El Plan Moves ha subvencionado miles de coches eléctricos que sus compradores todavía no han cobrado. La ayuda se concede por resolución, pero el dinero llega cuando la comunidad autónoma cierra la tramitación y se transfieren los fondos: entre un momento y otro pasan meses y, en los expedientes más lentos, más de un año. Quien compra adelanta el dinero, financia la compra y asume el riesgo de que el pago se demore. Y el programa se ha prorrogado varias veces con el ejercicio ya empezado.
La lista no ordena comunidades ni busca culpables: sigue el recorrido de una ayuda desde que se concede hasta que se ingresa y se detiene en los puntos donde el expediente se atasca. El criterio es el del comprador que ya ha pagado el coche y espera. Por eso pesan tanto el calendario presupuestario, que empuja los abonos al cierre del ejercicio, y la fase de subsanación de documentos, como la distinta velocidad de las comunidades autónomas o el coste de renunciar a la ayuda, pedir un préstamo o aceptar que el concesionario adelante el dinero.
1Más de un año de espera: la brecha entre las ayudas concedidas del Plan Moves y las efectivamente pagadas
El Moves III cerró su última convocatoria el 31 de diciembre de 2025 con más de la mitad del dinero aprobado todavía en el limbo. A mediados de febrero de 2026, el 52% de las ayudas concedidas ese año seguía sin abonarse y las comunidades arrastraban 580,7 millones de euros pendientes de pago, según los datos del IDAE. Solo nueve de las 17 autonomías y las dos ciudades autónomas superaban el 48% de pago medio nacional: Baleares, Melilla y Asturias no habían desembolsado ni un euro, mientras Ceuta alcanzaba el 98% y Madrid el 71%. Un mes antes, con 1.335,8 millones asignados, lo pagado se quedaba en 493,4 millones. La consecuencia para el comprador es una espera que en numerosos expedientes supera los doce meses desde la compra y que en casos documentados llega a tres años.
La brecha no nace de un impago, sino de una secuencia administrativa: la resolución de concesión no otorga el derecho al cobro. Las bases dan al beneficiario hasta ocho meses —doce con prórroga— para justificar la operación con factura, permiso de circulación, justificante bancario y fotografía del vehículo, y solo después de verificar esa documentación la comunidad ordena la transferencia. Cada requerimiento devuelve el expediente a la cola. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, reconoció en la Conferencia Sectorial de diciembre que el grado de verificación oscila entre el 91% y el 3% según el territorio, con el 5% del presupuesto habilitado para reforzar recursos administrativos y un plazo europeo —el primer semestre de 2026— como único acicate real. Y en al menos cinco autonomías (Madrid, Andalucía, Castilla y León, Navarra y Extremadura) la lista de espera de 2025 no se cubrirá ni con la ampliación de 381,76 millones aprobada en diciembre.
