EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha presentado en la Comisión de Cabildos Insulares del Parlamento el proyecto de actualización de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos.
- ¿Quién está detrás? El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, que ha pedido el respaldo de los siete cabildos tras 17 foros y más de 700 expertos consultados.
- ¿Qué impacto tiene? La cesión obligatoria de aprovechamiento sube del 10% al 15%, se exige desclasificar suelo cuando se clasifica nuevo y se recortan plazos de informes y licencias.
Qué cambia la Ley del Suelo: del 10% al 15% y menos trámites
El Gobierno de Canarias lleva a la Comisión de Cabildos la reforma de la Ley del Suelo, entre críticas por el calendario.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, expuso el texto el jueves ante la Comisión de Cabildos Insulares, el órgano del Parlamento de Canarias donde se sientan los siete cabildos (las corporaciones que gobiernan cada isla, un escalón entre el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos), y reclamó su respaldo. No es una ley nueva: es una actualización de la Ley 4/2017, la norma que ordena el suelo y los espacios protegidos del Archipiélago desde hace nueve años.
El texto no nace en un despacho. Detrás hay un proceso participativo abierto en noviembre de 2023, al calor del congreso de ACADUR, que se prolongó hasta 2025: 17 foros, dos de ellos dedicados en exclusiva a los cabildos, y más de 700 profesionales y expertos. Entre ellos, cerca de 300 empleados públicos de los ayuntamientos y 40 técnicos de las corporaciones insulares. En febrero de 2025 la propuesta pasó por la FECAI (la Federación Canaria de Islas, el órgano que coordina a los siete cabildos).
El corazón de la reforma está en el suelo. La cesión obligatoria de aprovechamiento sube del 10% al 15% en el suelo urbanizable y, cuando se clasifique terreno nuevo, habrá que desclasificar una superficie equivalente. La lógica es contener la expansión: menos mancha urbana, más renovación de lo ya construido y un trato menos gravoso para el suelo urbano que para el urbanizable, con un guiño explícito a las actuaciones de renovación destinadas a vivienda protegida.
El calendario que irrita a la oposición y al Cabildo de Gran Canaria
La letra pequeña del calendario es la que ha encendido el debate. El PSOE canario, Nueva Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han cuestionado que una reforma de esta envergadura se tramite en el tramo final de la legislatura, según las críticas recogidas por la prensa regional. El reproche no va al contenido, sino al tiempo. Sostienen que un texto que reordena el urbanismo de las islas necesita más recorrido parlamentario y más margen para enmendar. Nadie discute el fondo.
En un territorio que no crece, cada metro de suelo que se clasifica de más es una deuda que termina pagando la generación siguiente.
Los cabildos respaldan la renovación, pero reclaman medios. Esa doble lectura dejan las corporaciones insulares: avalan la actualización y piden recursos técnicos y financieros para aplicarla, porque buena parte de los trámites urbanísticos de las islas pasa por por sus oficinas. En agilidad, el texto aprieta el acelerador: menos tiempo para emitir informes y para las consultas, periodos de información pública más cortos, documentación más simple y la mitad de plazo en los informes de las actuaciones de relevancia territorial.
En disciplina urbanística el movimiento va justo en la dirección contraria. Se amplían los plazos de actuación de la Administración para evitar que las infracciones prescriban y se eleva la cuantía mínima de las sanciones. La reforma no toca la estructura de la ley de 2017: mantiene el régimen del suelo, los instrumentos de ordenación, la ejecución del planeamiento y las potestades administrativas, y se limita a incorporar los cambios normativos en clima y vivienda. El suelo no crece. Desde 2017, la norma ha impulsado 250 modificaciones de planeamiento municipal y más de una treintena de instrumentos insulares.
El Pulso Territorial
El mapa de poder acompaña a la letra del texto. Canarias gobierna desde 2023 con un acuerdo entre Coalición Canaria y el PP, una coalición que necesita apoyos puntuales fuera del pacto y que ya mira a 2027, cuando están previstas las próximas elecciones autonómicas. Ese calendario explica el ruido: una ley que no se apruebe antes de la disolución de la Cámara decae con ella.
En esta legislatura el Ejecutivo ha encadenado cinco decretos urbanísticos —el 1/2024 para rehabilitar viviendas inacabadas, el 5/2024 para renovables y autoconsumo, el 3/2025 para acelerar licencias, el 6/2025 contra la caducidad de los instrumentos de ordenación y el 1/2026 sobre usos provisionales— y un paquete de medidas en los presupuestos de 2025 para municipios con reto demográfico. Legislar a golpe de decreto funciona; falta el refrendo parlamentario. El precedente inmediato es la propia Ley 4/2017: nueve años de aplicación y 250 modificaciones municipales después, el Ejecutivo sostiene que toca revisarla y no empezar de cero.
Con la mirada en el pleno, el siguiente movimiento es parlamentario: ponencia, comparecencias y enmiendas antes de que el texto llegue a votación. El Ejecutivo quiere el aval de los cabildos antes de ese trámite, y ahí el Cabildo de Gran Canaria, cuya presidencia ya ha marcado distancias con el calendario, es pieza clave. Baleares, la otra autonomía insular del mapa, arrastra un debate parecido con los consells. El riesgo, aquí, es de reloj: si la legislatura se agota antes de que la ley se apruebe, el texto decae y Canarias vuelve a la norma de 2017 intacta. El reloj corre.
Ficha Autonómica
- El caso: El Gobierno de Canarias presenta en la Comisión de Cabildos Insulares del Parlamento la actualización de la Ley 4/2017 del Suelo, un texto con 17 foros y más de 700 expertos detrás.
- Datos importantes: Cesión obligatoria del 10% al 15% en suelo urbanizable; desclasificación equivalente al clasificar suelo nuevo; 250 modificaciones de planeamiento municipal desde 2017; siete cabildos implicados.
- Resumen: Los cabildos respaldan la reforma pero piden medios; PSOE, Nueva Canarias y el Cabildo de Gran Canaria critican el calendario. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria antes de las elecciones de 2027.
