EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Trump anunció este martes en Lubbock (Texas) la propuesta de la EPA para reabrir los límites de metano del petróleo y el gas, incluida la norma de 2024 conocida como OOOOb/c y el Programa de Superemisores.
- ¿Quién está detrás? La Casa Blanca, el administrador de la EPA Lee Zeldin y el ala del Partido Republicano que responde a los pequeños productores independientes. El anuncio llegó en un mitin de apoyo a Ken Paxton, a una semana de las legislativas.
- ¿Qué impacto tiene? La Casa Blanca cifra el ahorro en 45.000 millones de dólares. Para España, más gas estadounidense en el mercado global presiona a la baja el precio en el mercado ibérico, pero abre una fricción con el reglamento europeo de metano.
Trump ha anunciado este martes en Lubbock (Texas) la propuesta de la EPA que relaja los límites de emisiones de metano del petróleo y el gas.
La cifra la puso el propio presidente: 45.000 millones de dólares de ahorro para consumidores y productores, además de 210 millones de barriles de petróleo adicionales. ‘Ahorrará a los consumidores y a los productores de energía 45.000 millones de dólares en costes, liberará enormes cantidades de gas natural de Texas y producirá 210 millones de barriles de petróleo’, dijo Trump en el mitin, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. Para dimensionarlo: esa cantidad equivale a más de dos puntos y medio del PIB español.
Qué cambia exactamente en la norma del metano
El vehículo es una propuesta de regla que reabre la norma de metano de 2024 aprobada bajo la administración de Joe Biden, conocida en la jerga técnica como OOOOb/c y que fija estándares para las emisiones de metano y otros contaminantes del sector. El texto hace tres cosas. Reconsidera los estándares que se aplican a los pozos marginales. Rescinde el Programa de Superemisores, diseñado para detectar grandes fugas de metano cerca de instalaciones petroleras y cuya aplicación ya había sido retrasada por esta administración. Y suaviza la exigencia de eliminar progresivamente el flaring rutinario, la quema del gas sobrante en el propio yacimiento en lugar de capturarlo.
El corazón político está en los pozos marginales: instalaciones de baja producción que extraen unos 15 barriles equivalentes de petróleo al día de media. Representan menos del 5% del suministro de petróleo y gas de Estados Unidos, pero la propia EPA calcula que generan cerca de la mitad de las emisiones de metano del sector. ‘La persona media del país puede pensar que es razonable meterlos a todos en el mismo saco, con la mentalidad de que todos son Exxon o Chevron’, dijo el administrador de la agencia, Lee Zeldin. ‘Pero no es así’.
El contexto inmediato es el precio del carburante. El gasóleo en Estados Unidos sigue en máximos históricos, a 6,35 dólares por galón, y la administración lleva meses ensayando medidas para contenerlo en un escenario marcado por las guerras de Irán y Ucrania. De ahí el argumento de que aliviar la carga regulatoria al productor pequeño se traduce en más oferta y en precios más bajos en el surtidor.
La norma del metano es el terreno más disputado del derecho ambiental americano: cada administración la reescribe y cada reescritura acaba en los tribunales.
El anuncio llegó además en Texas, el primer estado petrolero del país, con un invitado de excepción: el fiscal general Ken Paxton, candidato al Senado, a una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Washington no elige el calendario por casualidad. El mitin servía a la vez para dos cosas: presentar la medida y movilizar al electorado energético del estado.
El gas americano que calienta España y el choque con Bruselas
España importa prácticamente todo el gas que consume y Estados Unidos se ha consolidado en los últimos años como uno de sus principales proveedores de gas natural licuado, junto a Argelia y Nigeria. Cada barco que sale de Sabine Pass o Corpus Christi con destino a las plantas de Enagás en Huelva, Cartagena o Sagunto se compra a precio de mercado internacional. Más oferta estadounidense significa precios más bajos en el MIBGAS, el mercado ibérico de referencia.
El efecto es indirecto, pero real: si la producción de Texas y de la cuenca Pérmica se abarata, el precio del gas natural licuado en el Atlántico se relaja y la factura de la luz y de la calefacción en España lo nota con cierto retraso. Es la misma lógica que operó en 2023, cuando el shale americano amortiguó el golpe de la crisis energética europea. Y toca a compañías con intereses a ambos lados del Atlántico: Repsol, con producción en el golfo de México, y Naturgy, con contratos de suministro a largo plazo con plantas americanas.
Hay, sin embargo, una fricción. La UE aprobó en 2024 un reglamento de metano que obliga a los importadores a declarar la intensidad de emisiones del gas que compran y abre la puerta a exigir umbrales máximos a los proveedores extranjeros. Un gas más permisivo en fugas es más barato en origen, pero más difícil de certificar en Europa. Bruselas y La Moncloa miran la norma americana con una pregunta en la cabeza: cuánto de ese ahorro se convierte en ventaja comercial y cuánto en coste regulatorio para quien firme el contrato. El Gobierno español, según fuentes del sector consultadas por Moncloa.com, sigue el expediente con interés pero sin posición pública formal: la propuesta aún no es norma definitiva.
La Lógica de Washington
La decisión se entiende mejor desde un despacho de Lubbock que desde Bruselas. El problema que Trump intenta resolver es triple: el precio del carburante, la rentabilidad de los miles de operadores independientes que sostienen la industria en Texas, Oklahoma y Dakota del Norte, y la promesa de producción doméstica sin trabas. La coalición que respalda la medida lleva cuatro décadas peleando contra la misma regla: los productores independientes, sus asociaciones estatales, y el ala del Partido Republicano que ve en cada norma ambiental una barrera de entrada para el pequeño y una ventaja competitiva para el grande.
El precedente histórico es casi circular. Nixon creó la EPA en 1970. Reagan convirtió el alivio regulatorio en programa de gobierno. Obama fijó los primeros estándares de metano en 2016, Trump intentó rescindirlos en 2020 —un tribunal federal tumbó la maniobra—, Biden los reforzó en 2024 con la norma OOOOb/c y ahora la rueda vuelve a girar. Ninguna de esas normas ha sido un punto final. Todas han sido una estación.
La incógnita es técnico-jurídica. El argumento de que un pozo de 15 barriles al día merece un estándar distinto se sostiene ante un tribunal solo si la agencia documenta por qué el tamaño justifica la diferencia de obligación; y el dato de que esos pozos concentran cerca de la mitad de las emisiones del sector juega en contra. La retirada del Programa de Superemisores es la pieza más expuesta, porque elimina la herramienta con la que se detectan las fugas grandes. Se abre ahora el periodo de comentarios públicos, con litigio casi seguro en los tribunales federales antes de que la norma sea definitiva, previsiblemente ya en 2027.
Para España la lectura es de calendario largo. El gas americano más barato llega antes de que Bruselas fije los umbrales de intensidad, y el margen de negociación europeo se estrecha a medida que se firman contratos a largo plazo con la norma americana en vigor. Las legislativas del 3 de noviembre dirán cuánto capital político conserva la Casa Blanca para defender el expediente; el precio del galón, si baja, hará el resto.
Ficha del Caso
- El caso: Trump anunció en Lubbock (Texas) una propuesta de la EPA para reabrir la norma de metano de 2024, aliviar los estándares de los pozos marginales, rescindir el Programa de Superemisores y suavizar las exigencias sobre la quema rutinaria de gas.
- Datos clave: ahorro estimado de 45.000 millones de dólares; 210 millones de barriles de petróleo adicionales; pozos marginales de 15 barriles equivalentes al día que suponen menos del 5% del suministro y cerca del 50% de las emisiones de metano del sector; gasóleo a 6,35 dólares por galón; legislativas el 3 de noviembre de 2026.
- Para España: más gas estadounidense abarata el precio en el MIBGAS y alivia la factura energética, pero complica la certificación de intensidad de emisiones que exige el reglamento europeo de metano, un frente abierto para importadores como Naturgy y para los operadores de las plantas de Enagás.
