El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular advierte en Es Radio y RNE de una situación insostenible con hasta 50.000 personas en las calles y vecinos haciendo guardia en sus puertas ante el miedo generalizado.
La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa horas críticas marcadas por el desconcierto, la tensión institucional y una situación de inseguridad sin precedentes que ha llevado al límite a sus infraestructuras y a sus vecinos.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha lanzado este viernes una severa advertencia en los micrófonos de Es Radio y RNE sobre la invasión que está sufriendo Ceuta, exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de «ponerse de lado» y asuma de manera inmediata su responsabilidad institucional ante una crisis humanitaria y de seguridad que ya resulta insostenible para los habitantes locales.
Durante sus intervenciones radiofónicas, el dirigente popular ha descrito con crudeza la sensación de miedo, inseguridad y abandono que padecen los ceutíes debido a la clamorosa falta de respuesta estatal y al déficit de efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según ha trasladado Bravo tras sus contactos sobre el terreno, los ciudadanos “están muy cabreados y muy asustados” ante la magnitud de una oleada migratoria descontrolada que amenaza la convivencia pacífica en la ciudad autónoma.
Una ciudad colapsada por el desborde fronterizo
La magnitud de los acontecimientos supera con creces cualquier precedente histórico en el enclave norteafricano. Bravo ha alertado de que decenas de miles de personas se encuentran intentando acceder a viviendas particulares o locales comerciales, mientras proliferan los asentamientos improvisados con personas durmiendo en jardines, parques y plazas públicas de toda la ciudad. La presión sobre el tejido urbano ha llegado a tal extremo que numerosos propietarios de chalets situados en las zonas residenciales se han visto en la obligación de pasar la noche haciendo guardia en las puertas de sus propias casas “para que no les asaltasen”.
Ante este escenario de colapso, el responsable popular ha reclamado de forma urgente un refuerzo drástico con más efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como el despliegue operativo del Ejército más allá de las inmediaciones de la frontera para restablecer el orden público. Las estimaciones que manejan las propias fuerzas policiales sitúan el número de personas llegadas en cifras alarmantes: entre 40.000 y 50.000 entradas en un territorio con una población residente de apenas 80.000 habitantes. “Es imposible de soportar para Ceuta”, ha sentenciado con rotundidad el vicesecretario de Hacienda.
El dirigente del Partido Popular ha responsabilizado directamente al Ejecutivo central y ha recriminado que la ciudad lleve alertando de esta auténtica emergencia desde el pasado lunes sin obtener una sola respuesta efectiva desde Madrid. “Sánchez tiene la responsabilidad. Hay medidas excepcionales para dar respuesta a situaciones excepcionales”, ha reiterado Bravo, recordando que la formación conservadora ya ha puesto sobre la mesa una propuesta formal para modificar urgentemente la Ley de Extranjería mediante lectura única, permitiendo así las devoluciones inmediatas de las personas que accedan de manera irregular por vía marítima.
Unanimidad política en Ceuta frente al desamparo
La gravedad de la crisis ha logrado un hecho insólito en el tablero político local: la unidad absoluta de todas las formaciones del Parlamento de Ceuta, desde la izquierda hasta la derecha, con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, a la cabeza. Todos los representantes institucionales locales exigen unánimemente que el Gobierno central declare la emergencia nacional, autorice el despliegue castrense en el interior y ordene el cierre preventivo de la frontera para frenar la sangría operativa.
Para Bravo, el marco jurídico español cuenta sobradamente con los instrumentos legales necesarios para hacer frente a coyunturas de esta naturaleza. Entre las herramientas disponibles ha destacado la posibilidad de declarar la emergencia nacional amparándose en la Ley de Seguridad Nacional, un mecanismo indispensable “para recuperar el control de fronteras y garantizar la seguridad y las devoluciones”, sumado a la activación del dispositivo de Frontex que ya ha solicitado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que ha sido reiteradamente ofrecido por las instituciones de la Unión Europea.
Asimismo, el vicesecretario popular ha calificado de muy desacertadas las recientes valoraciones vertidas por miembros del Ejecutivo central. “Sánchez y Marlaska no pueden decir que aquí no hay una emergencia”, ha criticado con dureza, anticipando que el ministro del Interior tendrá que rectificar públicamente: “Supongo que Marlaska pedirá perdón por sus desafortunadas declaraciones diciendo que esto no es una emergencia”.
Exigencias al presidente del Gobierno y dudas sobre Marruecos
De cara a la anunciada visita del presidente del Gobierno a la ciudad autónoma, Bravo ha advertido que Pedro Sánchez no puede presentarse en Ceuta con las manos vacías, sino que tendrá que comparecer con “hechos concretos a los que se pueda comprometer”. En este sentido, ha recordado que la frontera terrestre y marítima de Ceuta no es únicamente un asunto local, sino que representa la frontera exterior de España y de toda la Unión Europea: “No se puede dejar sola a una ciudad”.
En el plano político institucional, el dirigente del PP ha lamentado que el Gobierno central mantenga su habitual dinámica de aislamiento, reconociendo que ningún representante del Ejecutivo se ha dirigido al principal partido de la oposición para abordar la crisis, a diferencia de la fluida comunicación mantenida entre el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente ceutí Juan Vivas. Finalmente, Bravo ha lanzado una severa advertencia sobre el papel de los países vecinos en la génesis de esta crisis migratoria: “¿Es este el comportamiento leal de un país vecino?”, se ha preguntado, concluyendo que el Estado español se verá en la obligación inexcusable de “pedir explicaciones a Marruecos”, puesto que “no parece que haya actuado con la diligencia debida”.
