Desde que, a principios de agosto, el Reino de Marruecos iniciase una ofensiva híbrida para reclamar la soberanía de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, así como de los peñones e islas españolas situados frente a sus costas, muchas han sido las preguntas que han surgido sobre el verdadero sentido de esta acción por parte de Mohamed VI.
Entre las teorías contrastadas por este medio, fuentes cercanas al Ministerio de Defensa señalan que una de las principales peticiones que el Gobierno español podría recibir próximamente será que se conceda al Reino alauita la soberanía sobre el espacio aéreo del Sáhara Occidental, antigua provincia española que Marruecos ocupó a finales de 1975 y cuyo estatus continúa siendo objeto de disputa con el Frente Polisario, representante del pueblo saharaui ante Naciones Unidas.
El debate sobre el futuro del espacio aéreo del Sáhara Occidental puede parecer, a primera vista, una cuestión técnica reservada a controladores, aerolíneas y organismos internacionales. Sin embargo, detrás de las rutas aéreas y los procedimientos de navegación existe una cuestión de mayor alcance estratégico: quién controla los cielos situados frente a Canarias y qué información obtiene de todo lo que sucede en ellos.
España mantiene actualmente desde Canarias la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental. ENAIRE desarrolla esta tarea desde el Centro de Control de Canarias, dentro de las responsabilidades atribuidas por la Organización de Aviación Civil Internacional. El Gobierno español ha descartado hasta ahora transferir formalmente esa gestión a Rabat, aunque las conversaciones sobre el asunto han existido.
La importancia de esta situación aumenta por la posición geográfica del territorio. El Sáhara Occidental se extiende a lo largo de la fachada atlántica africana, directamente frente a Canarias. Para España, por tanto, el espacio aéreo saharaui no es un escenario remoto, sino una zona situada en el entorno inmediato de uno de sus principales territorios estratégicos.
Canarias, en el centro de la ecuación
Una eventual transferencia del control a Marruecos no supondría automáticamente que España perdiera la capacidad de defender Canarias. Tampoco significaría que Rabat pudiera decidir unilateralmente sobre el espacio aéreo español. Pero sí modificaría el equilibrio existente en una zona donde la información, la vigilancia y la capacidad de reacción tienen un enorme valor militar.
La gestión del tráfico aéreo y la soberanía territorial son conceptos diferentes. Precisamente por eso conviene evitar una interpretación simplista del problema. España puede gestionar un espacio aéreo sin ejercer soberanía sobre el territorio situado debajo. La propia documentación parlamentaria española recuerda que el Sáhara Occidental continúa considerado por Naciones Unidas un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
Pero la gestión proporciona conocimiento operacional. Permite disponer de información sobre movimientos aéreos, rutas, incidencias y utilización del espacio. En una región militarizada y sometida a tensiones, ese conocimiento constituye una herramienta estratégica.
El riesgo para España aparecería especialmente si la transferencia de responsabilidades se produjera sin garantías suficientes de intercambio de información, transparencia y coordinación militar.
El factor militar preocupa más que los vuelos comerciales
El aspecto más delicado no está necesariamente en los aviones de pasajeros. El problema aparece cuando se analiza qué ocurre con los vuelos militares, los drones y las actividades de vigilancia.
Marruecos ha convertido el Sáhara Occidental en una pieza fundamental de su dispositivo militar. El grueso de sus fuerzas desplegadas en el territorio y la progresiva modernización de sus capacidades aéreas hacen que el control del espacio aéreo tenga una dimensión que va mucho más allá de la aviación comercial.
De hecho, fuentes consultadas por El Confidencial señalaron que los vuelos civiles son gestionados desde Canarias, mientras que los movimientos militares marroquíes constituyen una realidad diferente.
La evolución tecnológica añade otra variable. Marruecos ha incrementado significativamente el empleo de drones de vigilancia y sistemas no tripulados, mientras moderniza su aviación de combate. Para España, conocer la actividad aérea desarrollada al sur del archipiélago puede resultar relevante para anticipar cambios en el dispositivo militar marroquí.
No significa que el control aéreo permita a España conocer todos los movimientos militares ni que una eventual transferencia conceda a Marruecos una capacidad automática para amenazar Canarias. Sí significa que Madrid perdería una posición privilegiada en la gestión de una zona de enorme importancia geográfica.
Una nueva pieza en el tablero de Canarias
El asunto adquiere todavía más importancia por la creciente discusión sobre las aguas próximas a Canarias. Marruecos ha impulsado durante los últimos años una política destinada a reforzar su posición sobre los territorios que considera sus provincias del sur y sobre los espacios marítimos adyacentes.
En ese contexto, aire, mar y territorio forman parte de una misma ecuación estratégica.
La cuestión es especialmente sensible porque Canarias depende de corredores aéreos y marítimos fundamentales para su conexión con Europa, África y América. Cualquier cambio significativo en el equilibrio regional afecta potencialmente a las rutas comerciales, al turismo, a las comunicaciones y, sobre todo, a la planificación de la defensa.
No es casual que expertos hayan señalado recientemente que el verdadero desafío para España no tiene por qué ser una hipotética reivindicación territorial directa sobre las islas, sino la capacidad de Marruecos para incrementar su influencia sobre el entorno marítimo y aéreo de Canarias.
Por eso, el debate sobre el Sáhara no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat.
Perder información también es perder capacidad estratégica
El principal peligro para España de una transferencia del control aéreo del Sáhara Occidental sería, por tanto, la pérdida de una herramienta de conocimiento y coordinación en una zona geográficamente próxima a Canarias.
La diferencia es importante. No se trataría de entregar a Marruecos las llaves del espacio aéreo español, algo que jurídicamente no sucedería. Se trataría de permitir que Rabat asumiera una responsabilidad que España mantiene actualmente dentro del sistema internacional de navegación aérea.
La cuestión además tiene una dimensión diplomática. Marruecos lleva años intentando consolidar internacionalmente su posición sobre el Sáhara. Estados Unidos reconoció su soberanía sobre el territorio en 2020 y Francia reforzó posteriormente su respaldo al plan de autonomía marroquí. España, por su parte, apoya desde 2022 esa propuesta como base para resolver el conflicto, aunque apoyar el plan de autonomía no equivale jurídicamente a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara.
En este escenario, transferir también la gestión del espacio aéreo tendría un fuerte valor político para Rabat. Podría interpretarse como otro paso en la consolidación de su control efectivo sobre el territorio.
Para España, la cuestión fundamental debería ser otra: qué garantías obtiene a cambio y qué capacidad conserva para conocer y responder a lo que sucede en el entorno de Canarias.
Porque en geopolítica la pérdida de una posición estratégica no siempre llega acompañada de una bandera o de un tratado. A veces comienza con una decisión aparentemente técnica. Y el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental es precisamente una de esas piezas que, pese a parecer administrativa, puede tener consecuencias directas sobre la seguridad de España.
