La Asociación Judicial Francisco de Vitoria reclama al CGPJ que proteja la independencia judicial del Tribunal Supremo frente a las críticas del Ejecutivo. El comunicado, fechado este 15 de septiembre de 2026, sitúa la respuesta en la medida cautelar adoptada por el Alto Tribunal en relación con la denominada ‘Ley de Nietos’.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? No existe en este caso una sentencia nueva: la AJFV se pronuncia sobre la reacción política suscitada por una medida cautelar del Tribunal Supremo.
- ¿Qué base jurídica aplica? La asociación invoca la separación de poderes y la independencia judicial como principios estructurales del Estado de Derecho.
- ¿Qué impacto tiene? Reclama al Consejo General del Poder Judicial un pronunciamiento institucional expreso en defensa de los jueces y magistrados.
El comunicado de la AJFV y la medida cautelar sobre la ‘Ley de Nietos’
La asociación judicial expresa su preocupación por el tono de las declaraciones realizadas desde el Poder Ejecutivo y por representantes de las formaciones políticas que lo sustentan. A su juicio, las críticas vertidas después de la decisión del Tribunal Supremo obligan a recordar un principio esencial del Estado de Derecho: la independencia judicial.
Para fundamentar su posición, la AJFV recupera las palabras de Isabel Perelló durante la apertura del año judicial. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo advirtió de que no resulta admisible convertir la descalificación pública de los jueces en un mecanismo de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción.
El comunicado subraya la gravedad de atribuir motivaciones políticas a las decisiones adoptadas por jueces y tribunales en lugar de razones estrictamente jurídicas. Según la asociación, afirmar que los tribunales resuelven conforme a criterios políticos supone cuestionar directamente su imparcialidad y puede llegar incluso a implicar la atribución de una conducta delictiva.
La AJFV distingue entre cuestionar una resolución judicial y desacreditar a quienes tienen la responsabilidad de dictarla: ‘La discrepancia con las resoluciones judiciales forma parte de una sociedad democrática. La deslegitimación de quienes las dictan, no’.
La asociación agradece la intervención realizada por Isabel Perelló en defensa de estos principios. Sin embargo, considera que la actuación del órgano de gobierno de los jueces debe ir más allá y reclama al Consejo General del Poder Judicial que ejerza las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas.
La AJFV sitúa la descalificación de los magistrados como una forma de presión sobre la jurisdicción que exige una respuesta institucional expresa del Consejo General del Poder Judicial.
La petición institucional al Consejo General del Poder Judicial
La petición de la AJFV no se limita al ámbito de una comunicación corporativa. La asociación entiende que las descalificaciones producidas en torno a la decisión del Tribunal Supremo sobre la ‘Ley de Nietos’ han traspasado el terreno de la crítica legítima a una resolución judicial concreta.
Por ello sostiene que corresponde al Consejo General del Poder Judicial un pronunciamiento expreso en defensa de la independencia judicial y de los magistrados que forman parte de los tribunales españoles. La AJFV entiende que el silencio institucional resultaría insuficiente ante una controversia que, a su juicio, no se ciñe a la valoración jurídica de una medida cautelar, sino que alcanza a la legitimidad misma del ejercicio de la función jurisdiccional.
El comunicado no cita una resolución concreta del Tribunal Supremo ni detalla el objeto de la medida cautelar. Se limita a situar la discusión en el marco de la separación de poderes y de la preservación de la independencia de jueces y magistrados cuando las decisiones de los tribunales afectan a asuntos con evidente relevancia política.
La Doctrina del Tribunal
La controversia en torno a la ‘Ley de Nietos’ se inserta en una consolidada construcción institucional sobre la independencia judicial. El artículo 117.1 de la Constitución configura la justicia como una emanación popular administrada por juzgados y tribunales independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La separación de poderes impide que las críticas políticas se conviertan en mecanismo de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. Cuando se atribuye a un tribunal una motivación ajena al Derecho, no se discute solo una resolución; se cuestiona la imparcialidad del órgano y, con ello, la confianza en la función jurisdiccional.
El papel del Consejo General del Poder Judicial tampoco es accesorio. El artículo 122.2 de la Constitución lo configura como órgano de gobierno del Poder Judicial, lo que incluye la competencia de velar por la salvaguardia de la independencia judicial en términos institucionales. La reclamación de la AJFV se apoya en este encaje constitucional: la defensa de los jueces frente a descalificaciones políticas no depende únicamente de la actuación de cada titular, sino que exige una respuesta orgánica que recuerde los límites de la crítica legítima y preserve la autoridad de las resoluciones. La nota tampoco pide censura de la discrepancia; reclama que la crítica se mantenga en el plano de la argumentación jurídica y no derive en deslegitimación personal o corporativa de los jueces.
FICHA DEL CASO
- El caso: Reclamación institucional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria al CGPJ tras las críticas políticas a la medida cautelar del Tribunal Supremo sobre la denominada ‘Ley de Nietos’. No se analiza un procedimiento contencioso específico.
- Datos importantes: Comunicado de la AJFV fechado el 15 de septiembre de 2026. Base constitucional: artículos 117.1 y 122.2 de la Constitución Española. No hay número de sentencia ni cuantía económica.
- Fecha de los juicios: No ha existido vista oral. La fecha relevante es la del comunicado: 15 de septiembre de 2026. No consta publicación en CENDOJ ni en el BOE.
- Personas acusadas y por qué: N/A.
