EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha confirmado en el Parlamento andaluz que el Gobierno de Juanma Moreno mantendrá las localizaciones de fosas, exhumaciones e identificaciones de víctimas de la Guerra Civil.
- ¿Quién está detrás? La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, con el respaldo del Ejecutivo autonómico del PP y bajo el pacto de gobernabilidad firmado con Vox.
- ¿Qué impacto tiene? La continuidad de los trabajos convive con la futura ley de concordia pactada con Vox, que sustituirá a la ley de memoria democrática andaluza de 2018.
El Gobierno andaluz mantendrá las exhumaciones en fosas comunes pese a su pacto con Vox. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, lo ha dejado claro este septiembre en la comisión parlamentaria de su ramo: ‘Vamos a continuar con las tareas de localización de fosa, exhumaciones, identificaciones y entrega a los familiares.
No es un anuncio menor. Llega en plena tramitación de una nueva legislatura andaluza y con un acuerdo de gobernabilidad que compromete a PP y Vox a sustituir la normativa de memoria democrática por una ley de concordia. Del Pozo reconoce ese punto, pero separa los planos: su función, ha dicho, es ‘exhumar, identificar y entregar, que es lo que hay que hacer’.
La consejera lo sitúa como ‘una cuestión de humanidad’ y como ‘la gran asignatura pendiente’ de la comunidad. En su intervención, preguntó a los diputados: ‘¿Quién le va a negar a una familia enterrar dignamente a su abuelo?’.
La continuidad de los trabajos y la deuda pendiente
El Ejecutivo autonómico no renuncia a la futura ley de concordia. Defiende que la norma, que debe registrarse antes de que termine 2026 según el pacto entre las formaciones, pueda aprobarse ‘con mayor apoyo’. Y recuerda que la vigente ley de memoria democrática andaluza no le gusta al PP porque salió adelante con todas las abstenciones.
El compromiso presupuestario actual es inferior al previsto en 2018. Los compromisos publicados en el BOJA fijan 1.478.000 euros anuales para trabajos de memoria histórica, frente a los 2,6 millones que contemplaba el documento inicial.
La exhumación no se plantea como un gesto ideológico, sino como la deuda pendiente de una comunidad que aún tiene miles de familias sin poder enterrar a sus seres queridos.
Patricia del Pozo recordó que en los últimos años se han realizado más de 5.000 exhumaciones en Andalucía. Explicó que el tiempo juega en contra: las muestras genéticas provienen de familiares cada vez más lejanos y los restos presentan un peor estado, por lo que encontrar positivos cuesta cada vez más trabajo.
El encaje con Vox y la futura ley de concordia
La posición de la consejera choca con la literalidad del acuerdo de gobernabilidad que PP y Vox firmaron para la legislatura. El texto incluye la creación de una ley de concordia que debe ‘sustituir la normativa vigente en materia de memoria democrática’. Del Pozo confirmó la existencia de ese apartado, aunque defendió que la futura norma no debe frenar la entrega de restos a las familias.
Desde el PP andaluz se insiste en que la futura ley, si llega a tramitarse, debería aspirar a un consenso mayor que la norma de 2018. La consejera recordó que la ley de memoria democrática andaluza se aprobó con todas las abstenciones y estuvo parada durante años por el pacto de investidura hasta que el último Consejo de Gobierno de 2025 aprobó el expediente.
La estrategia del Ejecutivo de Moreno mantiene dos carriles: cumplir con las exhumaciones como política humanitaria y, al mismo tiempo, dar cobertura al compromiso legislativo con Vox. Es un equilibrio que no está exento de fricciones en el seno del espacio de centro-derecha andaluz.
El Eje del Poder Popular
En el tablero andaluz, la decisión de seguir exhumando refuerza el perfil de gestión del Gobierno de Juanma Moreno frente a un Gobierno central más centrado en el conflicto territorial. Del Pozo sitúa la política de memoria como una cuestión de ‘humanidad’ que debe quedar al margen de bandos: ‘Aquí no se pregunta ni qué víctima es ni de qué bando’.
La tensión está en el socio preferente. Vox firmó un acuerdo que apunta hacia la sustitución de la norma andaluza y puede leer las declaraciones de la consejera como una enmienda. El PP, sin embargo, cree que la concordia no consiste en paralizar las exhumaciones, sino en despolitizar la gestión de las fosas. La idea de una ley ‘con mayor apoyo’ permite a Génova andaluza blindarse ante un hipotético desgaste con los colectivos de memoria.
El precedente más claro es la propia norma de 2018: salió con todas las abstenciones y quedó sin desplegar durante años por falta de compromiso presupuestario. Frente a aquella parálisis, el Ejecutivo popular reivindica más de 5.000 exhumaciones y 1,48 millones anuales de financiación. La próxima ventana crítica será la presentación de la ley de concordia antes de que termine 2026.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La exhumación es una política de humanidad y de Estado, no una batalla ideológica; la futura ley de concordia puede convivir con la identificación de las víctimas.
- Protagonista: Patricia del Pozo (consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía).
- Próximo hito: Registro de la futura ley de concordia antes de que termine 2026, según el pacto PP-Vox.
