El Tribunal Supremo mantiene suspendidos los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. La medida la acordó el auto de 10 de septiembre de 2026 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y alcanza tanto a los no inscritos como a las inscripciones ya practicadas, con una excepción: la acreditación documental de las circunstancias del exilio.
No fue un pronunciamiento unánime. Cinco magistrados respaldaron la cautelar y una magistrada formuló voto particular. Los datos remitidos al alto tribunal el 28 de octubre de 2026 por los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores sitúan el perímetro de la medida en 163.355 personas nacionalizadas por la vía de la llamada «ley de nietos», de las que solo 901 contaban con la certificación consular exigida para quedar fuera de la suspensión.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sección Cuarta de la Sala Tercera acordó el 10 de septiembre de 2026 suspender la incorporación al CERA de los no inscritos y los efectos electorales de las inscripciones ya practicadas.
- ¿Qué base jurídica aplica? Artículos 129 y 130 de la Ley 29/1998 —peligro en la demora y ponderación de intereses—, artículo 23 de la Constitución como derecho afectado y disposición adicional octava de la Ley 20/2022.
- ¿Qué impacto tiene? 163.355 expedientes afectados y 901 acreditaciones consulares, el 0,55 % del colectivo.
El origen: el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central
El litigio parte del Acuerdo 204/2026, de 16 de julio, de la Junta Electoral Central, que fijó la interpretación y aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 en materia de inscripción censal. Los recursos contencioso-administrativos contra ese acuerdo activaron el incidente cautelar ante la Sección Cuarta.
La fundamentación mayoritaria se apoyó en dos datos objetivos: un incremento de aproximadamente 408.000 electores en el censo exterior desde las elecciones generales de 2023 y un ritmo de nuevas incorporaciones de entre 10.000 y 16.000 personas cada mes. De ahí extrajo un peligro fundado, real y serio para la objetividad y transparencia del proceso electoral.
La Sala no exigió prueba de una alteración consumada del resultado. Aplicó la función propia de la tutela cautelar: intervenir cuando la demora del proceso vacía de eficacia la resolución definitiva. En materia electoral esa premisa opera con especial intensidad, porque la emisión del voto y la asignación de escaños producen efectos difícilmente reversibles.
La Sección Cuarta configura la integridad del censo como bien jurídico protegible de forma anticipada, sin exigir la prueba de una irregularidad ya consumada.
El voto particular y el alcance de los 901 certificados
El voto particular discrepante sostuvo que la medida anticipaba el debate de fondo y restringía el derecho de sufragio del artículo 23 de la Constitución. Alegó además que las adquisiciones de nacionalidad se produjeron conforme al marco vigente en el momento de su reconocimiento y que una eventual estimación del recurso no convertiría retrospectivamente esas situaciones en ilegítimas.
La objeción no resuelve la ponderación. El punto de fricción es el conflicto entre la protección inmediata del sufragio individual y la preservación de la eficacia del proceso. La relación nominal remitida al Tribunal Supremo, reclamada por el propio órgano para ejecutar su decisión, no acredita que las 162.454 restantes sean inscripciones irregulares: constata que solo el 0,55 % había obtenido certificación consular.
La distinción técnica es decisiva. Una cosa es la falta de certificación consular en los términos del auto y otra la ausencia de los requisitos legales de nacionalidad. La cifra de 901 no declara ilegales las restantes inscripciones, pero confirma que la comprobación individualizada era una necesidad operativa y no una prevención abstracta. La medida no anula nacionalidades ni retira la condición de español: suspende efectos electorales mientras se resuelve el fondo y condiciona la excepción a prueba documental. 163.355 expedientes sujetos a verificación individualizada.
La Doctrina del Tribunal
La resolución consolida una doctrina cautelar anticipatoria sobre el censo electoral: la integridad del censo admite tutela judicial antes de que las inscripciones dudosas desplieguen efectos irreversibles. La línea previa del orden contencioso-administrativo era más estricta con el periculum in mora y no aceptaba la magnitud de una cifra censal como indicio autónomo. La Sección Cuarta eleva ese dato a indicio cualificado cuando concurre una controversia concreta sobre los criterios administrativos de nacionalización.
La base jurídica se articula sobre los artículos 129 y 130 de la Ley 29/1998, que habilitan la medida cuando la eficacia de la tutela judicial pueda comprometerse y ordenan ponderar los intereses en conflicto. Se suma el artículo 24.1 de la Constitución en su vertiente cautelar. El método interpretativo es teleológico: atiende a la finalidad de preservar la pureza del censo, no a la literalidad del precepto.
El impacto es doble. En el plano procesal, habilita incidentes cautelares censales con un estándar probatorio inferior al exigido para el fondo. En el sustantivo, opera un traslado de la carga probatoria al titular de la inscripción: la inactividad en fase cautelar equivale, de facto, a la suspensión del derecho.
La proyección depende de la tramitación del incidente principal, en el que la Sección Cuarta deberá pronunciarse sobre la conformidad a derecho del Acuerdo 204/2026, y de la verificación documental de los expedientes remitidos. La información disponible no permite confirmar el número de auto ni su publicación íntegra en el CENDOJ.
FICHA DEL CASO
- El caso: Incidente cautelar en recursos contencioso-administrativos contra el Acuerdo 204/2026 de la Junta Electoral Central sobre inscripciones en el CERA derivadas de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022.
- Datos importantes: Auto de 10 de septiembre de 2026, Sección Cuarta de la Sala Tercera; cinco votos frente a uno; 163.355 afectados y 901 acreditaciones consulares; arts. 129 y 130 LJCA, art. 23 CE y art. 24.1 CE.
- Fecha de los juicios: Auto dictado el 10 de septiembre de 2026; relación nominal remitida al tribunal el 28 de octubre de 2026. Publicación íntegra en CENDOJ no confirmada.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No existe proceso penal ni imputación: se trata de un incidente cautelar de naturaleza contencioso-administrativa.
