45 millones entre 4.500 hogares no bastan: Hazle Township rechaza los centros de datos IA de NorthPoint. La promotora pone 10.000 dólares por familia sobre la mesa para desbloquear un campus de 15 edificios en 520 hectáreas de Pensilvania. Los vecinos contestan que el ruido, la luz y la factura eléctrica no se pagan con un cheque.
Claves de la operación
- 10.000 dólares por hogar, 45 millones en total. NorthPoint condiciona el pago al certificado de ocupación del primer edificio, que la propia empresa sitúa a finales de 2027.
- El paquete completo asciende a 165 millones. Quince millones van a fondos comunitarios y 105 al municipio durante 15 años para financiar una policía propia y rebajar la recogida de basuras.
- El marco regulatorio ya no es favorable. Pensilvania sacó los centros de datos de la vía rápida de permisos y Hazle Township revisa una ordenanza que no regulaba estas instalaciones.
El cheque de 10.000 dólares no compra la licencia social
Project Hazelnut es un complejo de 15 edificios junto al Humboldt Industrial Park. La oferta alcanza a unos 4.500 hogares elegibles y suma 45 millones de dólares. NorthPoint amplió además una iniciativa de 30 millones para compensar posibles subidas de tarifas locales y promete ingresos fiscales como fuente de recursos urbanísticos. De momento, todo son hipótesis.
Las medidas de mitigación declaradas incluyen el uso de aguas reutilizadas para refrigeración en lugar de agua potable local y la conservación del doble de superficie forestal de la que se talará. Ninguna de las medidas cuenta aún con aprobación. Todas dependen de permisos que todavía no existen.
En el capítulo acústico, la empresa estima 45 decibelios ponderados A en el límite de propiedad más cercano durante la refrigeración a plena capacidad y 55 dBA en las tareas rutinarias de mantenimiento de generadores. Predicciones de diseño, no mediciones de un complejo que aún no opera.
Los opositores hablan de ruido no natural, contaminación luminosa, pérdida de valor de la vivienda, y presión sobre la energía y el agua. Algunos califican el pago de soborno. Es una muestra del vecindario, no una negativa unánime.
Un campus de quince edificios se negocia con permisos, no con cheques: el dinero llega después del hormigón y nunca antes de la licencia social.
La encuesta publicada en mayo de 2026 sitúa el rechazo nacional en el 71% de los adultos, con un 48% que se declara muy en contra. El caso de Hazle Township no es una rareza de Pensilvania, sino la versión local de un patrón industrial que ya cruza fronteras.
Pensilvania endurece el permiso mientras el pueblo reescribe su norma
El municipio rechazó el proyecto en noviembre de 2025 y una jueza de Pensilvania no dio por bueno el recurso de una filial de NorthPoint contra esa decisión. Después abrió un periodo de 180 días para revisar su ordenanza de zonificación (zoning), que no regulaba de forma expresa la construcción de centros de datos.
Desbloquear el proyecto exige una autorización especial de uso del suelo de la Junta Municipal de Audiencias Urbanísticas, previa celebración de una audiencia pública. Sin ese permiso, los 10.000 dólares no se activan para nadie.
En Harrisburg el terreno también se movió. El gobernador Josh Shapiro firmó el 18 de agosto de 2026 la Orden Ejecutiva 2026-05: retiró los centros de datos de la lista de solicitudes con tramitación prioritaria y prohibió a las agencias bajo su jurisdicción firmar acuerdos de confidencialidad sobre estos proyectos.
La norma divide las nuevas solicitudes con demanda máxima superior a 25 MW en dos carriles. Quien firma un acuerdo vinculante con el Departamento de Protección Medioambiental entra en una revisión sucesiva, pero sigue necesitando las aprobaciones locales. Quien no firma asume requisitos previos adicionales. Desde el 1 de julio de 2027, además, las instalaciones en operación deberán remitir cada año sus datos de energía y agua.
Lo que el pulso de Hazle Township anticipa en España
Aquí el debate no es americano. En España, la carrera por atraer infraestructura de IA se libra con el mismo manual: suelo barato, energía renovable y plazos administrativos comprimidos. Aragón se ha convertido en el epicentro y también en el primer territorio donde una consulta vecinal tumbó un proyecto. Walqa rechazó el centro de datos de Amazon en consulta vecinal, la primera de este tipo celebrada en la comunidad.
La comparación importa por una razón contable. Los 45 millones son calderilla en un campus de 15 edificios, pero concentran el único gasto que la promotora no puede externalizar: la convivencia. Las eléctricas del IBEX 35, con Iberdrola a la cabeza, compiten por contratos de suministro renovable con los hiperescalares; ese negocio crece solo si los permisos salen. Un municipio que dice no retrasa la inversión dos o tres años y encarece el megavatio.
Observamos un patrón que va más allá del ruido de los generadores. El modelo de compensación directa —pagar al vecino en lugar de negociar con él— funciona mal cuando el impacto es permanente y la cifra, simbólica. El pago de NorthPoint se activa con el certificado de ocupación del primer edificio, previsto para finales de 2027. Antes de ese hito no hay nada.
La contradicción es de manual: la industria promete informes de energía y agua desde 2027, pero exige confianza antes de publicar una sola medición. La transparencia llega por obligación legal, no por convencimiento.
El siguiente hito es local y aburrido. La audiencia ante la Junta de Audiencias Urbanísticas y la revisión de una ordenanza que no contemplaba estas instalaciones decidirán si el campus se reordena o si NorthPoint vuelve a negociar precio. Esta vez no con 4.500 cheques.
