El hidrógeno verde ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en una canalización de fondos Next Generation. El PERTE ERHA, aprobado en Consejo de Ministros el 14 de diciembre de 2021, aspiraba a movilizar más de 16.300 millones de euros; el IPCEI Hy2Use, autorizado por Bruselas el 21 de septiembre de 2022, añadió otros 5.200 millones. Alrededor de ese caudal ha crecido un oficio nuevo: el del alto cargo que, al dejar el sillón, abre despacho para ayudar a otros a llegar antes a la ventanilla.
Esta lista no imputa delitos: describe una arquitectura. El criterio es seguir el rastro de tres exministros que hoy comparten una geometría idéntica —oficina en el barrio europeo de Bruselas, oficina en el distrito financiero de Madrid, un mismo objeto social— y contrastarla con la norma llamada a cerrar la puerta. Esa norma existe desde la Ley 3/2015: dos años de incompatibilidad, un registro de intereses voluntarios y un régimen sancionador que, hasta ahora, no ha impuesto castigos.
5Dos años de incompatibilidad, un registro voluntario y ninguna sanción: la norma que no cierra la puerta
La incompatibilidad existe y no es nueva: desde la Ley 3/2015, un alto cargo no puede pasar al sector privado en materias relacionadas con las competencias de su departamento durante los dos años siguientes al cese. El Real Decreto-ley 21/2026, en vigor desde el 27 de agosto, añade la prohibición expresa de ejercer actividades de influencia en ese mismo plazo, pero solo para entidades inscritas en el registro y solo en las materias del ministerio que se ocupó. El hueco queda a la vista: un exministro de Energía puede asesorar en Bruselas sobre la normativa europea del hidrógeno o sobre fondos que no gestionaba su antiguo departamento, y es él mismo quien comunica por escrito que su nueva actividad no guarda relación con sus competencias, con un mes de margen para que la Oficina de Conflictos de Intereses diga lo contrario.
A partir de ahí, el control se apoya en la buena fe del declarante. El registro estatal de grupos de interés es público y obligatorio, pero basta presentar la solicitud para quedar inscrito y operar; el silencio administrativo a los tres meses es estimatorio, y las entidades solo deben identificar a los colaboradores que fueron altos cargos en los últimos cinco años, no más atrás. Las multas anunciadas, de hasta 40.000 euros por infracciones muy graves, no han tenido rodaje: la Oficina de Conflictos de Intereses acumuló tres ejercicios sin resolver una sola sanción, 2023, 2024 y 2025, según la documentación del ministerio del que depende, y el Tribunal de Cuentas y el GRECO llevan años advirtiendo de que apenas verifica lo que recibe. El registro cubre además solo la Administración General del Estado, mientras en Bruselas la inscripción de lobbies sigue siendo voluntaria. La puerta giratoria no se cierra: se declara.
