El Consejo de Ministros ha declarado a Andalucía zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil tras cinco episodios adversos. Los incendios de Benahavís e Igualeja, en Málaga, y las lluvias e inundaciones en Almería y en el resto de la comunidad abren la puerta a ayudas fiscales y laborales para miles de vecinos.
La decisión se adoptó en la reunión del gabinete del martes 27 de octubre y abarca, en realidad, cinco expedientes distintos: el incendio forestal declarado en Benahavís el 13 de septiembre, el episodio de lluvias adversas que golpeó Almería el 16 de septiembre, el fuego de Igualeja del 27 de septiembre y las dos tandas de inundaciones que afectaron al conjunto de Andalucía los días 2 y 17 de octubre.
El Ejecutivo considera que estos sucesos han provocado «daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado». La actuación se enmarca en el principio de solidaridad interterritorial y se plantea de forma subsidiaria: complementar lo que ya hacen la Junta y los ayuntamientos, no sustituirlo. La Junta de Andalucía mantiene sus competencias en emergencias y obra pública, y sus líneas de apoyo se suman a las estatales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros ha declarado zona gravemente afectada por emergencia de protección civil cinco episodios ocurridos en Andalucía entre el 13 de septiembre y el 17 de octubre.
- ¿Dónde y quién? Los incendios de Benahavís e Igualeja (Málaga), las lluvias de Almería y las inundaciones del 2 y el 17 de octubre en el conjunto de la comunidad. Intervienen Interior, Hacienda y Política Territorial.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Permite pedir ayudas por daños personales, vivienda, enseres, comercios e industrias, además de exenciones de IBI, IAE y tasas de la DGT.
De los incendios de Benahavís e Igualeja a las inundaciones de octubre
El primer expediente es el incendio de Benahavís, declarado el 13 de septiembre en este municipio de la Costa del Sol Occidental. El segundo, las lluvias adversas que el 16 de septiembre descargaron con fuerza sobre Almería y su entorno. El tercero, el fuego que el 27 de septiembre afectó a Igualeja, en la Serranía de Ronda. A ellos se suma la doble inundación de octubre, la del día 2 y la del 17, que no se ciñó a una provincia concreta y golpeó al conjunto de Andalucía.
Con la declaración, el Estado habilita a todos sus ministerios para poner en marcha líneas de ayuda con las que compensar «los perjuicios sufridos por personas o instituciones». La efectividad de esas ayudas, eso sí, «quedará supeditada a la acreditación de los daños y perjuicios ocasionados» conforme a los procedimientos y requisitos de cada convocatoria. Es decir: la declaración abre la puerta, no reparte el dinero.
Cada euro de estas ayudas quedará atado a una factura, un informe pericial o un expediente municipal: sin acreditación del daño no hay compensación.
Cuando la Administración General del Estado disponga de una evaluación «más completa» de los daños, elaborada junto a la Junta y a los ayuntamientos afectados, el acuerdo podrá ampliarse con medidas adicionales de recuperación, coordinación y apoyo para favorecer el retorno a la normalidad. El texto también prevé que los departamentos ministeriales puedan declarar zona de actuación especial y tramitar obras de emergencia en los territorios amparados.
Qué se puede reclamar: del IBI a las tasas de la DGT
Las solicitudes por daños personales, vivienda y enseres, gastos de corporaciones locales, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y por prestaciones personales o de bienes durante la emergencia se presentan ya ante la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. En paralelo, Hacienda concretará la exención de la cuota del IBI y la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas, y las ayudas por daños personales quedarán exentas del IRPF.
Interior estudiará además la exención de tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación y conducción, bajas de vehículos siniestrados y expedición del DNI por pérdida o destrucción. Política Territorial y Memoria Democrática concederá subvenciones de hasta el 50% a los proyectos de las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales. Y los contratos de reparación podrán tramitarse como obras de emergencia «cualquiera que sea su cuantía», con ocupación urgente de los bienes afectados.
La Lectura Andaluza
Andalucía es una tierra que aprende de los desastres a base de papeleo, y conviene decirlo pronto: cinco episodios en apenas cinco semanas dejan daños que tardarán meses en cuantificarse. El incendio de Benahavís y el de Igualeja tocaron a dos municipios malagueños de perfil muy distinto, uno con la presión urbanística de la costa y otro con la despoblación del interior, y ese contraste explica por qué las mismas ayudas no valen igual para todos.
Para el vecino de a pie, la letra pequeña es lo que importa: quién paga la reparación del tejado, cómo se repone un negocio cerrado por el agua y con qué aval se pide un duplicado del permiso. El 112 Andalucía y el Plan INFOCA, el dispositivo de extinción que coordina la Junta, sostuvieron la primera respuesta; ahora entra en juego la maquinaria administrativa del Estado, más lenta pero también más ancha.
Queda por delante la fase decisiva: la evaluación conjunta entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos que determinará si hacen falta medidas adicionales. Y una recomendación práctica para quien tenga una casa, un coche o un local dañado en Benahavís, Igualeja, Almería o cualquier punto de la comunidad: conservar cada factura y cada informe, porque aquí la solidaridad también se documenta. Con casi mil kilómetros de costa y más de 770 municipios, Andalucía sabe que el clima extremo ya no es excepción, sino calendario.
