El hidrógeno verde ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una canalización de fondos Next Generation. El PERTE ERHA, aprobado en Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2021, aspiraba a movilizar más de 16.300 millones de euros; el IPCEI Hy2Use, autorizado por Bruselas el 21 de septiembre de 2022, añadió otros 5.200 millones. Alrededor de ese caudal ha crecido un oficio nuevo: el del alto cargo que, al dejar el sillón, abre despacho para ayudar a otros a llegar antes a la ventanilla.
Esta lista no imputa delitos: describe una arquitectura. El criterio es seguir el rastro de tres exministros que hoy comparten una geometría idéntica —oficina en el barrio europeo de Bruselas, oficina en el distrito financiero de Madrid, un mismo objeto social— y contrastarla con la norma llamada a cerrar la puerta. Esa norma existe desde la Ley 3/2015: dos años de incompatibilidad, un registro de intereses voluntarios y un régimen sancionador que, hasta ahora, no ha impuesto castigos.
4El exministro que negoció el IPCEI en Bruselas y ahora vende contactos con la DG GROW desde una sociedad belga
Su activo no es técnico: es de posición. Como alto cargo estuvo en la sala donde se diseñó el IPCEI Hy2Use, el paquete que Bruselas autorizó el 21 de septiembre de 2022 con 5.200 millones de euros públicos de trece Estados —España entre ellos— destinados a movilizar 7.000 millones de inversión privada en 35 proyectos de 29 empresas. Ahí se fijaron los criterios de elegibilidad, los temarios de las reuniones con los servicios de la Comisión y el calendario que luego se tradujo, en España, en un reparto de 794 millones de euros entre siete proyectos (652,2 MW de electrólisis) con cargo a los fondos Next Generation del Plan de Recuperación. Ese conocimiento —quién decide, con qué margen y en qué orden— es exactamente lo que ahora vende desde una sociedad belga que factura a clientes europeos y cuyo objeto es abrir puertas en la DG GROW, la dirección general de Industria que coordina los grupos de trabajo de los IPCEI.
Lo que hace relevante el caso es la asimetría: en un IPCEI no hay concurso abierto, sino un proceso de manifestaciones de interés y negociación entre ministerio y empresa antes de que Bruselas valide la lista. El contacto es, por tanto, el recurso escaso, y quien lo tuvo dentro lo revende fuera. La ley española de altos cargos fija dos años de incompatibilidad para trabajar en entidades afectadas por sus decisiones, pero no cubre el consejo, la intermediación ni la sociedad interpuesta en otro país; el registro de transparencia de la UE solo obliga a declarar clientes y horquillas de facturación, no las gestiones concretas. La combinación —criterios negociados en Bruselas, adjudicación por negociación en Madrid, vehicle societario belga y clientes que compiten por los mismos 794 millones— es la que convierte este despacho en la puerta giratoria más rentable del hidrógeno verde.
