La Comisión Europea ha avalado que el Parlamento polaco nombre a los ocho nuevos jueces del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo comunitario confirmó el sábado 31 de octubre que esa designación entra dentro del poder constitucional del Sejm —la cámara baja polaca— y aseguró que sigue «de cerca» la crisis judicial en Polonia, recrudecida la noche del viernes 30 con un enfrentamiento ante la sede del tribunal en Varsovia retransmitido en directo por televisión.
La posición la trasladó un portavoz de la Comisión a Euronews, y llega después de que el choque entre la jefatura del Estado y el Gobierno polaco dejara de ser un asunto interno. El conflicto arrastra más de una década y ahora se ha instalado en el debate político europeo.
Qué ha avalado Bruselas y con qué argumentos
El portavoz precisó que corresponde a las autoridades polacas garantizar que el Tribunal Constitucional pueda funcionar «de acuerdo con la Constitución polaca y con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Bruselas avala así la competencia del Sejm, pero traslada a Varsovia la responsabilidad de que el órgano pueda operar.
El respaldo comunitario se apoya también en una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 5 de mayo de 2026. Aquel día, Estrasburgo dictó medidas provisionales —decisiones urgentes para evitar un daño irreparable mientras examina el caso— y requirió a Polonia «abstenerse de obstaculizar» la toma de posesión de los jueces nombrados por el Sejm en marzo de ese año.
El choque del viernes en la puerta del tribunal
La crisis se disparó la noche del viernes, cuando el presidente de la República, Karol Nawrocki, intentó entrar en la sede del Tribunal Constitucional en medio del bloqueo sobre el nombramiento de los nuevos magistrados. La Policía rodeó el edificio mientras la confrontación se emitía en directo, y el pulso entre la jefatura del Estado y el Gobierno por la composición del tribunal quedó a la vista de todo el país.
El discurso de Tusk: «Restaurar la calma no significa aceptar la ilegalidad»
El primer ministro Donald Tusk se dirigió a los polacos en un discurso televisado el sábado por la noche, su primera respuesta de calado a la crisis. Calificó los sucesos del viernes como «incidentes escandalosos» y expresó su deseo de que escenas así no se repitan en Polonia.
Bruselas avala el nombramiento, pero deja caer sobre Varsovia la obligación de que el tribunal funcione: once años de disputa y ningún árbitro aceptado.
Restaurar la calma no podía equivaler a aceptar la ilegalidad ni la violencia, dijo Tusk, que prometió recuperar las condiciones para una justicia independiente y para el Estado de derecho. «Un Estado democrático tiene que ser fuerte y capaz de hacer cumplir la justicia», añadió, y sostuvo que el Estado de derecho se impondrá sobre la violencia.
Los conservadores europeos acusan a la UE de silencio
Los copresidentes del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo condenaron el sábado la actuación del Gobierno polaco, la calificaron de violación del Estado de derecho y expresaron su respaldo al presidente Nawrocki.
«Las acciones del Gobierno de Tusk constituyen una violación clara y grave del Estado de derecho. Condenamos este ataque contra la independencia judicial y las garantías constitucionales de Polonia. Ningún gobierno está por encima de la ley», afirmó Nicola Procaccini, copresidente de ECR. Añadió que las instituciones europeas «no deben apartar la mirada» y que el respeto a la soberanía nacional debe mantenerse «al margen de las alianzas políticas».
El origen: once años de disputa por el tribunal
La legitimidad del Tribunal Constitucional polaco está impugnada desde hace más de una década. El conflicto arranca en 2015, cuando la entonces gobernante Plataforma Cívica y la oposición de Ley y Justicia (PiS) chocaron por el nombramiento de cinco jueces. Desde entonces derivó en una pugna más amplia sobre la independencia judicial, la composición del órgano y la autoridad de sus sentencias.
El Gobierno de Tusk sostiene que impulsa reformas largamente necesarias para restaurar el Estado de derecho tras años de lo que describe como injerencia del PiS en la judicatura. La oposición acusa al Ejecutivo de intentar un golpe de Estado.
Por qué importa en Bruselas y en Madrid
La fórmula elegida por la Comisión —aval al nombramiento, exigencia de funcionamiento— fija un criterio aplicable a cualquier socio y entra de lleno en el debate europeo sobre el marco del Estado de derecho de la UE.
Para España el precedente cuenta por dos vías: la posición de Bruselas ante nombramientos parlamentarios de magistrados constitucionales y el margen de intervención cuando un jefe del Estado y un Gobierno chocan por el control de un órgano judicial. Cualquier pronunciamiento sobre Varsovia se leerá en Madrid como referencia sobre hasta dónde está dispuesta a llegar la Comisión.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Comisión Europea avala que el Sejm nombre a los ocho jueces del Constitucional, según su portavoz.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Donald Tusk, el presidente Nawrocki, el Sejm, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el grupo ECR.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Varsovia debe garantizar el funcionamiento del tribunal y Bruselas vigila el cumplimiento de las medidas de Estrasburgo.
