El hidrógeno verde ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una canalización de fondos Next Generation. El PERTE ERHA, aprobado en Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2021, aspiraba a movilizar más de 16.300 millones de euros; el IPCEI Hy2Use, autorizado por Bruselas el 21 de septiembre de 2022, añadió otros 5.200 millones. Alrededor de ese caudal ha crecido un oficio nuevo: el del alto cargo que, al dejar el sillón, abre despacho para ayudar a otros a llegar antes a la ventanilla.
Esta lista no imputa delitos: describe una arquitectura. El criterio es seguir el rastro de tres exministros que hoy comparten una geometría idéntica —oficina en el barrio europeo de Bruselas, oficina en el distrito financiero de Madrid, un mismo objeto social— y contrastarla con la norma llamada a cerrar la puerta. Esa norma existe desde la Ley 3/2015: dos años de incompatibilidad, un registro de intereses voluntarios y un régimen sancionador que, hasta ahora, no ha impuesto castigos.
3El exministro que firmaba los cheques de los Next Generation y ahora ‘acompaña’ expedientes que él evaluó
El currículum se lee igual en Madrid y en Bruselas: ministerio, foto en el BOE, despacho propio con oficina en las dos capitales y una cartera de clientes en la que figuran los grandes promotores de hidrógeno verde. Lo que distingue a este perfil del resto de la lista no es el cargo que ocupó, sino lo que firmó: al frente del departamento que certificaba hitos y autorizaba pagos del Plan de Recuperación, su rúbrica convirtió compromisos en transferencias efectivas. Hoy ese conocimiento se factura como «acompañamiento» de expedientes ante las mismas mesas que él contribuyó a montar: los criterios de baremación, el calendario de convocatorias, la manera de redactar una memoria para que puntúe. La puerta no gira solo hacia el sueldo del exalto cargo; gira sobre todo hacia la información sobre cómo se decide.
El marco no lo impide del todo. La Ley 3/2015 fija dos años de incompatibilidad tras el cese y somete el salto al sector privado al informe de la Oficina de Conflictos de Intereses, un filtro que suele llegar cuando el nuevo empleo ya está negociado. El reglamento europeo de 2021 obliga a prevenir conflictos de interés en cada euro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con declaraciones por expediente, y los propios promotores han aprendido a exhibir que su asesor no toca las convocatorias que le corresponden. Mientras, el volumen de negocio no deja de crecer: el PERTE de hidrógeno renovable arrancó en 2021 con 1.555 millones de euros y el PNIEC sitúa en 12 gigavatios la potencia de electrolizadores prevista para 2030. En un mercado que vive de subvención y aval público, quien evaluó no necesita adivinar qué mira el evaluador: lo fue.
