La Xunta de Galicia, el gobierno autonómico gallego con sede en Santiago de Compostela, contratará servicios jurídicos externos para reclamar al cártel de pañales para adultos el sobreprecio que pagó durante años.
El anuncio lo realizó este martes Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, y contempla una inversión de 6 millones de euros para externalizar la defensa jurídica del caso. El objetivo es recuperar, al menos, una parte de las cantidades abonadas a las empresas sancionadas por pactar precios en un producto esencial para la sanidad pública.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Xunta ha anunciado que contratará un servicio jurídico externo para reclamar el sobreprecio del cártel de pañales para adultos.
- ¿Quién está detrás? El presidente Alfonso Rueda y el Servizo Galego de Saúde; la reclamación se dirige contra ocho empresas sancionadas por la CNMC.
- ¿Qué impacto tiene? Galicia calcula un perjuicio total de hasta 153 millones de euros y prevé una reclamación aún por cuantificar con exactitud.
Una reclamación que parte de 153 millones de euros
Según el análisis inicial del Servizo Galego de Saúde (Sergas), la red sanitaria pública gallega, el sistema autonómico pagó 141 millones de euros a las compañías implicadas entre 2004 y 2014. A esa cifra se suman las estimaciones anteriores a 2004, desde 1996, cuando el sistema de facturación era distinto. La Xunta calcula que la cantidad total podría alcanzar los 153 millones de euros.
La reclamación definitiva no está todavía cerrada. La cuantía exacta la determinará el despacho o servicio jurídico que la Xunta contrate. Rueda fue claro al respecto: se trata de recuperar lo posible tras una práctica que infló los precios durante años.
Un cártel sancionado con 128,8 millones y ocho empresas implicadas
La CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sancionó en 2016 a ocho empresas del sector de los absorbentes de incontinencia urinaria para adultos con 128,8 millones de euros. El Tribunal Supremo declaró posteriormente firme la sanción de la CNMC, lo que despeja el camino para que las administraciones afectadas reclamen.
Entre las sancionadas figuran Arbora & Ausonia, Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages. Según la resolución, todas ellas habrían coordinado precios de venta a los distribuidores mayoristas con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN.
Galicia no es la única comunidad que prepara su reclamación, pero sí una de las primeras en cuantificar el perjuicio con datos del propio sistema sanitario.
Rueda recordó que el sobrecoste afectó sobre todo a los grandes compradores de pañales para adultos, entre los que figuran las administraciones públicas. En su intervención insistió en que “la Xunta quiere recuperar la parte que sea posible” y apuntó que varias comunidades autónomas preparan reclamaciones similares.
El anuncio llega en un momento en que los presupuestos sanitarios absorben buena parte del gasto autonómico. La reclamación no solo busca resarcir a las arcas públicas: también pretende reforzar la percepción de control sobre la contratación sanitaria. Otras administraciones han iniciado procedimientos similares, aunque Galicia es una de las que ha detallado con más amplitud la estimación de daños.
El Laboratorio Gallego
La reclamación de la Xunta tiene una lectura autonómica inmediata. En un contexto de envejecimiento demográfico y presión asistencial, cada millón recuperado en expedientes sancionadores alivia las cuentas del Sergas. La decisión muestra la voluntad del gobierno gallego de aprovechar las vías judiciales para recuperar fondos públicos. No es una medida presupuestaria más: es una reclamación por daños con cifras revisables y un encargo jurídico específico.
En clave nacional, el caso evidencia que los cárteles de productos sanitarios golpean por igual a comunidades gobernadas por partidos distintos. Galicia, gobernada por el PPdeG con mayoría absoluta, se posiciona entre las administraciones más activas a la hora de reclamar. El BNG y el PSdeG no han criticado la decisión, pero seguirán de cerca que el contrato de 6 millones no se convierta en un gasto sin retorno. La reclamación gallega puede ser un precedente para otras comunidades afectadas.
La proyección es clara. Si el dictamen jurídico confirma el perjuicio y la vía judicial prospera, otras regiones podrían sumarse con estrategias similares. También el Ministerio de Sanidad puede encontrar en estos precedentes argumentos para endurecer el control de los pactos de precios en la contratación sanitaria. Queda una incógnita relevante: el Supremo ha confirmado la sanción administrativa, pero el derecho a cobrar cantidades concretas dependerá de la valoración que haga la justicia. Los 6 millones destinados a defensa jurídica deberán, además, justificarse con resultados. La Xunta apuesta por una reclamación con promesa de retorno, pero el camino procesal puede alargarse.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta de Galicia ha anunciado la contratación de servicios jurídicos externos para reclamar el sobreprecio pagado a un cártel de fabricantes de pañales para adultos.
- Datos importantes: Sanción de la CNMC de 128,8 millones en 2016; perjuicio estimado de 141 millones entre 2004 y 2014 y un total posible de 153 millones; 6 millones para la defensa jurídica.
- Resumen: Galicia se mueve para recuperar fondos públicos tras confirmarse el pacto de precios, y su reclamación puede marcar el camino para otras administraciones autonómicas.
