La politización del FBI tiene un precedente: Kash Patel ordenó a la DIA cazar el bulo de los satélites italianos. Ocurrió en diciembre de 2020, cuando el entonces jefe de gabinete del Pentágono —hoy director del Buró— firmó una directiva para que la inteligencia militar investigara una teoría salida de los chats de QAnon. La orden no nació de un informe de inteligencia, sino de una petición política. Le adelanto el detalle que importa: la maquinaria que hoy apunta a las legislativas de noviembre se probó antes con una fantasía.
La reconstrucción la firma Michael Isikoff en SpyTalk, junto a Daniel Klaidman, en el libro Find Me the Votes. La tesis era de manual del delirio: satélites militares italianos usados por agentes del Deep State en la CIA para hackear las máquinas de voto de Estados Unidos y convertir sufragios de Donald Trump en votos de Joe Biden. Ni un indicio. Ni un papel. Nada.
Chris Miller, secretario de Defensa en funciones, lo resumió con una frase que no necesita traducción: ‘era una locura de remate’. Y aun así firmó. Miller se sumó a la orden de Patel y puso a trabajar a la agencia de inteligencia del Pentágono por un motivo muy poco técnico: Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, lo había pedido. Se buscaba munición, no certezas.
Municiones para qué. Para alimentar la campaña que pretendía impedir la certificación de la victoria de Biden el 6 de enero de 2021 y mantener a Trump en el despacho. Ese es el corazón del asunto.
La orden: de un chat de QAnon al despacho de la inteligencia militar
Piense en lo que significa. Un hombre que hoy dirige el FBI moviliza a la Defense Intelligence Agency con una teoría de foro conspirativo. La comunidad de inteligencia estadounidense convertida en cámara de validación de un relato. No es una metáfora: hay una orden transmitida por cadena de mando y oficiales ejecutándola sabiendo que no llevaba a ninguna parte.
El tradecraft de este caso no fue una operación, fue una captura. Ningún servicio se politiza por decreto: se politiza cuando sus productos se encargan. La DIA, creada en 1961 para centralizar la inteligencia militar tras el fiasco de Bahía de Cochinos, ha sobrevivido a guerras y recortes con una regla no escrita: no dar lecciones al poder, pero tampoco fabricarle pruebas. Su mandato está descrito en la web oficial de la DIA.
Un Gobierno que pide a su servicio confirmar una sospecha en vez de comprobarla no tiene servicio: tiene una imprenta.
He seguido durante años la relación entre La Moncloa y la Casa de Castelló y siempre he visto la misma tentación en ambas orillas: pedir al analista la conclusión antes del análisis.
Berrier respondió en unos días y el oficio quedó retratado
El teniente general Scott D. Berrier, director de la DIA, devolvió la pelota con una frase de burócrata que vale un tratado: ‘no hay legitimidad en esto’. Tardó unos días en cerrar un expediente abierto con una fantasía. Sin ruido, sin filtraciones, sin buscar la portada.
Ahí está la diferencia entre un servicio que aguanta y uno que se pliega. Berrier no dimitió, no convocó rueda de prensa, no escribió tuits. Cumplió el encargo, comprobó el disparate, y devolvió la conclusión por el mismo canal por el que le llegó la orden. En el oficio, eso se llama higiene.
Tengo claro que la escena importa menos por lo que ocurrió que por lo que anunciaba. La manipulación extranjera de las urnas dejó de ser una hipótesis y pasó a ser herramienta. Si la primera vez fue un satélite italiano inventado, conviene preguntarse qué invento toca ahora.
Ahora toca el más rentable: el que no se puede desmentir del todo. La Administración Trump lleva más de un año colocando los mimbres de una intervención federal en las legislativas de noviembre, según los registros públicos, las demandas presentadas y el rastro en redes que han repasado varios equipos de investigación. La diferencia con 2020 es que ahora hay abogados, plazos y maquinaria administrativa engrasada.
El último episodio fue la orden al Departamento de Justicia de demandar para bloquear la certificación del ganador del escaño al Senado por Alaska, salvo que gane el republicano que lo ocupa. Piense en el precedente: el Gobierno federal pleiteando contra el resultado de un estado porque el marcador no le cuadra.
Los responsables electorales de los estados lo ven venir. Les preocupa el escenario que nadie quería escribir: agentes federales en los colegios, máquinas de voto intervenidas, papeletas bajo custodia. Suena a guion.
Dejó de sonar a guion hace tiempo.
En paralelo, la seguridad electoral se ha convertido en un asunto de seguridad nacional con dos caras: la protección física de la infraestructura, que es competencia de los estados, y la narrativa sobre esa infraestructura, que ya no es competencia de nadie. Los estándares técnicos están en la guía de seguridad electoral de la CISA. Lo que allí se describe es logística. Lo que aquí se dirime es política.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
El vector de amenaza no es un zero-day ni un agente durmiente. Es algo menos glamuroso y bastante más letal: la captura política de un servicio por su propio Gobierno. No hay dead drop, no hay casa franca, no hay brush pass en un aparcamiento. Hay un jefe de gabinete, una petición y una cadena de mando que dice sí. En el catálogo del oficio se llama instrumentalización, y es la forma más barata de quemar una agencia: años para construir la credibilidad, un documento para destruirla.
En el reparto de agencias hay tres papeles claros. Ataca el ala política de la Casa Blanca, que utiliza a la DIA como pantalla técnica. Defiende la propia DIA en su función analítica, junto a las autoridades electorales estatales y los tribunales que aún no han sido capturados. Y miran, con incomodidad creciente, los servicios aliados de Five Eyes, que comparten con Washington la materia prima más sensible del oficio. Estimo el material en un nivel Confidencial: no hay fuentes comprometidas ni vidas en riesgo, pero sí procedimientos internos y una orden escrita que, publicada completa, incomodaría.
El precedente que más se parece no es americano. Es Curveball, el informante iraquí que alimentó el expediente de las armas de Sadam con una fábrica móvil de mentiras. La diferencia es que entonces la mentira venía de fuera y el servicio la compró; aquí la mentira se pide desde dentro y el servicio la tramita.
Reconozco la objeción: no consta que la orden de Patel produjera informes, más allá del cierre de Berrier. Miller la describe como una locura, lo que también puede ser una coartada a posteriori de quien firmó. La atribución de intenciones es lo más flojo del oficio y no voy a disfrazarla de certeza. Lo que sí está acreditado es el patrón.
Y el patrón llega a Madrid. El CNI comparte con la CIA y con la DIA más de lo que aparece en cualquier organigrama, y quien intercambia material intercambia también los sesgos de quien lo produce. Un socio que politiza su inteligencia contamina la nuestra por la vía del informe que se da por bueno. Me consta que en la Casa de Castelló se sigue la política interior americana con más atención de la que se reconoce en público.
Para España la lección no es de política exterior, es de contabilidad democrática. La Ley de Secretos Oficiales de 1968 sigue sin reforma, y mientras no exista control parlamentario real sobre el gasto reservado y sobre los productos del centro, el contagio no requiere ni un espía: basta con un director agradecido. El CCN-CERT puede vigilar un ransomware; nadie vigila una orden.
La próxima cita es en las urnas de noviembre y, después, en los tribunales. Ahí se sabrá si la fantasía de los satélites italianos fue un episodio aislado de una Administración enloquecida o el ensayo general de algo peor. Lo veo así: el ensayo ya se ha representado una vez.
