La UCO ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un atestado que descarta, con criterios objetivos, que la filtración de mensajes del caso Leire partiera de sus propios agentes.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La UCO presenta ante el juez Pedraz un atestado que descarta que la filtración del caso Leire saliera de sus agentes.
- ¿Dónde y cuándo? Audiencia Nacional; el material se publicó en mayo de 2025 y el registro clave se practicó el 10 de junio de 2025 en Valencia.
- ¿Qué resultado? La información reservada abierta por el DAO fue archivada y las evidencias permanecen a disposición de la autoridad judicial.
El documento, al que ha tenido acceso El Periódico, confronta la tesis del DAO (el oficial de enlace de la Guardia Civil con la autoridad judicial) Manuel Llamas, imputado en la causa por las investigaciones internas que abrió contra agentes destinados en procedimientos sensibles. Las comprobaciones de la Unidad Central Operativa sitúan el origen del material en un dispositivo intervenido meses después y no en las evidencias que la unidad custodiaba.
Los mensajes se publicaron en prensa en mayo de 2025 y reproducían, según aquellas informaciones, conversaciones entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno. Tras conocer la publicación, Llamas requirió explicaciones al general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y las averiguaciones descartaron «de manera objetiva» que el origen fuera la UCO. Las fechas no encajaban con la disposición, por parte de los agentes, de varios dispositivos incautados al asesor ministerial Koldo García a los que se atribuía contener esas conversaciones.
Un atestado que descarta a la UCO como origen de la filtración
El atestado subraya que Llamas «ya había transmitido que sabía fehacientemente» que la UCO no era el origen y que, pese a ello, prosiguió con la información reservada. Según el relato de los investigadores, el DAO comunicó al general de Policía Judicial y al jefe de la UCO su intención de entrevistarse, por orden suya, con los magistrados responsables de la instrucción. Ambos mandos le advirtieron de que una información reservada abierta sobre la policía judicial de un procedimiento no sería del agrado de los jueces.
El encuentro llegó a producirse con el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que entonces instruía la causa contra Ábalos y Koldo. El juez advirtió «de forma tajante» de que no lo autorizaba y de que, si se materializaba la apertura de la información reservada, incoaría diligencias contra el testigo y contra quien hubiera ordenado abrirla. La investigación interna acumulaba más de una semana abierta cuando el DAO ordenó su cierre, ya con conocimiento de ese encuentro.
El atestado reconstruye, además, cómo apareció el material. El 10 de junio de 2025, un mes después de aquellas gestiones internas, se practicó un registro en el domicilio de Ábalos en Valencia en el que se intervino un dispositivo nuevo que una mujer presente en la vivienda intentó ocultar dentro de su pantalón. Autorizado su análisis, los agentes localizaron en él las conversaciones publicadas que habían dado origen a toda la información reservada. Las evidencias primigenias siguen hoy en dependencias policiales a disposición de la autoridad judicial.
La UCO ha denunciado ante la autoridad judicial cada filtración detectada en sus actuaciones, un criterio que el atestado remitido a Pedraz vuelve a dejar por escrito.
La información reservada que llevó al DAO ante el juez
La Fiscalía y las acusaciones personadas en la causa vinculan indiciariamente estas investigaciones internas con una supuesta presión sobre los agentes que tramitaban procedimientos sensibles para el Ejecutivo. Manuel Llamas está imputado en el caso Leire y su actuación se revisa ahora paso a paso en el juzgado central de instrucción. El atestado no formula imputación nueva alguna: documenta la cronología y deja constancia de que la información reservada se abrió cuando el propio DAO ya sabía que la UCO no era el origen de la filtración.
El documento recuerda que, cuando la UCO ha detectado una filtración asociada a sus diligencias, la ha puesto en conocimiento del juez del que depende funcionalmente. Cita los procedimientos relacionados con Begoña Gómez y con el hermano del presidente del Gobierno. En otro atestado ya remitido a Pedraz, la unidad acredita que fue la jueza instructora Beatriz Biedma quien ordenó trasladar a las partes los correos personales hallados durante la investigación, junto al resto de evidencias recabadas.
El Contexto Operativo
La causa sitúa el foco en un asunto de fondo para el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la trazabilidad de las evidencias y el blindaje de las unidades que instruyen procedimientos con cargos públicos imputados. La Guardia Civil, con cerca de 80.000 efectivos, es el cuerpo con mayor despliegue territorial de España y asume buena parte de la investigación de criminalidad organizada fuera de las grandes ciudades. Dentro de ella, la UCO concentra los procedimientos de mayor complejidad con una plantilla que ronda el millar de especialistas.
Ese volumen explica por qué los protocolos de custodia son tan estrictos. En el caso que ahora revisa Pedraz, el sistema funcionó: la información reservada fue archivada, el juez advirtió de su apertura y el dispositivo que contenía las conversaciones apareció donde los investigadores habían dicho que estaría, en poder de la autoridad judicial y no en manos de la unidad. El propio atestado es, en ese sentido, un ejercicio de control interno que las acusaciones podrán contrastar ante el juez.
La instrucción continúa en la Audiencia Nacional y el atestado abre la puerta a nuevas comparecencias de mandos en las próximas semanas. Ninguna de ellas altera, por ahora, el estatus del DAO, que mantiene la presunción de inocencia que asiste a todo investigado. La Guardia Civil ha colaborado con la autoridad judicial en cada una de las diligencias practicadas, incluida la puesta a disposición del material que ahora se analiza.
