El pacto entre PP y Vox para el Senado aspira a los tres quintos y a renovar el Constitucional sin el PSOE. Ambas formaciones han cerrado el reparto de candidaturas a escasas horas del plazo legal fijado para esta medianoche, con un intercambio de puestos en veinte provincias.
Qué ha puesto Vox sobre la mesa y con qué argumentario lo defiende
Vox lo ha anunciado primero, a través de un vídeo de su secretario general, Ignacio Garriga, remitido a los medios. La formación no presentará candidatura propia en seis provincias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En las seis, el PP incluirá en sus listas a un candidato independiente en la segunda o tercera posición de la papeleta, que será designado por Vox.
El intercambio se completa en catorce provincias en las que los populares presentarán tres candidatos y Vox solo uno: Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. El PP, además, renuncia a concurrir en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona. En las 23 provincias restantes, Vox concurrirá con normalidad.
Lo que Vox coloca en el centro del acuerdo es evitar que la candidatura conjunta de la izquierda bloquee la renovación de los órganos constitucionales. El Senado debe proponer el relevo de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato caducado desde hace un año, incluido el de su presidente, Cándido Conde-Pumpido. La operación exige una mayoría de tres quintos, un respaldo cualificado que hasta ahora obligaba a un acuerdo entre PP y PSOE.
La consecuencia práctica es nítida. Si la derecha suma por sí sola esos tres quintos, la renovación deja de depender del consentimiento socialista y el bloqueo que Vox atribuye a la izquierda pierde su palanca.
No ha sido una negociación sencilla. Vox partió de una propuesta de máximos y las conversaciones se han prolongado durante una semana, hasta rozar el límite legal. El primer paso lo dio Santiago Abascal, que anunció en la red social X que haría lo necesario para defender España y abrió una negociación que ha concluido con acuerdo.
El reparto no es un gesto de cortesía: mide fuerzas en veinte provincias y convierte al Senado en el primer ensayo de coalición entre PP y Vox.
La reacción del Gobierno y el margen real del acuerdo
En la sede del PP de la calle Génova, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha presentado las cesiones de su partido. Ha pilotado la negociación con Montse Lluis, secretaria general adjunta de Vox. Tellado ha subrayado que ‘ninguno de los dos partidos diluye sus siglas’, a diferencia de la lista conjunta de la izquierda.
El dirigente popular ha descartado además que el pacto esconda contrapartidas no anunciadas: ni cesión de senadores autonómicos ni facilidades para que Vox forme grupo propio en la Cámara Alta, un umbral que exige diez senadores. El acuerdo, ha dicho, se agota en lo publicado.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha denunciado el acuerdo como un proyecto de ‘involución’, según recoge La Vanguardia. El PSOE ha cerrado su propia candidatura conjunta con la izquierda para la Cámara Alta, una operación que ahora se topa con un reparto de signo contrario.
La viabilidad del objetivo depende de una cita con las urnas: el 29 de noviembre. Solo si el PP y Vox suman escaños suficientes en el Senado podrán reclamar los tres quintos sin concurso del PSOE. El desbloqueo del Constitucional queda, por tanto, atado a la aritmética que salga de esa noche.
Qué busca Vox y qué mide este primer ensayo de coalición
El pacto no nace aislado. Llega después de que ambos partidos hayan pasado semanas movilizando a la derecha y de que la izquierda anunciara su candidatura conjunta al Senado. Ese movimiento empujó a un entendimiento que, en la práctica, sienta las bases de un hipotético acuerdo de gobierno si la suma alcanza la mayoría el 29-N.
Hay precedentes que explican por qué el acuerdo se limita al Senado. Tras la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en Castilla y León, en marzo de 2022, Vox exige a los populares gestos verificables antes de cualquier reedición. Un reparto de candidaturas lo es: se puede medir provincia a provincia y no admite interpretaciones.
El riesgo es simétrico. Si la suma no llega el 29 de noviembre, el esfuerzo habrá servido para ordenar el espacio de la derecha en la Cámara Alta y poco más. Si llega, el Senado se convierte en el primer ensayo real de una coalición que hasta ahora solo existía en los discursos.
La próxima cita es el 29-N. Ese día se sabrá si el reparto de provincias se traduce en escaños suficientes para reclamar los tres quintos y cerrar un año de bloqueo en el Tribunal Constitucional. Hasta entonces, cada partido rentabilizará el gesto ante su electorado con el mismo argumento: que no ha diluido sus siglas.
