Miguel Ángel Gallardo, presidente socialista de la Diputación de Badajoz, ex jefe de David Sánchez y ex diputado regional quiere volver a ocupar un puesto en la Administración, aunque no en la Diputación de la que fue presidente hasta su dimisión y posterior inhabilitación durante 18 años por medio de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz. Así parece deducirse de su escrito de alegaciones que presentó el pasado jueves ante el tribunal que lo condenó.
Gallardo, además de presidente de la Diputación fue secretario general del PSOE de Extremadura, alcalde de Villanueva de la Serena y diputado regional brevemente porque dimitió tras su elección.
El ex presidente de la Diputación pacense, condenado por el caso David Sánchez presentaba este jueves un escrito de alegaciones en la Audiencia Provincial de Badajoz en la que pide que se aclare que si su pena de 18 años de inhabilitación a cargo público se limita exclusivamente al cargo de presidente de la Diputación de Badajoz. De esta manera, intenta que su sentencia por dos delitos de prevaricación no se extienda a otros empleos públicos fuera de este organismo provincial y pueda así a trabajar o contratar con cualquier Administración pública o a ejercer cualquier cargo público durante el tiempo de la condena en otra administración.
Hay que recordar que Gallardo se presentó como cabeza de lista en las pasadas elecciones autonómicas de Extremadura, que se adelantaron al mes de diciembre, aunque sobre él pesaba la condición de investigado y dimitió al día siguiente de conocerse los resultados, donde el PSOE obtuvo el peor resultado de su historia en esta comunidad autónoma. Poco después, y por sorpresa, porque había asegurado lo contrario, presentó su denuncia como diputado regional. Luego, este pasado mes de julio, llegaría la sentencia en su contra -la máxima de once procesados- al acumular dos delitos (9 años cada uno) por prevaricación administrativa. En concreto, según el fallo, las penas conllevaban la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años por cada uno de ellos.
En el escrito de su defensa, Gallardo solicita una aclaración de la sentencia, toda vez que una de las acusaciones, ‘Hazte Oír’, y también el sindicato ‘Manos Limpias’ habían también pedido aclarar dicho aspecto del fallo de los magistrados de la Audiencia Provincial. En el primer caso, la asociación pedía expresamente que se aplicara el artículo 42 del Código Penal, para que la inhabilitación se extienda a «los mismos u otros análogos o para el puesto de funcionario en general o para contratar o trabajar para la Administración, o para cualquier cargo público, en cualquier Administración Pública, durante el tiempo de la condena».
Sin embargo, la defensa del ex líder socialista extremeño considera que la petición «rebasa con creces el ámbito de la pena del artículo 42 del Código Penal y no puede ser atendida, toda vez que la inhabilitación especial que allí se regula, a la hora de ser definida en cuanto a su extensión, ha de conectarse con la función raíz o a la actividad que está en el origen del delito, no con los desempeños puramente ocasionales», según una sentencia del Tribunal Supremo.
Escrito de David Sánchez
Un día más tarde presentaba un escrito la defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la que ratifica que su cliente no participó en el proceso para la adjudicación de Coordinador de las Actividades Musicales del Conservatorio, por lo que la Audiencia no le condenó, en oposición a la petición de las acusaciones populares, con la excepción de Manos Limpias, para que fuese condenado por la primea adjudicación y no por el cambio a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
