El PSOE carga contra Vox y el PP por los disturbios de Barcelona y exige castigarlos en las urnas el 29-N.
Desde RNE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reclamado este lunes una ‘sanción contundente’ en las urnas para el PP y para Vox por sumarse, ‘directa o indirectamente’, a la ‘desinformación’ y a la ‘injerencia’ en torno a los altercados del pasado sábado en la capital catalana. Lo hizo horas después de que la portavoz del Ejecutivo colocara la primera pieza del relato: cuando hay caos, alguien gana.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en La Ser que ‘cuando se siembra el caos, el odio y la desinformación siempre hay un ganador que es la extrema derecha. Condenó la violencia, expresó la preocupación del Ejecutivo por ‘la presencia de tantos menores’ en los disturbios y pidió esperar a las investigaciones. Preguntada por una posible injerencia extranjera en las elecciones generales del 29 de noviembre, eludió calificarla, aunque no la descartó: ‘No podemos hacer elucubraciones en cuestiones tan sensibles como esta’.
Los altercados se produjeron durante una concentración juvenil convocada a través de las redes sociales que derivó en enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, incendios y actos vandálicos contra establecimientos comerciales. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, culpó el domingo a Pedro Sánchez y a ‘los discípulos del muro’, convencido de que ‘como han perdido la calle, quieren incendiarla’. La portavoz del Gobierno tildó esas palabras de ‘irresponsabilidad absoluta’; el ministro de Administración Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reprochó al líder de la oposición que ‘solo tiene como argumento el insulto y las acusaciones infundadas’.
El argumentario de Vox: el problema no es quién capitaliza el caos
La lectura de Vox invierte el orden de los factores. Según el argumentario que la formación despliega en el Congreso de los Diputados y en sus comparecencias públicas, la pregunta relevante no es quién obtiene rédito de unos disturbios, sino por qué una convocatoria lanzada en redes sociales acaba con contenedores ardiendo en el centro de Barcelona y con un pulso abierto contra la Policía autonómica. La tesis del partido es que la etiqueta ‘extrema derecha’ funciona como un comodín que cierra la conversación antes de abrirla.
Sobre el fondo, la dirección de Vox defiende tres ejes: endurecer las penas por desórdenes públicos, revisar el régimen de tutela de los menores extranjeros no acompañados y reforzar la coordinación entre cuerpos policiales. En el terreno digital sostiene que las plataformas no son el único actor responsable y que la desinformación no se combate con etiquetas ideológicas, sino exigiendo responsabilidad también a las instituciones que, a su juicio, han normalizado la impunidad en la calle.
Quien siembra el caos no es el partido que exige explicaciones por los disturbios, sino quien ha convertido la calle en un territorio sin respuesta institucional.
Qué recorrido real tiene la exigencia de castigo electoral
La exigencia de castigo no tiene traducción jurídica: ningún miembro del Gobierno puede sancionar a un partido en las urnas. Su valor es otro, el de fijar el marco de una campaña que el Ejecutivo quiere plantear como un plebiscito entre las instituciones y el bulo. El problema, por ahora, es la prueba. El propio Ejecutivo no ha concretado de qué injerencia habla ni qué actor estaría detrás, y su portavoz pidió el lunes esperar a las investigaciones antes de calificar lo ocurrido.
Albares aludió además a ‘las invectivas e insultos’ del presidente argentino, Javier Milei, de la semana pasada, para subrayar que el Gobierno ‘no tolerará ninguna injerencia’. La secuencia, sin embargo, deja un contraste llamativo: la portavoz pedía prudencia y el titular de Exteriores ya había reclamado el castigo en las urnas.
En el PP la petición se lee como un marco ajeno. Feijóo ha desplazado el foco hacia La Moncloa y sostiene que el Gobierno forma parte del problema, no de la solución. La dirección popular no va a alinearse con la tesis del Ejecutivo y, a la vez, afronta el coste de que la campaña gire en torno a unos disturbios en los que compite por el mismo espacio electoral con Vox.
Para Vox, el encuadre tiene un efecto colateral rentable. El Gobierno lo sitúa en el mismo plano que el PP y le concede el papel de antagonista principal, justo cuando el partido reclama ser la referencia de un espacio que considera mal representado por los populares. Ser citado en la misma frase que ellos refuerza su tesis de que el trasvase de votos solo se mueve en una dirección.
La batalla que de verdad se libra el 29-N
La precampaña ya tiene su eje. El Ejecutivo ha decidido que el 29-N se dirima entre quienes respetan las reglas y quienes, a su juicio, las rodean con bulos, un planteamiento que empuja al PP a un terreno resbaladizo. El riesgo para el relato oficial está en su propia base: si la investigación concluye que la concentración fue una convocatoria juvenil sin dirección política, y el propio Gobierno admite que hay que esperar, el castigo se queda sin sustrato.
Hay un precedente en la propia semana. El cruce con Milei ya había servido al Ejecutivo para instalar la idea de que España sufre injerencias externas en plena precampaña. Repetir el esquema con Barcelona tiene un coste evidente: si la investigación no sostiene la acusación, el relato se habrá gastado antes del primer debate electoral.
El 29-N no se vota sobre la desinformación. Se vota sobre gestión, seguridad y confianza, y ahí el Ejecutivo llega con la carga de unos disturbios ocurridos en su territorio y con una investigación abierta. Vox lo tiene más sencillo: le basta con que se hable de la calle. Quedan semanas para comprobar si el marco del caos resiste el escrutinio o se deshace en cuanto la policía autonómica entregue sus conclusiones.
