Cerca de 245 ascensores de fincas afectadas por la DANA siguen parados dos años después y sin fecha de obra.
A tres días de que se cumplan dos años de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos, el fenómeno meteorológico que provocó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024), el recuento de elevadores sin arreglar en la zona cero sigue en el entorno de los 245, según el balance que recoge la radiotelevisión pública valenciana. Son fincas repartidas por municipios afectados como Catarroja, en l’Horta Sud, donde el agua llegó a los sótanos y dejó inservibles los cuartos de máquinas. Nadie da una fecha.
No es un problema abstracto. Vicent Navarro, vecino de Catarroja, sube cada día más de setenta escalones para llegar a su casa, un cuarto piso sin ascensor desde hace dos años. «Psicológicamente es muy pesado, porque se te representa lo que nos ocurrió, y por la fatiga», explicaba a la emisora pública. «Yo, que voy al cuarto, tengo que pararme entre plantas a respirar».
La respuesta de las empresas reparadoras es siempre la misma: falta de mano de obra y de materiales hechos a medida. Un elevador dañado por una inundación no se arregla con un recambio estándar de almacén; cada cabina, cada guía y cada cuadro de maniobra se fabrica para ese hueco concreto. Eso alarga los plazos y, sobre todo, deja a las comunidades sin calendario. La reparación está abonada en parte por adelantado y la obra no tiene fecha.
Ahí está el punto que más irrita a los afectados. Muchas comunidades adelantaron dinero de su bolsillo para reservar la reparación y ahora se encuentran con el ingreso hecho y el elevador quieto. En el centro de esta reconstrucción vertical aparece el Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega, y que se ha convertido en la vía por la que se canalizan buena parte de estas indemnizaciones. Dos años después, la grieta menos visible del proceso es precisamente la que separa lo peritado, lo cobrado y lo efectivamente reparado.
Un ascensor no es un adorno: es la diferencia entre subir a casa y quedarse abajo a los sesenta y cinco años.
Del sótano inundado al quinto piso: la reconstrucción que no sale en los balances
La reconstrucción se cuenta casi siempre en cifras grandes: kilómetros de carretera, polígonos rehabilitados, depuradoras líneas de metro. Lo que no aparece en los balances oficiales es la capa de infraestructura doméstica que la riada dejó tocada: ascensores, portales y garajes. Y es justo ahí donde los plazos se estiran sin que nadie rinda cuentas.
Esa demora tiene una dimensión nacional doble. Por un lado, el Estado es quien indemniza a través del Consorcio y quien ha comprometido transferencias a la Generalitat para la reconstrucción; por otro, el Consell de Pérez Llorca es quien ejecuta y quien responde ante las Corts. Entre ambas administraciones se han cruzado reproches públicos de lentitud durante estos dos años, y las comunidades de vecinos quedan en medio, sin interlocutor claro. El dinero comprometido y el dinero ejecutado no son la misma cifra.
Hay un precedente que sirve de espejo. Tras catástrofes anteriores en España, la reconstrucción de los elementos privados —vivienda y comunidades de propietarios— ha ido siempre por detrás de la obra pública, porque exige peritajes individuales, trámites finca a finca y una capacidad de contratación que el mercado no siempre tiene cuando la demanda se concentra en el tiempo. La diferencia ahora es la escala: la riada afectó a decenas de municipios a la vez, lo que convierte cada ascensor pendiente en una pieza de un problema estructural del sistema de emergencias y de la reconstrucción.
El Escenario Valenciano
En lo político, el asunto llega a las Corts Valencianes en pleno rodaje del Consell de coalición. Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat desde diciembre de 2025, sostiene que la reconstrucción avanza por fases y que la obra pública es la prioridad presupuestaria; PSPV y Compromís reclaman comparecencias específicas sobre vivienda y elevadores, y llevan meses exigiendo un recuento oficial y actualizado de fincas sin ascensor. El PP afronta el segundo aniversario con el foco puesto en la gestión del ejecutivo autonómico, mientras el expresident Carlos Mazón —diputado en las Corts y figura central del proceso judicial de la DANA— mantiene su propia agenda judicial, ya ajena a la gestión diaria.
Madrid, mientras tanto, mira el calendario. El Gobierno de Pedro Sánchez defiende el volumen de fondos movilizados hacia la Comunitat Valenciana y reclama al Consell más agilidad en la ejecución; el debate sobre el sistema nacional de protección civil y emergencias sigue pendiente en el Congreso. En paralelo, los fondos europeos del Plan RERD (el Plan de Recuperació, Reconstrucció i Resiliència davant l’Emergència DANA, el instrumento de la Generalitat para canalizar las ayudas) añaden un calendario de justificación que no admite retrasos. Con el 29 de octubre de 2026 a la vuelta de la esquina, la próxima cita será el pleno de las Corts y, sobre todo, la pregunta que llevan dos años haciendo las comunidades: cuándo.
Ficha del Caso
- El caso: Cerca de 245 ascensores de fincas en municipios afectados por la DANA siguen sin reparar dos años después, sin fecha de obra y con parte del coste ya abonado por las comunidades.
- Datos importantes: Barrancada del 29 de octubre de 2024; alrededor de 245 elevadores pendientes; más de setenta escalones diarios en edificios de cuatro plantas como el de Vicent Navarro, en Catarroja.
- Resumen: La reconstrucción de los elementos privados avanza más despacio que la obra pública y deja a las comunidades sin interlocutor claro entre el Consorcio de Compensación de Seguros, la Generalitat y las empresas reparadoras.
