Italia y Polonia firman en Varsovia una declaración conjunta para revisar las normas ambientales de la UE. El texto, suscrito por el ministro de Empresas y del Made in Italy, Adolfo Urso, y el ministro polaco de Finanzas y Economía, Andrzej Domański, al margen de la novena reunión ministerial de los Friends of Industry, no es una declaración de intenciones: contiene una lista cerrada de reglamentos que Roma y Varsovia quieren reabrir en los próximos dos años.
El eje no nace aislado. Desde mayo, el Gobierno italiano teje una red de socios en el centro y el este de Europa con un argumento simple: si el precio del carbono sube más rápido de lo que la industria puede adaptarse, la producción no se descarboniza, se traslada. La primera pieza fue República Checa; la segunda, Polonia.
La secuencia es verificable. El 20 de mayo de 2026, Urso se reunió en Roma con el ministro checo de Industria y Comercio, Karel Havlíček, para coordinar posiciones sobre el ETS, el CBAM, la automoción y la simplificación normativa. El 29 de septiembre, en Praga, Giorgia Meloni y el primer ministro checo, Andrej Babiš, trasladaron ese trabajo al plano político. El intercambio comercial entre ambos países alcanzó en 2025 los 18,35 mil millones de euros, un 7,8% más que el año anterior: hay negocio detrás de la geometría.
Con Polonia, el eje gana el peso que le faltaba. Varsovia aporta volumen industrial, peso demográfico y una tradición negociadora dura en el Consejo, donde cada voto cuenta en la mayoría cualificada (el umbral que exige el 55% de los Estados y el 65% de la población para aprobar una ley europea). El objetivo declarado por Roma es construir masa crítica suficiente para condicionar las propuestas de la Comisión antes de que lleguen al trílogo, la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que fija la versión final de cada norma.
No es un frente exclusivamente oriental. El formato Friends of Industry reúne también a Francia, Alemania y España, tres Gobiernos que llevan meses reclamando lo mismo con distinto tono. La diferencia es que Roma y Varsovia lo han puesto por escrito, con nombre y apellidos de reglamentos. Eso cambia el juego.
El ETS y los derechos gratuitos: la línea roja que Bruselas no quiere cruzar
El corazón de la declaración es el régimen de comercio de derechos de emisión, el ETS, el mercado donde las eléctricas y las industrias intensivas en energía compran y venden permisos para emitir CO2. Italia y Polonia consideran insuficiente la propuesta de la Comisión Europea y piden dos cosas concretas: que los objetivos de reducción se ajusten a la capacidad tecnológica real de las empresas y que se mantengan los derechos gratuitos de emisión sin condiciones nuevas.
La segunda petición es la que incomoda en Bruselas. La revisión del ETS aprobada en 2023 programó la desaparición gradual de esos derechos gratuitos hasta 2034, en paralelo a la entrada en vigor del CBAM, el mecanismo que grava las importaciones de acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno según su huella de carbono. Roma y Varsovia quieren congelar esa eliminación hasta que se demuestre que el CBAM funciona. En la práctica, es pedir una prórroga abierta con una excusa técnica razonable.
Quien controla el calendario del carbono controla la factura industrial: por eso la pelea real no es sobre emisiones, sino sobre fechas.
El argumento tiene recorrido. El CBAM arrancó su fase definitiva este año y todavía no hay datos públicos suficientes sobre cuánta producción se ha defendido ni cuánta se ha fugado. Nadie en la sala puede demostrar aún que la protección funciona, y ese vacío es exactamente el terreno donde el eje quiere jugar.
Del 2035 del automóvil al acero: el resto del paquete
El segundo bloque es la automoción. Roma y Varsovia piden revisar los objetivos y las trayectorias de reducción de CO2 de los coches, empezando por el marco de 2035, y reclaman una categoría nueva de vehículos alimentados con combustibles climáticamente neutros, biocarburantes incluidos. Es la vieja batalla italiana por la neutralidad tecnológica, que en la práctica equivale a abrir una puerta al motor de combustión más allá de la fecha límite.
Hay más. La declaración respalda el Acta para la Aceleración Industrial, con una preferencia europea por las producciones fabricadas en la Unión abierta a socios fiables sobre la base de la reciprocidad. Incluye medidas urgentes para bajar el precio de la energía, mejorar las redes y comprar de forma conjunta; modernización de química y siderurgia; un marco que limite las exportaciones de chatarra ferrosa para que no falte acero dentro; y cooperación en inteligencia artificial, cálculo de altas prestaciones, tecnologías cuánticas, aeroespacial y defensa. Los ministerios quedarán conectados de forma periódica de cara al Consejo de Competitividad.
Traducido a la práctica: el eje no pide una cosa, pide un paquete. Y lo pide coordinado, que es la única forma de que un ministro de Industria hable con la fuerza de tres Gobiernos en una sala donde normalmente manda el comisario de turno.
El Eje del Poder Europeo
La geometría aquí es clara. Alemania comparte el fondo del diagnóstico —coste energético, carga regulatoria, revisión del 2035— y ha venido reclamando alivio, pero Berlín evita firmar según qué papeles para no romper su propia coalición ni su credibilidad verde. Francia juega a dos bandas: quiere proteger su industria y su parque nuclear, y a la vez no ser vista como la enterradora del Pacto Verde. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia,, Austria— tienen un problema con este texto: leerán cualquier congelación de los derechos gratuitos como un desmantelamiento del mercado de carbono por la puerta de atrás, y exigirán contrapartidas verificables. Visegrado, con Polonia y Chequia dentro y Hungría en un segundo plano, dispone por primera vez de un documento serio que no suena a veto, sino a propuesta.
¿Y España? Aquí el eje Roma-Varsovia no incomoda por lo que dice, sino por lo que obliga a decidir. La industria española no es la polaca: el precio mayorista de la electricidad ha sido estructuralmente más bajo y el peso del parque nuclear es distinto. Pero cementeras, cerámicas de Castellón, siderurgia asturiana y vasca, química de Tarragona y refino dependen de los derechos gratuitos tanto como cualquier planta del Báltico. Y la automoción española —Stellantis Zaragoza, Ford Almussafes, Volkswagen Martorell— necesita saber si el 2035 se toca antes de comprometer inversiones en plataformas eléctricas.
Madrid se mueve en una contradicción conocida. Comparte con Roma la defensa de la electrificación y del Fondo Social para el Clima, diseñado para amortiguar el encarecimiento energético sobre hogares y pymes, pero no puede permitirse aparecer junto a Varsovia en una foto que los frugales leerán como retroceso climático. La salida natural es la que ya ha usado otras veces: apoyar la revisión técnica y no la política, y negociar contrapartidas en los fondos.
Conviene recordar el precedente. En diciembre de 2008, Polonia amenazó con vetar el paquete clima-energía hasta arrancar concesiones para su sector eléctrico, entonces carbón casi puro. Lo consiguió. La UE ha cedido ante Varsovia cada vez que el coste político de no ceder era mayor que el coste climático de hacerlo. Esta vez el eje es más amplio y el argumento —competitividad frente a China y Estados Unidos— resulta más difícil de rebatir que hace dieciocho años.
La lectura a cinco años es esta: si la congelación de los derechos gratuitos prospera, el ETS deja de ser un instrumento de descarbonización y pasa a ser un impuesto aplazado que alguien pagará después; si no prospera, una parte de la industria europea seguirá pidiendo ayudas directas para compensar lo que el mercado de carbono le cobra, y el contribuyente pagará dos veces. Ninguna de las dos salidas es gratis. El próximo Consejo de Competitividad es la primera prueba de si este eje tiene votos o solo titulares.
