EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones celebró el domingo una vista oral extraordinaria sobre la demanda del Departamento de Justicia para bloquear la ley electoral de California y descartar miles de papeletas por correo.
- ¿Quién está detrás? El Departamento de Justicia de la administración Trump, el juez Mark Bennett (nombrado por Trump) y el abogado federal Matthew Donnelly.
- ¿Qué impacto tiene? El fallo, anunciado ‘lo antes posible’, debe llegar antes de las elecciones del 3 de noviembre; el precedente sobre el reparto de poder entre Washington y los estados afecta a la seguridad jurídica que buscan las empresas españolas en EE. UU.
El Noveno Circuito ha recibido con escepticismo la demanda del DOJ contra California por las papeletas a no ciudadanos.
Tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito —la instancia federal que cubre California y otros ocho estados del Oeste— escucharon el domingo, en una vista oral de fin de semana poco habitual, los argumentos de una demanda que el Departamento de Justicia quiere cerrar por la vía rápida. El reloj corre: las elecciones de medio mandato se celebran el 3 de noviembre.
El juez Mark Bennett, nombrado para el cargo precisamente por Donald Trump, fue el más incisivo. Dirigiéndose al abogado federal Matthew Donnelly, advirtió de que lo que se pide al tribunal es una injunction (una orden judicial que obliga a una parte a hacer o dejar de hacer algo de forma inmediata) ‘totalmente incompatible con la ley que la Legislatura de California ha aprobado’.
La pieza constitucional que Bennett puso sobre la mesa es la Cláusula Electoral: el artículo I, sección 4 de la Constitución, que atribuye a las legislaturas de cada estado la potestad de fijar las normas de sus elecciones, con la salvedad de que el Congreso puede alterarlas. De ahí su pregunta a Donnelly. ‘¿Cómo podemos hacer eso?’. No era una pregunta retórica.
El Departamento de Justicia había presentado una moción de emergencia para que el caso se acelerase, y el tribunal la atendió: dos horas de alegatos en domingo, algo que no ocurre todas las semanas. La sala quiere pronunciarse con con urgencia, y Bennett cerró la sesión anunciando que el panel de tres jueces fallará ‘lo antes posible’.
El Noveno Circuito no está decidiendo si las papeletas son válidas. Está decidiendo quién tiene la última palabra sobre las reglas del juego electoral.
El fondo del asunto: quién manda sobre las reglas del voto
California envía papeletas por correo a todos sus votantes registrados, un modelo de voto universal por correo que comparten cerca de una decena de estados. El Departamento de Justicia sostiene que miles de esas papeletas acabaron en manos de personas sin ciudadanía. El alcance exacto de ese envío y el mecanismo por el que se habría producido no fueron el objeto del debate del domingo, centrado en la cuestión competencial: si un juez federal puede ordenar a un estado que desautorice su propia ley electoral semanas antes de una votación.
Sobre la mesa hay un principio que los abogados llaman Purcell, la doctrina por la que los tribunales evitan cambiar las reglas del juego en plena campaña, y un precedente que ambos lados conocen: Arizona contra Inter Tribal Council (2013), donde el Tribunal Supremo falló que la ley federal de registro de votantes desplaza los requisitos estatales de prueba de ciudadanía en las elecciones federales. Aquella vez, el poder federal ganó. Esta vez el tribunal escucha lo contrario.
El recorrido procesal está tasado. Si el panel falla en un sentido o en otro, la parte perdedora puede pedir una revisión ante el pleno del Noveno Circuito —once jueces— y, después, un recurso de emergencia al Tribunal Supremo, donde la magistrada asignada a este circuito es Elena Kagan. El margen es mínimo.
La Lógica de Washington
Washington no improvisa estas demandas. La demanda del DOJ contra California por las papeletas forma parte de una agenda de integridad electoral que el Partido Republicano lleva años prometiendo a su base: la Cámara de Representantes aprobó en 2025 el proyecto que exige prueba documental de ciudadanía para inscribirse en el censo electoral federal, y el Senado sigue sin darle salida. Cuando el Congreso no legisla, el Departamento de Justicia litiga. Es el manual clásico del poder ejecutivo americano, y no lo inventó Trump.
La lógica tampoco es nueva en la historia constitucional. La Cláusula Electoral ha sido el instrumento con el que el poder federal ha intervenido en la administración del voto desde la Ley de Derechos Electorales de 1965 hasta la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993. Cada ampliación federal ha tenido su reacción estatal; cada reacción, su pleito. El federalismo se pelea en los juzgados.
Hay una tensión que conviene no perder de vista: el mismo partido que invoca la autonomía estatal frente a las regulaciones federales en materia económica reclama ahora al poder federal que corrija la ley electoral de un estado gobernado por los demócratas. Es una contradicción que el electorado republicano no penaliza, porque la lee como una cuestión de integridad del voto y no de doctrina federalista.
Para España el caso pesa menos por su objeto que por lo que revela del entorno jurídico estadounidense. España resuelve por vía administrativa lo que aquí se litiga: censo electoral único, inscripción de oficio y Junta Electoral Central, sin prueba de ciudadanía que discutir porque el registro no depende de que el votante se dé de alta. Las empresas españolas con inversiones en California y en el conjunto de EE. UU. —Inditex, Iberdrola, Santander, Ferrovial— no se juegan nada en esta demanda concreta; sí les importa el tono general: cada litigio constitucional añade una prima de incertidumbre al presupuestar una inversión o al fijar el precio de un contrato a diez años.
La próxima ventana clave son los días que vienen. Si el panel no falla antes del 3 de noviembre, la demanda llegará a las urnas sin resolver y el caso se decidirá sobre papeletas ya escrutadas, un escenario que los tribunales evitan por sistema. Si falla, habrá recurso. En cualquiera de los dos escenarios, el Noveno Circuito habrá dicho algo más importante que el destino de unos miles de papeletas: hasta dónde puede llegar el Departamento de Justicia cuando concluye que las reglas de un estado no le convencen.
Ficha del Caso
- El caso: El Departamento de Justicia pide a un tribunal federal que impida a California aplicar su propia ley electoral y anule miles de papeletas por correo que, según su tesis, fueron enviadas a personas sin ciudadanía.
- Datos clave: Dos horas de vista oral en domingo ante un panel de tres jueces del Noveno Circuito; fallo anunciado ‘lo antes posible’; elecciones de medio mandato el 3 de noviembre; posible revisión del pleno y recurso de emergencia al Tribunal Supremo.
- Para España: El litigio no toca intereses comerciales directos, pero consolida un clima de litigiosidad regulatoria que encarece la planificación de las empresas españolas en EE. UU. y contrasta con el modelo español de censo electoral único y de oficio.
