El Blocus vuelve al centro de la diana: los disturbios en Barcelona del sábado dejan 130 detenidos, 74 de ellos menores de edad, según el balance que maneja el Departament d’Interior.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, reclamó este lunes a WhatsApp y Telegram que cierren los grupos donde se organizan las concentraciones y que ayuden a identificar a los promotores. Y señaló a TikTok como la puerta de entrada: allí, con identidades camufladas, se difundió el llamamiento que acabó derivando a los participantes hacia grupos masivos de mensajería. Lo dijo desde Manresa, ante los periodistas, con una fecha subrayada en rojo: el sábado 31 de octubre.
Qué exige Interior y por qué el 31-O está marcado en rojo
El Departament d’Interior no habla de manifestación. Habla de sabotaje, de pillaje y de ataques a la policía. Parlon aseguró que ante la nueva convocatoria se actuará con ‘tolerancia cero’ y que no habrá ‘impunidad’, porque, en su lectura, no se trata de una protesta ‘legítima’ sino de una movilización para delinquir y desestabilizar la paz social.
La consellera insistió en que a los detenidos les caerá ‘todo el peso de la ley’ y advirtió de que el balance puede crecer a medida que avance la investigación. 74 de los 130 arrestados son menores, un dato que ha desplazado parte del foco hacia las familias. Les pidió implicación: no es socialmente tolerable lo que están haciendo sus hijos.
En paralelo, los Mossos d’Esquadra han reclamado a las plataformas que identifiquen a quienes impulsaron los mensajes masivos con identidades falsas y que cierren los grupos donde se incita a la violencia. Interior sitúa así a las tecnológicas no solo como canal, sino como parte del problema.
Cerrar un grupo de mensajería es un clic. Identificar a quien lo abrió con una identidad falsa es otra cosa.
De TikTok al grupo de mensajería: el rastro que sigue el Blocus
El rastro que describe Interior es el de una convocatoria sin rostro. El Blocus, un grupo anónimo, difundió en TikTok un llamamiento a manifestarse no solo en Barcelona sino en otras grandes ciudades del Estado, incluida Madrid, bajo el lema de la ‘calidad del instituto’. La referencia no es casual: el movimiento Lycées Indignés, que desde hace semanas encabeza las protestas estudiantiles en Francia.
La mecánica tenía un giro inquietante: un código QR que llevaba a grupos masivos de Telegram y WhatsApp con instrucciones concretas. Vestir de negro. Taparse la cara. Llevar material pirotécnico si era posible. Nada de reivindicaciones, nada de portavoces. A diferencia del ecosistema tradicional de la protesta catalana, aquí no hay a quién sentar en una mesa.
El riesgo de extensión ya se ha materializado fuera de la capital. Los Mossos intervinieron el domingo para identificar a pequeños grupos de jóvenes en Granollers, en el Vallès Oriental, y en Girona, donde se habían convocado encuentros similares. Interior teme que el 31-O el patrón se multiplique en varias ciudades a la vez.
Hay un daño colateral que no aparece en las comparecencias pero sí en cada episodio de este tipo: el comercio. Los robos con fuerza en establecimientos forman parte del relato oficial de la noche del sábado, y en el centro de Barcelona cada sacudida de este calibre reabre el pulso sobre el modelo de seguridad y sobre la convivencia en el espacio público.
La letra pequeña: competencias, derechos y un calendario incómodo
La petición a WhatsApp, Telegram y TikTok tiene un recorrido jurídico más corto de lo que sugiere su contundencia. La solicitud de los Mossos es una petición de colaboración, no una orden de cierre: en la mayoría de los casos, tumbar un grupo o ceder los datos de sus administradores exige un requerimiento judicial. A eso se suma la arquitectura técnica. El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp y el hecho de que Telegram opere fuera de la Unión Europea limitan lo que puede hacerse con un clic.
El marco existe —el Reglamento de Servicios Digitales obliga a las plataformas a retirar contenidos ilícitos—, pero se mueve en un terreno delicado. Cerrar un grupo que incita a la violencia no es lo mismo que cerrar la cuenta de quien protesta. La frontera la marca el Código Penal, no la prisa.
Ya hemos visto este patrón. Las noches de febrero de 2021, tras el encarcelamiento de Pablo Hasél, dejaron en Barcelona imágenes muy parecidas: grupos móviles, saqueos, cargas policiales, y un reguero de detenciones que se contó a posteriori. La diferencia ahora es la escala del reclutamiento y, sobre todo, la edad de los reclutados.
La convocatoria tampoco era exclusivamente catalana. El Blocus citaba también en Madrid y en otras grandes ciudades, lo que convierte la respuesta en un test compartido con el Ministerio del Interior y abre la puerta a que el asunto salte del eje autonómico al Consejo de Ministros.
La lectura política no es menor. Parlon se juega la credibilidad de un departamento que llega al 31-O con la doble presión de mostrar firmeza y de no repetir las imágenes del sábado. Y el calendario juega en contra: el 31 de octubre es la noche de Halloween, con miles de jóvenes en la calle, y un despliegue policial masivo puede actuar como efecto llamada al mismo tiempo que como disuasión.
Sobre la mesa hay tres frentes abiertos: quién está detrás del Blocus, qué harán las plataformas y qué ocurrirá en la calle. El primero que se resolverá —o no— es el de la calle. El próximo hito tiene fecha y lugar: sábado 31 de octubre, Barcelona.
