El hidrógeno verde ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una canalización de fondos Next Generation. El PERTE ERHA, aprobado en Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2021, aspiraba a movilizar más de 16.300 millones de euros; el IPCEI Hy2Use, autorizado por Bruselas el 21 de septiembre de 2022, añadió otros 5.200 millones. Alrededor de ese caudal ha crecido un oficio nuevo: el del alto cargo que, al dejar el sillón, abre despacho para ayudar a otros a llegar antes a la ventanilla.
Esta lista no imputa delitos: describe una arquitectura. El criterio es seguir el rastro de tres exministros que hoy comparten una geometría idéntica —oficina en el barrio europeo de Bruselas, oficina en el distrito financiero de Madrid, un mismo objeto social— y contrastarla con la norma llamada a cerrar la puerta. Esa norma existe desde la Ley 3/2015: dos años de incompatibilidad, un registro de intereses voluntarios y un régimen sancionador que, hasta ahora, no ha impuesto castigos.
1El mapa: tres despachos, dos direcciones fijas (Bruselas y Madrid) y un mismo objeto social
El mapa se repite con una simetría que no es casual: tres despachos, dos direcciones fijas —una en el barrio europeo de Bruselas, otra en el distrito financiero de Madrid— y un único objeto social, formulado casi siempre como asesoramiento, consultoría y representación de intereses en energía, sostenibilidad e hidrógeno renovable. Ese objeto social es la pieza que lo sostiene todo. Permite facturar la misma gestión como asistencia técnica o como defensa de intereses según convenga al cliente, y presentar el trabajo de Bruselas como un servicio a un industrial que invierte, no como actividad de presión. La doble dirección también resuelve el calendario: en Madrid se vigila la convocatoria (PERTE de descarbonización, ayudas del IDAE, manifestaciones de interés), y en Bruselas se trabaja el marco que decide quién es elegible.
La arquitectura importa porque el régimen de puertas giratorias es distinto a cada lado de la frontera. En España, la Ley 3/2015 de altos cargos impone dos años de incompatibilidad para trabajar en el sector que se reguló, y el registro de grupos de interés es voluntario y con escaso desarrollo; en Bruselas, en cambio, figurar en el registro de transparencia es requisito de facto para reunirse con comisarios y altos funcionarios. Un despacho con dos sedes puede declinar la parte incómoda en un sitio y rentabilizar la parte útil en el otro. El volumen de negocio que hay detrás explica el interés: el hidrógeno se llevó al menos 8.300 millones de euros de los planes de recuperación de España, Italia, Portugal y Francia, según el seguimiento de Corporate Europe Observatory; en España, la hoja de ruta del hidrógeno tenía 1.600 millones y los proyectos podían optar a otros 1.800.
