El Gobierno de Canarias ha pactado un nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para 2026-2036 con revisión anual de proyectos. La intención es clara: evitar que el dinero quede atrapado cuando una obra se retrasa o tropieza con un informe desfavorable.
Un fondo diseñado para ganar flexibilidad
Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo regional, reconoce que el modelo todavía recibe aportaciones de cabildos y ayuntamientos. «Ahora mismo tienen ellos los documentos, pero siguen introduciendo cambios», explica. La simplificación administrativa se ha convertido en la palabra de orden.
La gran novedad respecto al fondo anterior es la posibilidad de reasignar proyectos cada año. Si una actuación se retrasa de forma significativa o recibe un informe desfavorable, podrá trasladarse a otra anualidad y ser sustituida temporalmente por otra que esté lista para ejecutarse. Cabello no esconde el diagnóstico: la rigidez del programa anterior fue uno de sus problemas.
Las prioridades del nuevo Fdcan quedan fijadas por tramos. El 50% de los recursos irá a obras públicas, el 35% a infraestructuras sociosanitarias y el 15% a innovación, desarrollo e investigación. El empleo se mantiene como eje transversal, sin un porcentaje propio pero presente en todas las líneas.
La cofinanciación también se modula por islas para favorecer la cohesión territorial.
Canarias mantiene el músculo financiero de la última década, pero la obra pública y la vivienda son ahora mucho más caras.
- Gran Canaria y Tenerife: 50% Gobierno, 50% cabildos.
- Fuerteventura, Lanzarote y La Palma: 80% Gobierno, 20% cabildos.
- La Gomera y El Hierro: 90% Gobierno, 10% cabildos.
El diseño se ha negociado con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI). «Llegar hasta un grado de consenso en el ‘core’ del documento ha costado bastante, teniendo en cuenta que son recursos de la comunidad autónoma», admite el portavoz.
Los números del fondo y sus límites
La Comunidad Autónoma prevé aportar unos 260 millones de euros al año, lo que suma 1.600 millones de recursos propios en diez años. Esa cifra sale del IGTE, el impuesto canario que grava el tráfico empresarial, y con la cofinanciación insular se eleva hasta unos 2.700 millones de euros.
El fondo anterior movilizó 2.619 millones entre 2016 y 2026. El nuevo se mueve en una horquilla similar, entre 2.600 y 2.700 millones, pero el contexto es otro: la construcción, los materiales y los equipamientos sociosanitarios cuestan hoy bastante más que hace una década. Formalmente no hay recorte, aunque la capacidad inversora real se reduce.
Cabello asume que la cifra queda cerrada en los convenios, aunque deja la puerta abierta a ampliaciones mediante adendas o anexos. «Yo no puedo firmar un convenio diciendo que ya iremos viendo», asegura. La cuestión presupuestaria seguirá siendo el flanco crítico del nuevo fondo.
El Pulso Territorial
El Gobierno de Canarias llega a este acuerdo tras dos conferencias de presidentes y una negociación larga con los siete cabildos. El contexto político no es menor: el archipiélago reparte las decisiones entre una comunidad autónoma y unas corporaciones insulares con intereses propios, y el consenso presupuestario exige encajar prioridades muy distintas entre islas.
La comparación con el ciclo anterior deja el debate servido. El fondo precedente movilizó 2.619 millones y el nuevo se sitúa en una horquilla casi idéntica; sin embargo, el encarecimiento de la obra pública y la emergencia habitacional cambian la fotografía. La flexibilidad mejora, pero el músculo financiero no crece al ritmo de los problemas.
La proyección inmediata es administrativa: el texto debe convertirse en decreto y, después, firmarse convenios con cada cabildo. Queda por ver si las adendas previstas bastan para reforzar un fondo que, al menos sobre el papel, nace con el mismo dinero que el anterior y con retos más caros.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias define un nuevo Fdcan para 2026-2036 con revisión anual de proyectos y prioridades repartidas entre obra pública, sociosanitario e I+D+i.
- Datos importantes: Unos 2.700 millones de inversión total; 50% obra pública, 35% sociosanitario, 15% innovación; cofinanciación insular del 50%, 20% o 10% según isla.
- Resumen: El acuerdo espera convertirse en decreto y convenios con los cabildos; el debate queda en si el importe mantiene capacidad frente al encarecimiento de la construcción.
