El PNV ha reclamado a Pedro Sánchez ‘responsabilidades políticas máximas’ por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 69 fallecidos. La portavoz del partido en el Congreso, Maribel Vaquero, situó el cese o la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, entre las salidas posibles una vez se aclaren los hechos.
La petición no incluyó una mención expresa a Puente, pero sí la referencia al ‘cese o dimisión’ del responsable de Transportes. Si es inasumible, tendrá que tomar medidas’, subrayó Vaquero en alusión a la decisión que corresponde al presidente del Gobierno.
La exigencia llega condicionada al esclarecimiento previo de lo ocurrido. La portavoz emplazó cualquier medida al momento en que se conozcan las conclusiones sobre el siniestro y dejó la decisión final en manos de Sánchez. El Ministerio de Transportes no se ha pronunciado sobre la petición, según la información disponible.
La exigencia de responsabilidad política y su encaje institucional
En el ordenamiento constitucional español, la responsabilidad política de un ministro se dirime ante el Congreso y ante el presidente del Gobierno, que propone su nombramiento y su cese. No existe un procedimiento reglado que obligue a dimitir por un siniestro: la decisión es política y corresponde al titular de la cartera o a quien puede cesarle. La exigencia del PNV se dirige, por tanto, a Sánchez y no al ministro.
Si el grupo vasco traslada la petición a la Cámara, el instrumento habitual es la solicitud de comparecencia del ministro ante la comisión de Transportes o la interpelación en el pleno. El Congreso de los Diputados dispone de un reglamento que permite plantear esa comparecencia sin que ello implique una consecuencia automática sobre el cargo. La información disponible no recoge que el grupo haya registrado ya una iniciativa en ese sentido.
El PNV condiciona su exigencia al esclarecimiento de los hechos y traslada al presidente del Gobierno la decisión sobre la continuidad del ministro.
El peso de los cinco diputados del PNV en la legislatura
El PNV ocupa cinco escaños en el Congreso, un grupo pequeño en número pero relevante en la aritmética parlamentaria del Ejecutivo. Sus votos han resultado determinantes en votaciones ajustadas de la legislatura y el partido ha utilizado esa posición para negociar traspasos y partidas. La demanda sobre Urda se produce, además, en un contexto de relación bilateral abierta con el Ejecutivo central.
Esa doble condición —socio parlamentario y, a la vez, fuerza de oposición en Euskadi— explica el tono de la intervención. En el Parlamento Vasco, el partido sostiene al Gobierno de Imanol Pradales junto al PSE-EE, mientras en Madrid mantiene la distancia con el Grupo Socialista. La formación no ha vinculado públicamente esta demanda a sus acuerdos con el Ejecutivo, de acuerdo con los datos disponibles.
Precedentes de responsabilidad política y el ferrocarril pendiente
El antecedente más citado en este tipo de debates es el accidente de Angrois, en Santiago de Compostela, ocurrido en julio de 2013. Entonces la ministra de Fomento, Ana Pastor, mantuvo el cargo y la investigación se trasladó a la vía judicial. En el caso de Urda la secuencia es distinta: la exigencia procede de un grupo que sostiene al Gobierno en el Congreso.
A ese debate se suma una competencia pendiente. El Estatuto de Gernika atribuye a Euskadi la competencia exclusiva sobre los ferrocarriles que discurren íntegramente por su territorio, y el traspaso de la gestión de Cercanías figura entre las reclamaciones que el Gobierno Vasco mantiene desde hace años. Los servicios de proximidad de Bilbao y Donostia-San Sebastián dependen hoy de operadores estatales.
El siguiente hito será la respuesta del Ejecutivo a la petición y, en su caso, el pronunciamiento del Grupo Socialista. El PNV ha situado el debate en el terreno de la responsabilidad política, no en el judicial, y ha dejado en manos de Sánchez la decisión sobre el cese.
