La corrupción de los Pujol llega a Argentina: los fiscales piden detenciones por lavado en el Puerto de Rosario.
Durante más de una década, la principal puerta de salida de la agroexportación argentina tuvo detrás de sus sociedades concesionarias un apellido que en España es sinónimo de escándalo político. La investigación del Ministerio Público Fiscal, recogida por La Nación, apunta a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del histórico presidente de la Generalitat de Cataluña, y al contador Gustavo Pedro Shanahan como los ejes de una estructura que habría blanqueado fondos durante 16 años.
El punto de partida está en un fallo de la Audiencia Nacional confirmado en 2021. La justicia española consideró acreditado que el patrimonio del llamado clan Pujol Ferrusola nació de comisiones y sobornos cobrados a cambio de adjudicar obra pública y licencias en Cataluña. Ese dinero necesitaba una fachada limpia, y la encontró al cruzar el Atlántico e inyectarse en la Terminal Puerto Rosario, la concesionaria del puerto.
La ruta del dinero entre Cataluña y Rosario
La mecánica, contada por los fiscales, arranca entre 2004 y 2005. En febrero de 2005, la sociedad offshore Brantridge Holdings Ltd. transfirió 1.850.000 euros a Loster Company S.A., una firma local del entramado, para financiar un aumento de capital. Las fechas y los montos coinciden, y los registros migratorios sitúan a Pujol Ferrusola en Rosario justo antes del desembolso, embarcando hacia Uruguay junto a Shanahan y al entonces presidente de la concesionaria.
La estructura societaria era una cáscara casi perfecta. Tres sociedades concentraban el capital de la terminal: Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A.. Dos de ellas se habían constituido en Tarragona y declaraban en Buenos Aires el mismo domicilio. Detrás de esa pluralidad aparente había una sola voluntad: la de Pujol operando a través de Shanahan.
El sistema transformó el dinero corrupto en activos portuarios y lo revistió de licitud.
Entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos, sobre todo a firmas ligadas a la agroexportadora Vicentin, por cifras millonarias en dólares. La operación transformó el activo: el dinero corrupto entró como inversión y salió como precio de venta. En 2015, un convenio de reconocimiento de deuda simuló que una sociedad española debía 850.000 dólares a Shanahan, excusa para girarle fondos a una cuenta en el Bank of New York Mellon en Estados Unidos.
Entre 2018 y 2019, los fiscales detectaron al menos diez contratos de mutuo, es decir, préstamos, entre firmas como Increase S.A., Natural Food S.R.L. y Los Araucos S.R.L. para circular unos 35 millones de pesos. Eran préstamos simulados para romper el rastro: se depositaban cheques y se retiraba el efectivo por ventanilla de inmediato. Así cerró el circuito de retorno a Europa y a cuentas norteamericanas.
Qué se juega la imagen de España con este expediente
El expediente argentino reabre una herida reputacional para España. El caso Pujol no es solo un asunto judicial catalán: implica a una familia que durante décadas ocupó el centro del poder autonómico y que ahora aparece señalada en una trama internacional de lavado. Cada detención pedida en Rosario recuerda que la corrupción política española puede tener terminales portuarias y cuentas en el exterior.
Además, la causa golpea la credibilidad del control público argentino, pero también interroga la trazabilidad de capitales que salieron de España. La Audiencia Nacional ya había validado el origen corrupto del patrimonio de los Pujol Ferrusola; ahora un tribunal extranjero describe cómo ese dinero pudo blanquearse en una infraestructura estratégica. La percepción no favorece la proyección exterior de la economía española.
El precedente que explica por qué importa el control del dinero sucio
El caso tiene un espejo local muy contundente: el propio Shanahan fue condenado en 2023 a siete años de prisión por narcotráfico. Según la sentencia, desde su financiera de la calle España al 889 abastecía de dólares a una organización liderada por el narco peruano Julio Rodríguez Granthon. En 2021, un allanamiento a esa ‘cueva’ permitió secuestrar 34 millones de pesos, dólares, más de cuatro kilos de cocaína y armas. La corrupción catalana y el narcotráfico rosarino confluyeron en las mismas manos.
Mientras tanto, el Banco Nación había advertido en 2020 que el traspaso accionario de 2010-2012 despertaba dudas por su ‘errática valuación contable’. El Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), obligado a controlar la concesión, no frenó las señales de alarma: empresas creadas para la ocasión, capital ínfimo y vínculos tarraconeses que la Autoridad Portuaria de Tarragona desmintió años después. Una combinación de alertas ignoradas y sociedades pantalla permitió que el esquema funcionara casi 16 años.
La petición fiscal incluye un embargo por 152.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares, y alcanza también a la esposa de Shanahan, Graciela Niobe Tuero, y a sus hijos Esteban Gustavo y Lucila Olga. La investigación describe compras de autos de alta gama, lotes en barrios cerrados y departamentos que se revendían para limpiar el dinero. Todo se compraba y se revendía dentro del círculo íntimo.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: La justicia argentina investiga el presunto lavado de fondos de la corrupción catalana vinculada a los Pujol en la terminal portuaria de Rosario.
- Datos importantes: La trama habría operado durante 16 años; el embargo solicitado asciende a 152.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares.
- Resumen: El expediente reabre una herida reputacional para España y confirma el riesgo de que capitales ilícitos se blanqueen en infraestructuras estratégicas.
