La asociación española Hazte Oír ha salido en defensa de militares, policías y ciudadanos ceutíes y ha presentado una querella, en ejercicio de la acción popular, por los hechos acaecidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el 20 de julio de 2026 con ocasión de la entrada masiva de inmigrantes y de la situación subsiguiente -en otras, la posible adquisición, fabricación, transporte, suministro y reparto entre los inmigrantes de artefactos capaces de provocar deflagraciones o liberar gases, el aliento de conductas violentas y las agresiones sufridas por militares, agentes de la autoridad y vecinos-«. La querella se dirige contra las personas responsables que se determinen en el curso de la instrucción.
La querella se dirige «contra las personas, físicas o jurídicas, que resulten responsables de los hechos que se relatan en el apartado IV; y, en particular, contra quienes, integrados o no en las organizaciones no gubernamentales, asociaciones o fundaciones que operan en Ceuta desde el 20 de julio de 2026, hayan adquirido, fabricado, transportado, almacenado, suministrado o repartido los artefactos y sustancias a que se refieren los hechos quinto y sexto, o hayan alentado su empleo», explican.
Desde HO añaden que carecen «de acceso a las actuaciones policiales y no está en condiciones de designar nominalmente a nadie. Las señas por las que los querellados pudieran ser identificados se contienen en el relato de hechos y en las diligencias que se interesan, especialmente en las identificaciones ya practicadas por la Policía Nacional según la información publicada».
El objeto de la querella interpuesta sería «la posible adquisición, fabricación, depósito, transporte, suministro y reparto, entre los inmigrantes que permanecen en Ceuta, de artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases, y el aliento de conductas violentas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contra las Fuerzas Armadas desplegadas y contra la población civil ceutí. Así como la investigación de la agresión de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y miembros del Ejército».
El relato de los hechos que recoge la querella es que «desde la tercera semana de julio de 2026 se registró en Ceuta un incremento anómalo de entradas irregulares que culminó los días 30 y 31 de julio con el cruce de decenas de miles de personas por el espigón del Tarajal y por el perímetro fronterizo. Consumada la entrada, y pese a que muchos retornaron por iniciativa propia, miles de personas permanecen en la ciudad —unas 5.000 según el Gobierno de la Nación a 28 de agosto de 2026, entre ellas alrededor de 1.500 menores; y un número mayor según fuentes de las autoridades de la misma ciudad autónoma de Ceuta—, concentradas en las playas del Trampolín, Benítez y Calamocarro y en los dispositivos habilitados al efecto.
La gravedad de lo ocurrido supuso la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta por el Real Decreto 681/2026 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el 30 de julio, varias unidades del Ejército de Tierra -entre ellas el Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54 y el Tercio «Duque de Alba», 2.º de La Legión- desarrollan cometidos de presencia, vigilancia y disuasión en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Asimismo, explican que el 28 de agosto de 2026, Telemadrid informó de que la Policía Nacional investiga «la adquisición masiva e inusual de botellas de aguafuerte y rollos de papel de aluminio» en Ceuta, «productos habitualmente empleados como precursores de artefactos explosivos caseros», y de que la alarma surgió en un establecimiento comercial de la ciudad al advertirse que «un grupo numeroso de migrantes, acompañados por miembros de una ONG, compraba estos materiales en grandes cantidades»; según la misma información, los agentes «tratan de esclarecer la finalidad de estas compras y rastrean la zona para localizar posibles acopios o escondites».
Al día siguiente, 29 de agosto, según la querella, «una información de agencia reproducida por varios diarios se titulaba «Varios identificados de una ONG por el reparto de artefactos de gases a migrantes en Ceuta». El diario The Objective enmarcó el hecho en una investigación de la Policía Nacional sobre la infiltración de personas radicalizadas entre los inmigrantes, añadió la adquisición de acetona y señaló a la organización No Name Kitchen. OKDiario, citando fuentes policiales, publicó que varios miembros de esa organización «han sido identificados por repartir artefactos explosivos caseros», descritos como «productos que se introducen en botellas de plástico para provocar una deflagración y liberar gases», y añadió que los artefactos «estaban siendo repartidos entre inmigrantes y que ya han sido utilizados: este viernes fueron lanzados contra los ceutíes».
Agresiones sufridas por militares, policías y vecinos
Según el mismo relato de los hechos, la madrugada del 27 de agosto de 2026, hacia las 5:30 horas, entre treinta y cuarenta individuos emboscaron en Benzú a una patrulla de cuatro militares del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54. Rodearon su vehículo, que no era blindado, y lo apedrearon con piedras de gran tamaño previamente acopiadas, obligando a sus ocupantes a huir a pie hacia Calamocarro bajo el lanzamiento de proyectiles. Los cuatro militares precisaron asistencia por lesiones y contusiones y se practicaron doce detenciones.
La madrugada del 29 de agosto se produjo una segunda agresión en las inmediaciones de las Murallas Reales: un sargento del mismo Grupo resultó herido por lanzamiento de piedras, con cuatro detenidos. El día 28, la portavoz del sindicato policial JUPOL, había afirmado públicamente que «tiraron un cóctel molotov a los militares» y que «esto no es una chiquillada, esto es gente que sabe lo que se hace y que no le tiembla la mano a la hora de agredir».
Violencia en Ceuta
La violencia alcanzó también a la población civil. Ese mismo 28 de agosto, durante una concentración vecinal en Villajovita, frente a la Colonia Weil, se lanzaron contra los manifestantes botellas con aguarrás, y la Policía hubo de intervenir para evitar males mayores.
En la tarde del domingo 30 de agosto de 2026, en la zona de San Amaro, próxima a la costa y en la que las Fuerzas Armadas mantienen un dispositivo de control, tres individuos lanzaron contra una patrulla militar botellas cargadas con líquido corrosivo, a modo de cóctel molotov, sin llegar a alcanzar a los efectivos. La Guardia Civil localizó y detuvo poco después a los tres autores, de nacionalidad marroquí. Diversas informaciones destacaron que se trataba del tercer ataque contra las Fuerzas Armadas en menos de setenta y dos horas, y la Asociación de Tropa y Marinería Española denunció públicamente este nuevo ataque.
Ese mismo 30 de agosto, la autoridad judicial decretó la prisión provisional de los cuatro detenidos por la agresión en que resultó herido el sargento; y se conoció la condena, con conformidad, de otros cuatro ciudadanos marroquíes, como autores de un delito de atentado, a penas de dos años de prisión sustituidas por la expulsión del territorio nacional, por hechos del 26 de agosto en la calle Escuelas Prácticas, junto a la antigua cárcel de mujeres, en los que, al requerir la Guardia Civil a un numeroso grupo de inmigrantes que, según las actuaciones, portaba armas y objetos punzantes y ocasionaba molestias al vecindario, los condenados acometieron a los agentes y lesionaron a tres guardias civiles, que precisaron asistencia facultativa. Fuentes policiales y militares recogidas ese mismo día por la prensa describen una escalada de violencia contra militares, policías nacionales y guardias civiles, con agresiones continuas: «diariamente hay insultos, escupitajos, empujones».
Detención de voluntarias
La noche del 23 de agosto de 2026, en la playa de Benítez, la Policía Nacional detuvo a dos voluntarias de la ONG No Name Kitchen, de nacionalidades canadiense y alemana. El Ministro del Interior declaró que las detenidas «estaban alentando» a grupos que respondieron con violencia a los agentes y que «han desobedecido y se han resistido» a las indicaciones policiales. La organización sostuvo, en comunicado de 26 de agosto, que sus voluntarias realizaban la distribución diaria de alimentos y grababan una actuación policial, y reclamó el fin de lo que llamó «criminalización» de la labor humanitaria.
El 29 de agosto se publicó la condena, en juicio rápido y con conformidad, de una activista francesa vinculada a colectivos humanitarios, como autora de delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, a penas de multa superiores a 800 euros (ochocientos euros), por hechos de la madrugada del 28 de agosto acaecidos junto a la misma playa de Benítez. Era, según esa información, la tercera detención de la semana entre personas de tales colectivos.
Como antecedente de la relación entre la Administración ceutí y una de estas entidades, el 13 de julio de 2026 -antes de la entrada masiva- la Ciudad Autónoma de Ceuta anunció que estudiaba acciones legales contra No Name Kitchen por las afirmaciones contenidas en un informe suyo sobre los menores tutelados, al entender que atribuía de forma genérica posibles conductas negligentes o delictivas a profesionales, entidades colaboradoras e instituciones públicas.
Desde el 27 de agosto circula en redes sociales una grabación en la que una vecina de Ceuta afirma que una organización habría repartido espráis de pimienta entre los inmigrantes para enfrentarse a las fuerzas desplegadas.
Otra ONG; Mission Lifeline, instaló en la playa del Trampolín y en otros puntos de la ciudad generadores y puestos de carga de teléfonos móviles, atendió en una sola jornada alrededor de cien aparatos y recibió veinte baterías portátiles donadas. La querella también recoge que «Accem ofrece igualmente recarga de teléfonos en el dispositivo que gestiona. La memoria global de 2025 de No Name Kitchen enumera tarjetas de telefonía entre los artículos no alimentarios distribuidos por su red, sin atribuir esa entrega a Ceuta ni al período comprendido entre el 20 de julio y el 30 de agosto de 2026. El Confidencial Digital informó, por su parte, del desplazamiento a Ceuta de brigadas de apoyo mutuo de matriz anarquista que proporcionarían teléfonos móviles a los inmigrantes y documentarían las actuaciones policiales.
Ha circulado en publicaciones digitales otra imputación que de ser cierta, pudiera ser igualmente delictiva: «que una de las organizaciones mantendría en la barriada del Tarajal un inmueble destinado a ocultar personas y a suministrar materiales para la fabricación de artefactos incendiarios, así como que esa misma organización estaría financiada por la Open Society Foundation», añaden.
Investigación ya abierta
La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 3, sigue las Diligencias Previas 64/2026 sobre el carácter eventualmente concertado de la entrada masiva, «causa en la que esta asociación se halla personada en ejercicio de la acción popular. Ante la Fiscalía de Área de Ceuta presentó, el 12 de agosto de 2026, denuncia en protección de los menores llegados desde el 20 de julio; el 28 de agosto denunció ante el Ministerio de Defensa la posible desprotección operativa de los militares emboscados en Benzú», continúan.
Desde HO solicitan ahora que se practiquen 15 diligencias y se argumenta la comisión de 10 delitos.
Entre la práctica de diligencias se pide que la Policía «remita los atestados, actas e informes relativos a: la adquisición masiva de aguafuerte, acetona y papel de aluminio en establecimientos de la ciudad desde el 20 de julio de 2026; la identificación de personas por el reparto de artefactos capaces de liberar gases; los artefactos, sustancias o residuos intervenidos y sus análisis técnicos; y los altercados registrados en la playa del Trampolín entre los días 25 y 27 de agosto de 2026».
También piden que la Comisaría General e Información y la Guardia Civil informen «sobre la eventual presencia de personas radicalizadas entre los inmigrantes y su relación con las agresiones de los días 27 y 29 de agosto y con el artefacto incendiario referido públicamente por la portavoz de JUPOL».
Otra de las diligencias consistiría en que se identifiquen y se citen a «las personas identificadas por la Policía Nacional como partícipes en el reparto de artefactos, con determinación de su vínculo formal o de hecho con organización alguna en la fecha de los hechos. Se interesa asimismo que la Sección reclame de la Jefatura Superior de Policía el atestado en que conste dicha identificación, con las diligencias de reseña y las actas practicadas, a fin de que la determinación nominal de los partícipes se verifique con las garantías propias de la instrucción».
