El alcalde de Algemesí ha confirmado ante el juzgado de la DANA que no recibió ningún aviso del desbordamiento del Magre.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchís Bretones (PP), ha declarado en el juzgado número 3 de Catarroja que el 29 de octubre de 2024 nadie le alertó del desbordamiento del Magre.
- ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento convocó el Cecopal 48 horas antes de la riada y trasladó esa circunstancia al Centre de Coordinació d’Emergències, que no activó el Cecopi autonómico hasta las 17 horas del martes 29.
- ¿Qué impacto tiene? La declaración separa dos gestiones distintas de la misma emergencia y apunta a un fallo en la cadena de alertas que dejó cuatro muertos en el municipio y una quinta víctima bajo investigación.
Lo que el alcalde contó a la jueza y lo que nunca le contaron a Algemesí
La comparecencia de José Javier Sanchís Bretones, alcalde de Algemesí por el PP, se celebró en el juzgado número 3 de Catarroja, el órgano que instruye las diligencias de la catástrofe. Ante la jueza, el regidor confirmó que el 29 de octubre de 2024 nadie le trasladó que el Magre —el barranco que atraviesa el término municipal— fuera a desbordarse. Otros mandatarios de la comarca han declarado exactamente lo mismo. La coincidencia de versiones dibuja una cadena de alertas rota entre el ámbito local y el autonómico.
El relato que Sanchís llevó al juzgado tiene fechas y horas. El Ayuntamiento informó a la población por primera vez el 25 de octubre, cuatro días antes de la barrancada, después de que Inforatge —el canal meteorológico que el consistorio tenía contratado junto a otros municipios de la Ribera Alta— anticipara lluvias torrenciales de carácter histórico. El Cecopal, el centro de coordinación municipal que se activa en emergencias, se reunió a las 11 horas del domingo 27, con la comarca todavía en alerta amarilla. Esa circunstancia se comunicó al Centre de Coordinació d’Emergències, que no activó el Cecopi de coordinación autonómica hasta las 17 horas del martes 29.
Quién sabía qué y cuándo lo sabía: la grieta entre preparar un pueblo y avisar de una crecida
La declaración no discute que lloviera muchísimo. Discute quién tenía la información y en qué momento la transmitió. El Ayuntamiento actuó con 48 horas de antelación y lo puso en conocimiento del organismo autonómico; la alerta concreta sobre la crecida del barranco, en cambio, nunca llegó al despacho del alcalde. Es la misma distancia que separa dos maneras de entender la emergencia: la del consistorio que llama a sus vecinos y la de la administración que coordina desde el Cecopi. En medio, un municipio entero.
Sanchís declinó valorar la gestión de otras administraciones «a toro pasado», según explicó a los periodistas a la salida del juzgado. De la suya sí habló, y en catalán, ante la prensa: «Nos anticipamos con la información que teníamos y tomamos todas las medidas de prevención que en aquel momento pudimos tomar».
Algemesí se preparó cuatro días antes de la riada; el aviso que faltó el 29 de octubre no dependía del ayuntamiento.
Los números del municipio son pequeños en apariencia y enormes en cualquier balance. Cuatro personas murieron en Algemesí por la inundación y una quinta muerte permanece bajo investigación. Viven allí 28.000 personas, muchas de ellas en plantas bajas que el agua cubrió en una sola noche. A las puertas del segundo aniversario, la declaración de su alcalde no añade ninguna cifra: añade una pieza al mapa de responsabilidades.
El Escenario Valenciano
En el plano autonómico, la comparecencia reabre una pregunta incómoda para el Consell de Juanfran Pérez Llorca: qué hizo la Generalitat Valenciana con la información que los ayuntamientos le habían trasladado antes de la riada. El president de la Generalitat mantiene que la activación siguió los protocolos previstos; PSPV y Compromís sostienen lo contrario y reclaman que la instrucción alcance el último eslabón autonómico, con explicaciones en las Corts Valencianes. El expresident Carlos Mazón, que dimitió en noviembre de 2025 por esta gestión, conserva su acta de diputado y sigue siendo figura central del proceso judicial de la DANA.
Fuera de la Comunitat, el caso interesa por lo que revela del sistema. El Gobierno de Pedro Sánchez ha canalizado buena parte de las ayudas a través del Consorcio de Compensación de Seguros y de los fondos estatales de reconstrucción, pero la competencia sobre la alerta en tiempo real sigue siendo autonómica y municipal. España carece de una agencia estatal de emergencias equiparable a la de otros países europeos, y catástrofes como la riada del camping de Biescas en 1996 o las inundaciones de Murcia en 2012 dejaron abiertos debates muy parecidos. La reforma del sistema nacional de protección civil continúa pendiente en el Congreso de los Diputados.
La próxima cita está marcada en rojo: el 29 de octubre, dentro de tres días, se cumplen dos años de la barrancada. El juzgado 3 de Catarroja seguirá tomando declaraciones a cargos locales y autonómicos, y el Consell tendrá que actualizar los datos de ejecución del Plan RERD, el instrumento con el que canaliza los fondos de reconstrucción. Las Corts, mientras, mantienen su propia comisión de investigación. La pregunta que Algemesí le ha puesto sobre la mesa a todo el sistema es sencilla y sigue sin respuesta oficial: quién debía dar la alerta y por qué no llegó.
Ficha del Caso
- El caso: El alcalde de Algemesí declara en el juzgado de la DANA de Catarroja y confirma que no recibió aviso del desbordamiento del Magre el 29 de octubre de 2024, pese a haber convocado el Cecopal dos días antes.
- Datos importantes: Cecopal reunido el domingo 27 a las 11 horas; aviso a la población desde el 25 de octubre; Cecopi autonómico activado a las 17 horas del martes 29; cuatro fallecidos y una quinta víctima bajo investigación en un municipio de 28.000 habitantes.
- Resumen: La declaración confronta la gestión municipal con la autonómica y presiona para que la instrucción judicial aclare la cadena de alertas, un debate que afecta al conjunto del sistema español de emergencias.
