JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha exigido hoy responsabilidades políticas y la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse la existencia de informes y comunicaciones internas de la propia Policía Nacional que advertían de la posibilidad de que se produjera una invasión de la ciudad autónoma de Ceuta.
Desde el 28 de julio, JUPOL ya alertó alertando públicamente de que la situación en Ceuta era insostenible y reclamando un refuerzo urgente de medios humanos y materiales para la Policía Nacional. Una petición que también fue trasladada por la Asamblea de Ceuta al Ministerio del Interior y que fue rechazada.
Denuncia sobre el terreno y reclamación de respuesta inmediata
El pasado viernes JUPOL, informó al presidente de la Ciudad Autónoma, Jesús Vivas, de la existencia de este informe, poniendo de manifiesto que la propia Policía Nacional disponía de información previa sobre la posibilidad de que se produjera una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, suponiendo un riesgo extremo.
Por tanto, «la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior tenían conocimiento de esta información antes de la invasión.
Según la información conocida a través de los medios de comunicación, desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a través del CENIF, se habían producido comunicaciones e informes que advertían de la posibilidad de que se produjera una situación de este tipo. Pese a ello, no se adoptaron las medidas necesarias para garantizar adecuadamente la seguridad de los policías nacionales y de la población ceutí», explica JUPOL en un comunicado.
El pasado 30 de julio, los policías ya denunciaron que lo que estaba sucediendo en Ceuta podría entenderse como una presión en un contexto de guerra híbrida, señalando la responsabilidad de Marruecos detrás de estos hechos.
Ahora, una vez conocida la existencia de estos informes y comunicaciones previas y confirmado el papel de Marruecos, «JUPOL considera de una gravedad extrema que, disponiendo de información que advertía de lo que podía suceder, no se adoptaran las medidas necesarias para proteger Ceuta y a los policías nacionales», sigue el comunicado.
No se trataría solo de una cuestión política. «Estamos hablando de la seguridad de nuestros policías y de la población ceutí. Se puso en riesgo a los agentes de la Policía Nacional y a miles de ciudadanos pese a que existían alertas previas», explican. Hay que recordar, además, que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, una realidad que hace todavía más necesaria una política de Estado y una respuesta firme para garantizar la seguridad de ambas ciudades.
Además, «según informaciones publicadas en prensa, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, mantiene estrechos vínculos con Marruecos y con el máximo responsable de sus servicios secretos, llegando a pasar allí sus vacaciones de verano de 2025″. añaden.
Por todo ello, «JUPOL exige la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los responsables políticos deben asumir responsabilidades y explicar por qué, pese a las advertencias previas, no adoptaron las medidas necesarias para proteger a los policías y a la población de Ceuta», concluyen en su nota.
