EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? López Miras, el SCRATS y 14 colegios profesionales de la Región de Murcia han escenificado un frente común contra lo que consideran un ‘cierre encubierto’ del trasvase Tajo-Segura, con los envíos bloqueados al menos siete meses.
- ¿Quién está detrás? El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez; y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, Julio Pérez.
- ¿Qué impacto tiene? En juego están cerca de 99 hectómetros cúbicos ya aprobados que, si no llegan antes del 1 de enero, se perderían rumbo a Portugal y golpearían al campo, al abastecimiento urbano y a la industria alimentaria.
El trasvase Tajo-Segura afronta en Murcia un frente común sin precedentes recientes. Fernando López Miras ha reunido este lunes al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y a representantes de 14 colegios profesionales de la Región para denunciar un ‘cierre encubierto’ que mantiene bloqueados los envíos durante al menos siete meses.
La escenificación no es menor. Junto al presidente autonómico se sentaron el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, Julio Pérez, en una comparecencia que los convocantes presentaron como la de miembros de la sociedad civil con visión técnica y voluntad de colaborar con la Administración. Nada de partidos contra partidos, ese fue el marco. El contenido, en cambio, fue netamente político.
La preocupación central, según Jiménez, es la ‘ralentización’ de los trabajos de reparación. Los regantes sospechan que el plazo anunciado sirve para impedir el envío de cerca de 99 hectómetros cúbicos que son fruto del ‘ahorro y la buena gestión’ de la región. Si esos volúmenes no llegan antes del 1 de enero, se perderían y pasarían a engrosar el caudal que se dirige a Portugal.
Siete meses para una avería que Murcia tilda de sencilla
El nudo del conflicto es el calendario. La obra fue declarada de emergencia en septiembre de 2026 y su fecha de finalización prevista es la primavera de 2027. Los afectados la califican de reparación ‘sencilla’ y no alcanzan a entender por qué se estira hasta entonces. El propio López Miras lo resumió como algo ‘inexplicable’ desde el punto de vista técnico.
El presidente murciano elevó el tono y situó el origen del problema en una ‘intencionalidad política’. ‘Esto no es normal, algo falla, aquí hay gato encerrado’, sentenció. Su lectura conecta la avería con un objetivo que, según él, el presidente del Gobierno ya declaró en 2018: cerrar el trasvase Tajo-Segura. La demora sería, en esa tesis, una ‘nueva excusa’ para ejecutar un cierre encubierto y recortar el 100% del agua que llega a la Región durante los próximos meses.
Murcia no discute una obra: discute quién decide cuándo llega el agua, cuánta llega y con qué calendario se administra la sed de un territorio entero.
De ahí las tres exigencias que trasladó a la Administración central: transparencia sobre los detalles de la rotura, un plazo de reparación ‘que entre dentro de lo normal’ y la prórroga excepcional de los caudales ya aprobados que dejen de llegar durante el parón, una vez reparada la avería. ‘Esto no puede ser una maniobra para negarnos, para robarnos lo que ya se había aprobado a la Región de Murcia’, aseveró.
El agua que también bebe la industria alimentaria
Julio Pérez puso el foco en que el acueducto no riega solo campos. Abastece también a la población y a la industria alimentaria, un tejido socio productivo consolidado durante más de 40 años al calor de la infraestructura. Si la llegada de agua se ralentiza, se ve ralentizada también la economía de nuestra región’, advirtió el decano de los ingenieros agrónomos.
La infraestructura, glosada en la entrada de referencia del trasvase Tajo-Segura, nació a finales de los años setenta y hoy alimenta buena parte del arco mediterráneo. Cuando se habla de hectómetros se habla de empleo, de exportación hortofrutícola y de municipios que no disponen de otra fuente. Las tres peticiones quedan ahora sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica, competente en la materia, a la espera de que se concrete el calendario real de los trabajos.
El Eje del Poder Popular
El movimiento tiene lectura interna. Génova lleva meses construyendo un discurso del agua y la agricultura como asunto de Estado, y la Comunidad Valenciana de Carlos Mazón y Andalucía, con Almería dentro del área servida, comparten el mismo diagnóstico que Murcia. Cuando un barón autonómico planta un frente con regantes y colegios profesionales no está improvisando: traslada a la dirección nacional munición argumental para el conjunto del grupo en el Congreso y en el Senado, donde el Grupo Parlamentario Popular es el grupo más numeroso de la Cámara y puede activar comparecencias y proposiciones no de ley.
Ahí está el aterrizaje territorial. No es la queja gremial de unos pocos, es la política del agua de las comunidades gobernadas por el PP frente a un Ejecutivo al que Murcia acusa de administrar el recorte. El precedente que siempre aparece en la hemeroteca popular es la derogación, en 2004, del trasvase del Ebro, primer gesto del Gobierno socialista de entonces. Aquel episodio convirtió el agua en línea roja del centro-derecha durante dos décadas, y cada avería se lee con con ese prisma. Lo que Murcia llama cierre encubierto es, en el fondo, la vieja sospecha de que el recorte nunca se anuncia, simplemente se ejecuta por la vía administrativa.
El riesgo inmediato es de calendario, no de discurso. Con la reparación estirada hasta la primavera de 2027 y el 1 de enero como fecha crítica, cualquier promesa de prórroga llega tarde si el agua no se contabiliza antes de que cambie el año. López Miras ha puesto el listón: si los 99 hectómetros no se garantizan, la reclamación pasará a los grupos parlamentarios y al Senado. Murcia ha dejado de pedir. Ahora exige.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Defensa del trasvase como infraestructura de Estado frente a la sospecha de un recorte ejecutado por la vía del expediente administrativo.
- Protagonista: Fernando López Miras (presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), acompañado por Lucas Jiménez (presidente del SCRATS).
- Próximo hito: Concretar el calendario de reparación antes del 1 de enero y garantizar la prórroga excepcional de los caudales ya aprobados.
