El hidrógeno verde ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una canalización de fondos Next Generation. El PERTE ERHA, aprobado en Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2021, aspiraba a movilizar más de 16.300 millones de euros; el IPCEI Hy2Use, autorizado por Bruselas el 21 de septiembre de 2022, añadió otros 5.200 millones. Alrededor de ese caudal ha crecido un oficio nuevo: el del alto cargo que, al dejar el sillón, abre despacho para ayudar a otros a llegar antes a la ventanilla.
Esta lista no imputa delitos: describe una arquitectura. El criterio es seguir el rastro de tres exministros que hoy comparten una geometría idéntica —oficina en el barrio europeo de Bruselas, oficina en el distrito financiero de Madrid, un mismo objeto social— y contrastarla con la norma llamada a cerrar la puerta. Esa norma existe desde la Ley 3/2015: dos años de incompatibilidad, un registro de intereses voluntarios y un régimen sancionador que, hasta ahora, no ha impuesto castigos.
2El exministro que redactó las bases del PERTE del hidrógeno y hoy asesora al consorcio que las aprovecha
Las bases del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) se aprobaron en el Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2021, con el objetivo de movilizar más de 16.300 millones de euros. Solo el capítulo de hidrógeno reservaba 1.555 millones de fondos públicos, pensados para arrastrar 2.800 millones de inversión privada, y apenas ocho días después, el 22 de diciembre, se publicaban las bases reguladoras del programa H2 Pioneros, dotado con 150 millones. Quien participó en ese diseño conoce de primera mano lo que un consorcio necesita para puntuar: qué partidas son subvencionables y cuáles quedan fuera, qué garantías se exigen para los anticipos, cuánto peso tiene cada criterio —en algunas de las líneas, hasta un 25% por características técnicas, otro 25% por viabilidad del proyecto y un 20% por escalabilidad tecnológica— y en qué momento del calendario conviene presentar el expediente. Ese conocimiento técnico, que no aparece en ningún organigrama, es lo que se contrata.
El trasvase tiene un marco legal concreto que marca dónde empieza la zona gris. La Ley 3/2015 somete a los exministros y exsecretarios de estado a dos años de incompatibilidad para trabajar en empresas afectadas por decisiones que tomaron, y la Oficina de Conflictos de Intereses debe autorizar la salida. El negocio crece en las fórmulas intermedias —asesorías, sociedades instrumentales, contratos de «strategic advice» sin cliente final identificado— y en la doble geografía Madrid-Bruselas, donde el registro de transparencia europeo convive con estructuras que no siempre revelan quién paga. El incentivo sigue vivo: a finales de 2025 el Gobierno sumó un paquete de 2.000 millones con hasta 450 millones adicionales para hidrógeno renovable, y el marco de ayudas de Estado permite conceder subvenciones hasta diciembre de 2028. La ventana de los fondos se alarga más allá del cierre del Plan de Recuperación, y con ella la demanda de perfiles que redactaron las reglas y ahora enseñan a sortearlas.
