EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El pleno de San Bartolomé de Tirajana aprueba por unanimidad la ordenanza que fija el uso residencial en zona turística.
- ¿Quién está detrás? La corporación municipal al completo, con el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, como principal impulsor del texto.
- ¿Qué impacto tiene? Los propietarios podrán pedir un certificado que acredite la situación jurídica de su vivienda, aunque la norma debe pasar todavía por información pública.
El pleno de San Bartolomé de Tirajana aprobó este jueves por unanimidad la ordenanza de uso residencial en zona turística.
Tres fechas para salir de la incertidumbre jurídica
La sala de las Casas Consistoriales se quedó pequeña. Ochenta vecinos siguieron el debate y lo cerraron con una salva de aplausos cuando todos los grupos levantaron la mano a favor del mismo texto. Unanimidad para una norma esperada durante años. El acuerdo no cierra los expedientes abiertos, pero pone por escrito qué es cada cosa en un municipio donde la urbanización turística y la vivienda permanente llevan décadas mezcladas.
La ordenanza fija criterios para determinar la situación jurídica de los usos residenciales que ya existen en la zona turística. Para ello traza tres fronteras: lo anterior y lo posterior al Plan General de 1996, a la Ley de Renovación Turística de 2013 y al régimen de la Ley del Suelo de Canarias de 2017. Cada inmueble tendrá su propio diagnóstico legal según cuándo empezó a usarse como vivienda, si contaba con autorización y qué norma le resulta aplicable.
Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde, admitió que no siempre pensó como ahora. «Soy un converso confeso», dijo antes de avisar de que la ordenanza no deja sin efecto las sanciones firmes. Su intervención tuvo un recuerdo expreso para Blas Padrón y Javier Luzardo, los dos vecinos fallecidos que sostuvieron la reclamación desde el principio. «Llevan años soportando incertidumbre, gastos y miedo por una política turística mal entendida e injusta», señaló ante la corporación.
El texto deberá superar ahora un periodo de información pública antes de su aprobación definitiva. Después, cualquier titular podrá solicitar al ayuntamiento un certificado que acredite la situación jurídica de su vivienda, con escrituras, licencias, empadronamientos, suministros y otros antecedentes. El siguiente frente será la convivencia de usos en el futuro Plan de Modernización (PMM) de Maspalomas–Costa Canaria, el instrumento con el que Canarias ordena la renovación de sus zonas turísticas maduras.
En San Bartolomé de Tirajana, la frontera entre el turista y el vecino no la dibuja el mapa: la dibuja un certificado municipal.
El agua, 45 millones y un contrato caducado desde 2025
La sesión tuvo un segundo bloque de calado. El gobierno municipal aprobó el inicio del procedimiento para licitar en concesión administrativa el servicio de abasto y saneamiento, después de que el contrato actual, gestionado por Canaragua, expirara el 31 de diciembre de 2025. Veinticinco años de concesión y 45 millones de inversión inicial, repartidos en cinco anualidades de nueve millones, más un mínimo de 700.000 euros anuales en reposición y mejoras.
La sesión del pleno, el órgano donde se votan las ordenanzas y los contratos municipales, dejó más acuerdos. El consistorio tomó conocimiento de la auditoría del Fondo Canario de Financiación Municipal, en la que supera todos los indicadores, aprobó una moción del PSOE para facilitar el empadronamiento de las personas sin hogar y rechazó la petición de los exediles de Nueva Canarias de abrir el aparcamiento subterráneo de El Tablero. El informe municipal de hace un año cifraba en en 1,9 millones la inversión necesaria para reponer las instalaciones.
El Pulso Territorial
El archipiélago afronta este debate con el Gobierno de Canarias —coalición de Coalición Canaria y PP que preside Fernando Clavijo— metido de lleno en la discusión sobre el peso del turismo en el acceso a la vivienda. San Bartolomé de Tirajana no es una excepción, es el laboratorio donde se mide la temperatura. Lo que aquí se apruebe se leerá con atención en otros destinos maduros del archipiélago, empezando por el sur de Tenerife y por Lanzarote, y también en Baleares, donde la residencialización de las urbanizaciones turísticas plantea el mismo pulso con acentos distintos.
La clave está en lo que viene. El texto debe pasar por información pública y volver al pleno para su aprobación definitiva, un trámite que puede alargarse meses y que medirá la resistencia de quienes consideran que la norma legitima situaciones irregulares. A eso se suma el calendario: las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027 convertirán cualquier certificado en material electoral. Y el PMM de Maspalomas–Costa Canaria será el siguiente campo de batalla entre quien quiere más camas y quien quiere más vecinos. El riesgo es conocido: sin un marco autonómico estable para el uso turístico de viviendas, el margen de un ayuntamiento se queda corto.
Ficha Autonómica
- El caso: San Bartolomé de Tirajana cierra filas con sus vecinos y aprueba por unanimidad la ordenanza que ordena el uso residencial en zona turística.
- Datos importantes: Tres referencias legales (1996, 2013 y 2017), certificado municipal acreditativo, 80 vecinos en el pleno y un contrato de aguas de 25 años con 45 millones de inversión inicial.
- Resumen: Aprobada la ordenanza, queda el periodo de información pública y la aprobación definitiva. Después llega el Plan de Modernización de Maspalomas–Costa Canaria.
