EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno ha redoblado la presión sobre el Tribunal Supremo tras el auto que suspende de forma cautelar las altas en el censo electoral ligadas a la ‘ley de nietos’.
- ¿Quién está detrás? El ministro de Transportes, Óscar Puente, la portavoz Elma Saiz y el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con respaldo expreso de Moncloa.
- ¿Qué impacto tiene? La estrategia de confrontación institucional se mantiene intacta a las puertas del nuevo curso político.
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado un paso atrás en su pulso con el sector judicial que considera alineado con la oposición, pese a los avisos de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Según fuentes de Moncloa, la consigna es sostener la tesis de un ‘golpismo’ institucional del Supremo contra el presidente, sin rebajar el tono.
Por qué Moncloa se niega a enfriar el pulso
No habrá rectificación.
La nueva ofensiva llegó tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Óscar Puente, ministro de Transportes, respondió al comunicado de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que había denunciado las descalificaciones del Ejecutivo contra el Alto Tribunal. Puente calificó el texto de ‘una muestra de corporativismo que prescinde de la realidad’ y aseguró que ese tipo de reacciones abocan al Poder Judicial a ‘cavar más aún en su propio desprestigio’.
La pieza central del argumentario del Gobierno se dirige contra la apariencia de imparcialidad. El ministro sostuvo que los jueces cometerían un ‘grave error’ si solo critican a los políticos y ‘se tapan los ojos’ ante decisiones de algunos jueces. Puso el foco en Antonio Narváez, ponente del auto del Tribunal Supremo, a quien vinculó con una reunión de Alberto Núñez Feijóo con fiscales de corte conservador celebrada en 2023. Puente reclamó a la AJFV que se pronunciara sobre si esas palabras garantizan ‘la apariencia de imparcialidad que debe observar’ un juez.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, respaldó ese marco y llamó a preservar ‘la necesaria imparcialidad, la independencia del Poder Judicial y la confianza en que la justicia haga justicia’. Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática, acusó a Feijóo de una ‘metamorfosis’ respecto a sus posiciones anteriores sobre la nacionalidad de los nietos de españoles emigrantes.
El Supremo, la ‘ley de nietos’ y la respuesta de las asociaciones
Un día antes, el lunes, Puente ya había desafiado directamente a Isabel Perelló en una entrevista en TVE. Aseguró que no se pondría ‘una venda y una mordaza’ ante magistrados que, a su juicio, hacen política para facilitar la llegada de PP y Vox al Gobierno. Defendió que los políticos no pueden callar ante decisiones que dejan ver ‘cuál es la intencionalidad política que hay detrás de ellas’. Extendió además las dudas a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, y mencionó su ‘apariencia de imparcialidad’.
El Gobierno ha decidido que la defensa de la legitimidad democrática pasa por señalar sin matices a los jueces que, a su juicio, hacen política.
La AJFV recogió el guante del mensaje de Perelló en la apertura del año judicial y recordó que la discrepancia con una resolución es legítima, pero no ‘la deslegitimación de quienes las dictan’. Reclamó al CGPJ que ejerza sus funciones constitucionales en defensa de los magistrados ante lo que considera una técnica de presión. De hecho, la presidenta del Supremo había advertido de la gravedad de convertir la descalificación pública en un instrumento contra la Justicia.
El Eje del Poder Socialista
En Moncloa, la decisión de mantener la tensión no es un accidente. Ferraz y Moncloa comparten la lectura de que el auto sobre la ‘ley de nietos’ forma parte de una ofensiva más amplia contra el Gobierno. Un dato sostiene el argumento socialista: la propia Junta Electoral Central, con miembros del Tribunal Supremo, calificó el auto de ‘despropósito jurídico’. Puente lo recordó durante la rueda de prensa.
La suspensión cautelar afecta de lleno a miles de descendientes de emigrantes españoles, con especial incidencia en comunidades de tradición migratoria como Asturias, Castilla-La Mancha o Galicia. La norma ha sido una bandera de los sucesivos gobiernos socialistas. Los gobiernos autonómicos observan la resolución como una señal de inseguridad jurídica. La apuesta de Ferraz es movilizar a los sectores progresistas en defensa de la confianza institucional, según fuentes de los equipos territoriales. El texto de la norma puede consultarse en el BOE.
No es la primera vez que un gobierno socialista se encuentra con un contrapoder judicial reactivo. El bloqueo del CGPJ, prolongado durante más de cinco años por la negativa del PP a cumplir la Constitución, abonó la tesis de que la presión política se ejerce también a través de los nombramientos. Ahora el choque ha mudado de escenario: ya no se discute la renovación de un órgano, sino la legitimidad de las resoluciones contra las medidas del Ejecutivo.
La estrategia conlleva un riesgo doble. Por un lado, ofrece a la oposición un flanco para acusar al Ejecutivo de atacar la separación de poderes. Por otro, cohesiona al Consejo General del Poder Judicial en una posición defensiva. La ventana crítica más cercana será la reacción del CGPJ a las peticiones de amparo de las asociaciones judiciales y la evolución de los recursos del Gobierno contra la suspensión cautelar. El próximo Consejo de Ministros marcará si la ofensiva tiene correlato jurídico o queda, por ahora, en la batalla argumental.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Defensa de la legitimidad democrática del Gobierno frente a un sector judicial que actúa con intencionalidad política.
- Protagonista: Óscar Puente (ministro de Transportes) con el respaldo de Elma Saiz y Ángel Víctor Torres.
- Próximo hito: Reacción del CGPJ a las peticiones de amparo de las asociaciones judiciales y eventual recurso del Ejecutivo contra la suspensión cautelar.
