El Servicio Navarro de Salud reclama 25 millones de euros a los fabricantes de pañales para adultos sancionados por pactar precios durante diecisiete años. La demanda, presentada por la vía del juicio ordinario, persigue recuperar el sobrecoste que asumió la sanidad foral entre 1996 y 2014.
La reclamación se apoya en la resolución de la CNMC de 26 de mayo de 2016, que declaró una infracción única y continuada de la normativa de defensa de la competencia, constitutiva de cártel, entre diciembre de 1996 y enero de 2014. El expediente S/DC/0504/14 (AIO) identificó expresamente a Navarra entre las regiones afectadas por las prácticas.
El origen: diecisiete años de precios pactados
El expediente describe dos conductas complementarias que encarecieron el aprovisionamiento de absorbentes para la incontinencia de orina, los conocidos como pañales para adultos. La primera fue la fijación concertada del precio de venta de laboratorio y de los márgenes de distribución en el canal farmacia. La segunda consistió en una estrategia para impedir o retrasar el suministro directo a través del canal institucional, lo que privó a la sanidad navarra del ahorro asociado a esa vía de compra.
Para cuantificar el perjuicio, el Servicio Navarro de Salud (SNS-O) encargó a una consultora especializada un informe pericial independiente. El análisis concluye que el sobrecoste soportado por la sanidad navarra asciende a 25 millones de euros. El cálculo parte del volumen de suministro contratado y de la diferencia de precio derivada de las dos conductas descritas en la demanda.
La representación del organismo público corresponde a ESKARIAM, despacho especializado en derecho de la competencia. Esta firma ha dirigido la preparación técnica y jurídica de la demanda, la coordinación del informe pericial económico y la estrategia procesal frente a las sociedades demandadas, y continuará al frente de la defensa durante el procedimiento.
El cártel operó entre 1996 y 2014 y encareció el suministro de absorbentes, con Navarra entre las regiones señaladas en la resolución de Competencia.
El recorrido judicial de la demanda
Queda pendiente de admisión a trámite la demanda de juicio ordinario, un paso previo a la fase de contestación de las empresas sancionadas. El SNS-O sostiene que las cantidades que eventualmente se recuperen revertirán en el sistema sanitario navarro y, en última instancia, en el cuidado de los pacientes de la Comunidad foral.
Navarra no es la primera administración en activar esta vía. Cataluña interpuso su reclamación judicial hace tiempo y otras comunidades, como Extremadura, Aragón y Galicia, preparan o tramitan sus propias demandas contra los fabricantes sancionados. La propia resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya señaló a Navarra como territorio afectado, un extremo que la demanda foral utiliza como punto de partida.
Qué supone para el erario foral y para el sistema sanitario
La sanidad navarra se financia con cargo al régimen foral, a través del Convenio Económico con el Estado, de modo que el sobrecoste repercutió en las cuentas de la Hacienda Foral de Navarra y en el presupuesto del servicio público de salud. La reclamación forma parte de la estrategia del Ejecutivo foral para hacer valer por la vía judicial los derechos de resarcimiento que asisten a las administraciones frente a conductas anticompetitivas ya sancionadas con carácter firme.
Hay un componente estatal en el litigio: el regulador que destapó el cártel fue la CNMC y la factura del suministro la asumieron varios sistemas sanitarios públicos. La reclamación navarra se suma así a una línea de actuación que otras comunidades han abierto con el mismo objetivo de que sean las empresas infractoras, y no el erario, quienes asuman el coste de las conductas declaradas ilegales.
El siguiente hito será la admisión a trámite de la demanda y, después, la contestación de las sociedades demandadas en el plazo que fije el órgano judicial. Hasta entonces, el conflicto queda ceñido al cálculo del perjuicio: 25 millones de euros según el informe pericial aportado por el Servicio Navarro de Salud, frente a la posición que defiendan las compañías en el procedimiento.
