el principal símbolo del deterioro institucional durante el mandato de Martín, pero no el único frente abierto para el delegado. En los últimos meses, las discrepancias sobre la seguridad ciudadana y el derecho de manifestación elevaron todavía más la tensión.
Almeida mantiene los puentes institucionales, pero rechaza la estrategia del delegado
La relación con José Luis Martínez-Almeida siguió una dinámica diferente. Aunque el alcalde de Madrid compartió buena parte de las críticas de Ayuso contra Martín, el Ayuntamiento conservó una interlocución más pragmática con la Delegación del Gobierno, obligado por las necesidades de coordinación que plantea la capital.
La diferencia resultó especialmente visible en las convocatorias conjuntas sobre seguridad y en las propuestas para abordar problemas que afectaban tanto a la ciudad como al conjunto de la región. Mientras Ayuso optaba por ausentarse, el Ayuntamiento estaba dispuesto a participar en aquellos espacios que consideraba necesarios para la gestión municipal.
Sin embargo, la disposición de Almeida a mantener una relación operativa no implicaba una tregua política. El alcalde rechazó en distintas ocasiones las iniciativas impulsadas por Martín cuando consideraba que respondían a una estrategia de confrontación con el PP o que buscaban trasladar a las instituciones madrileñas el enfrentamiento entre Sánchez y sus adversarios políticos.
Las propuestas de crear mesas de trabajo a tres bandas para tratar los problemas de la región se convirtieron en otro motivo de disputa. Desde el Ayuntamiento se cuestionaba la utilidad de esas reuniones y se acusaba al delegado de actuar siguiendo las directrices de La Moncloa. Martín, en cambio, reprochaba a los responsables populares su negativa a colaborar y denunciaba una actitud de deslealtad institucional.
El resultado fue una relación asimétrica: Almeida conservó los canales imprescindibles para gestionar los asuntos municipales, pero mantuvo una confrontación política constante con el representante del Gobierno central. La diferencia con Ayuso estuvo en la intensidad del bloqueo y en la voluntad de preservar un mínimo de interlocución, no en la ausencia de discrepancias.
La acampada de Sol y las protestas universitarias agravan la crisis
La recta final del mandato de Martín estuvo marcada por dos nuevos focos de conflicto que devolvieron la seguridad ciudadana al centro de la disputa política madrileña.
El primero fue la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, que enfrentó a la Delegación del Gobierno con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Los responsables populares acusaron a Martín de inacción ante la presencia de manifestantes acampados en el centro de la capital y reclamaron una intervención para resolver la situación.
El Gobierno de Ayuso llegó a exigir el desalojo en un plazo de 48 horas y recurrió a los tribunales ante la falta de una respuesta satisfactoria. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico, lo que trasladó el conflicto al terreno judicial sin poner fin a los reproches políticos.
La controversia volvió a enfrentar dos interpretaciones sobre las competencias institucionales y la gestión del espacio público. Para el PP madrileño, la respuesta del delegado evidenciaba una falta de actuación ante un problema que afectaba a la convivencia y a la seguridad. Desde la Delegación, las críticas se enmarcaban en una estrategia de presión política del Gobierno regional.
El segundo episodio llegó el 14 de octubre de 2026, durante las protestas de docentes y estudiantes en la Universidad Complutense, que terminaron con cargas policiales. Martín ordenó investigar la actuación de los agentes para determinar si había sido proporcionada, una decisión que provocó una nueva reacción del Ejecutivo de Ayuso, que respaldó la intervención policial y censuró que el delegado cuestionara públicamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La tensión volvió a aumentar días después, durante las protestas registradas en las inmediaciones del Palacio de Santoña en un acto de la presidenta regional. El Gobierno autonómico defendió la necesidad de la actuación policial frente a las críticas procedentes de la Delegación.
La gestión de las protestas se convirtió así en otro escenario de confrontación entre Martín y Ayuso, con dos administraciones enfrentadas también en la interpretación de los límites de la intervención policial y de las responsabilidades de cada institución.
Gaza, las acusaciones del PP y una dimisión que no cierra la herida
La disputa política tampoco se limitó a los problemas de Madrid. En septiembre de 2025, Martín criticó las posiciones de Ayuso y Almeida sobre Israel y la guerra de Gaza, acusando a la presidenta de respaldar con entusiasmo las acciones militares israelíes. El delegado reclamó a los dirigentes populares que reflexionaran sobre su postura y se situaran, en sus palabras, del lado de la justicia.
El PP madrileño interpretó aquellas declaraciones como una nueva muestra de utilización partidista de un cargo institucional. Para los populares, Martín había convertido la Delegación del Gobierno en una tribuna desde la que confrontar directamente con los responsables autonómicos y municipales.
La tensión sobrevivió incluso a su salida del puesto. Francisco Martín dimitió el 25 de octubre de 2026, después de quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales, según el contexto político de su marcha. Su renuncia no sirvió para rebajar el tono del enfrentamiento, sino que dio pie a nuevas descalificaciones.
Desde el entorno de Ayuso lo calificaron como el peor delegado del Gobierno que había tenido la Comunidad de Madrid y le reprocharon actuar como un «comisario político» al servicio de La Moncloa. Almeida, por su parte, ironizó sobre su marcha al afirmar que se iba porque el PSOE no le había proporcionado otro cargo.
Más allá de los reproches, el balance de estos tres años deja una cuestión de fondo sobre el funcionamiento institucional de Madrid. La coordinación policial y de emergencias siguió siendo necesaria, con independencia de las diferencias políticas, porque la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal y los servicios autonómicos debían continuar trabajando para garantizar la seguridad.
Oficialmente desde las filas socialistas se informó que Martín no entraría en listas por su perfil ejecutivo, algo muy saturado ya ante la posibilidad de bajar en escaños. Pero fuentes internas del PSOE han contado a este medio que existe un fuerte malestar de la dirección con Martín por motivos orgánicos. Durante las primarias socialistas para la alcaldía de Madrid, mostró su respaldo a la candidatura de Enma López, quien se postuló sin el visto bueno previo del aparato del partido (encabezado por el ministro Óscar López) frente a la opción oficial de Reyes Maroto.
La principal fractura se produjo en el terreno político, donde la cooperación fue sustituida por la desconfianza y el enfrentamiento público. La salida de Martín cierra una etapa especialmente conflictiva, pero no garantiza una mejora automática de las relaciones entre el Gobierno central y las administraciones madrileñas. La evolución de esos vínculos dependerá tanto del perfil de su sucesor como de la voluntad de las partes de recuperar una interlocución que, durante buena parte de su mandato, quedó subordinada a la batalla partidista.
