EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Clavijo ha analizado con CEAR los primeros meses del Pacto Europeo de Migración y Asilo en una reunión celebrada el 29 de octubre en Santa Cruz de Tenerife.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de Canarias, la ONG CEAR y un Estado al que la comunidad reclama instrucciones, personal y una Junta de Seguridad.
- ¿Qué impacto tiene? Casi 4.000 migrantes han llegado a las islas en octubre, un 240% más que hace un año, con El Hierro al límite de sus recursos.
Canarias sumó casi 4.000 migrantes en octubre, un 240% más, con el Pacto Europeo de Asilo aún sin instrucciones claras.
Lo que dice el informe de CEAR y por qué incomoda en Canarias
El presidente canario, Fernando Clavijo, recibió el jueves 29 de octubre en la sede de Presidencia, en Santa Cruz de Tenerife, al secretario general de CEAR (la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la ONG de referencia en el acompañamiento a solicitantes de asilo), Mauricio Valiente, y a Mónica López. Sobre la mesa, los primeros meses de aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA, el marco con el que la Unión Europea pretende homogeneizar los procedimientos de asilo).
Del encuentro salió una conclusión incómoda para Bruselas y para el Gobierno central: el nuevo marco se está aplicando sin formación, sin personal y sin instrucciones homogéneas. Lo recoge el informe ‘Primeros pasos de la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en España’, que CEAR presentó a Clavijo con la consejera Candelaria Delgado y el viceconsejero Octavio Caraballo en la mesa.
El documento detecta dificultades en la adaptación normativa, atascos en la tramitación de las solicitudes de protección internacional y fallos en la identificación de personas vulnerables. Traducido a la vida diaria de las islas: expedientes que se eternizan y personas que permanecen más tiempo del previsto. “Desgraciadamente está ocurriendo lo que ya habíamos advertido”, resumió el presidente.
Clavijo sostuvo que el PEMA “es menos garantista con los derechos de las personas” y que complica la labor de funcionarios y organizaciones humanitarias. Su preocupación de fondo es de diseño: si los procedimientos se concentran en los territorios fronterizos, y Canarias lo es, la comunidad acaba asumiendo una carga administrativa que no le corresponde.
El Hierro sostiene la presión mientras el Estado no responde
La presión ya tiene un rostro concreto: El Hierro. La isla más occidental del archipiélago ha recibido cerca de 3.000 personas en lo que va de octubre, y sus recursos de de acogida y su sanidad trabajan al límite. Clavijo visitó la isla el miércoles y reclamó al Estado una dotación estable de personal sanitario y sociosanitario para los CATE (los Centros de Atención Temporal de Extranjeros, las instalaciones de primera acogida), además de mejores instalaciones y transporte. Aquí no llega el refuerzo a tiempo.
Canarias no discute el marco europeo: discute que nadie le haya explicado cómo aplicarlo con casi 4.000 llegadas en un solo mes.
La comunidad sigue sin respuesta. El Gobierno autonómico remitió una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con medidas urgentes ante el repunte, y ha solicitado por escrito una Junta de Seguridad —el órgano de coordinación entre el Estado y la comunidad en materia de seguridad— que lleva más de un mes sin convocarse. “No estamos pidiendo nada del otro mundo”, insistió Clavijo.
En el plano social, el secretario general de CEAR puso el foco en el relato. Valiente alertó del aumento de los discursos xenófobos y defendió que “la inmigración es una realidad que no va a cambiar, es un hecho estructural”. La organización reconoció, eso sí, el papel constructivo del Ejecutivo canario con los menores y los solicitantes de asilo.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna en coalición: Coalición Canaria y el PP sostienen a Clavijo desde 2023 con mayoría simple y apoyos puntuales de la Agrupación Socialista Gomera. La gestión migratoria no rompe a los dos socios, pero sí marca el pulso con el Estado, y lo hace con la vista puesta en 2027, cuando las urnas medirán la factura política de cada llegada.
El caso canario no es aislado entre las comunidades que cubrimos, aunque sí extremo. Ceuta y Melilla afrontan la presión en formato urbano, y con cifras mucho menores; Canarias absorbe la ruta atlántica, una de las más peligrosas del océano, con algo más de dos millones de habitantes repartidos en ocho islas. Ya ocurrió en 2006, cuando la llegada masiva de cayucos obligó a rehacer la respuesta estatal. Dos décadas después, el patrón se repite con otro marco legal encima.
Lo que viene se mide en semanas. La Junta de Seguridad pendiente, la respuesta a la carta enviada a la Presidencia del Gobierno y la letra pequeña del PEMA marcarán el otoño canario. El informe de CEAR deja una advertencia que el Ejecutivo autonómico comparte: si la adaptación se demora, la factura la pagarán los servicios públicos de las islas. El riesgo es que la coordinación llegue, como en 2006, cuando ya no quede margen.
Ficha Autonómica
- El caso: Clavijo y CEAR revisan en Santa Cruz de Tenerife los primeros meses del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en pleno repunte de cayucos hacia el archipiélago.
- Datos importantes: casi 4.000 llegadas en octubre (+240% interanual); cerca de 3.000 personas en El Hierro en el mes; informe de CEAR sobre el PEMA; Junta de Seguridad solicitada hace más de un mes.
- Resumen: Canarias reclama instrucciones, personal sanitario estable y coordinación estatal. Pendientes la respuesta del Gobierno central, la convocatoria de la Junta de Seguridad y el despliegue completo del marco europeo.
