EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Félix Bolaños ha presionado al Tribunal Supremo para que desbloquee la ley de nietos y restablezca el voto de los descendientes de exiliados antes de 2027.
- ¿Quién está detrás? El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el portavoz adjunto del PP en el Senado, Alfonso Serrano, que ha elevado el tono con una advertencia penal.
- ¿Qué impacto tiene? El PP acusa al Gobierno de ingeniería electoral y reclama derogar la instrucción de 2022 que amplió discrecionalmente el censo.
Félix Bolaños ha presionado al Tribunal Supremo para que desbloquee la ley de nietos y devuelva el voto a los descendientes de exiliados. La interpelación, celebrada ayer en el Senado, ha puesto sobre la mesa un choque entre el Ministerio de Justicia y el alto tribunal que puede tener recorrido jurídico.
Bolaños ha defendido la concesión del derecho al voto a todos los descendientes de españoles que salieron del país entre 1936 y 1955, a quienes una instrucción interpretativa de la Ley de Memoria Histórica presume la condición de represaliados. La medida quedó paralizada cautelarmente por el Supremo al considerar que eleva el censo y puede alterar de forma significativa el resultado electoral.
El ministro ha urgido al tribunal a levantar esa suspensión y ha recordado que muchos nacionalizados pudieron votar en 2023 y ahora podrían ver cómo se les arrebata ese derecho. ‘Esas personas son españolas y tienen que tener todos los derechos, incluido el más sagrado que es el voto’, ha recalcado.
La respuesta del senador del PP Alfonso Serrano ha sido contundente. Ha acusado al PSOE de hacer ‘ingeniería electoral’ con vistas a los próximos comicios y ha advertido a Bolaños de que su maniobra puede acabar ‘en Estremera, Valdemoro o Soto del Real’.
La interpelación en el Senado: del censo al aviso de Soto del Real
El PP defiende que los descendientes de exiliados sean nacionalizados y tengan derecho al voto, pero rechaza el método. Considera que una instrucción administrativa dictada en 2022 por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, no puede sustituir al legislador ni crear derechos que el Parlamento no ha reconocido.
Serrano ha instado al ministro a derogar esa disposición y ha aportado cifras para sostener su tesis. En Argentina hay un millón de solicitudes de nacionalización y en Cuba, 350.000, pese a que los registros oficiales apenas recogen 500 exiliados republicanos en ese país. ‘Pasar de 500 a 350.000 parece un exceso’, ha recalcado.
Una instrucción administrativa de 2022 ha abierto la puerta a un censo paralelo: esa es la raíz del choque entre el Gobierno y el Supremo.
El senador también ha pedido explicaciones sobre los criterios para atribuir circunscripción a los nuevos votantes. Según su denuncia, miles de descendientes se han apuntado a municipios que no existían en 1955 y ya hay 160 municipios con más censo fuera de España que en el propio pueblo.
Presión al Supremo y acusación de ingeniería electoral
Bolaños ha respondido con sorna: se ha mofado del ‘nivel’ de Serrano y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a los que ha situado en ‘la cúspide, el ático’ del partido, y ha insistido en que los objetivos de la ley de Memoria son reparar a los perseguidos por la dictadura. El ministro ha acusado al PP de ‘hipocresía’, de ‘dejarse arrastrar por la extrema derecha’ y de convertirse en un partido ‘antisistema’.
Bolaños ha defendido que la ley de 2007 ya permitió una oleada de 300.000 nacionalizados con derecho a voto mediante una disposición ‘idéntica’ a la de 2022, y ha recordado las promesas de Feijóo a los descendientes de españoles en Argentina. Para el ministro, el auto del Supremo ‘se crean españoles de primera y de segunda: unos con derecho a voto y otros, sin él’.
El Eje del Poder Popular
Desde Génova, la lectura es clara: el Gobierno reacciona ante una decisión judicial que contraría su estrategia electoral y, en lugar de tramitar una ley en las Cortes, presiona al Tribunal Supremo. Dirigentes populares subrayan que Bolaños no responde a las preguntas de fondo: cómo se atribuye circunscripción a los nuevos votantes y por qué una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica puede ampliar derechos sin pasar por el Parlamento.
El impacto territorial de esta polémica es evidente en las comunidades con más emigración histórica, como Galicia, Madrid o Andalucía, donde el censo exterior puede inclinar determinados resultados locales. La denuncia de Serrano sobre municipios con más censo en el extranjero que en el propio pueblo preocupa a los gobiernos autonómicos del PP, que reclaman seguridad jurídica en el padrón y en los procesos electorales.
La ley de Memoria Histórica de 2007 ya abrió una oleada de nacionalizados con derecho a voto, según defendió Bolaños. El PP sostiene que aquella disposición se tramitó en las Cortes, mientras que la instrucción de 2022 es una vía administrativa discutible. Ahí está el riesgo inmediato: si el Supremo confirma la suspensión, el Gobierno quedará retratado ante los suyos por haber molestado al alto tribunal; si la levanta, el censo se ampliará por una vía que el PP considera irregular. Habrá que seguir de cerca el próximo movimiento.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Frente a la presión del Gobierno sobre el Supremo, el PP se presenta como el dique de la legalidad constitucional y del control del censo.
- Protagonista: Alfonso Serrano (portavoz adjunto del PP en el Senado y número dos del PP de Madrid).
- Próximo hito: Posible pronunciamiento del Tribunal Supremo antes del inicio de los procesos electorales de 2027; el PP mantiene la exigencia de derogar la instrucción de 2022.
