Las protestas en Francia han reunido a 320.000 manifestantes en la tercera jornada consecutiva contra el coste de la vida, según el recuento del Ministerio del Interior. La cita era el sábado. La próxima, el jueves 5 de noviembre: los sindicatos han convocado una huelga nacional.
Francia lleva un mes con la calle encendida y el Elíseo gobernando en un estado de excepción de facto, con gases lacrimógenos y escaparates blindados en el centro de París. El fin de semana volvió a desplegar 70.000 policías y gendarmes, un operativo que Interior sostiene con dificultad y que, según las previsiones más pesimistas del propio Gobierno, tendría que repetirse cada semana hasta la primera vuelta de las presidenciales, el 18 de abril de 2027. A menos de seis meses del voto, Macron no tiene margen para bajar el volumen. Ni para subirlo.
Menos manifestantes, más ciudades: la aritmética que inquieta al Elíseo
El mapa incomoda más que el número. Hubo menos gente que en la jornada negra del 17 de octubre —550.000 personas entonces, 320.000 ahora—, pero la extensión se mantiene: París, Marsella, Lyon, Nantes, Burdeos, Rennes, y una lista larga de ciudades medianas. Un movimiento concentrado en la capital se gestiona. Uno descentralizado, no.
En la mezcla conviven el movimiento estudiantil que encendió la mecha hace más de un mes, los chalecos amarillos renacidos —los de la revuelta de 2018 y 2019— y las centrales sindicales. A la falta de inversión en institutos y universidades y al contestado sistema de acceso se ha sumado el malestar por el coste de la vida. La Francia Insumisa cabalga la coyuntura. Y una reserva de alborotadores, parte ideologizada y parte no, se suma a cada convocatoria para pelearse con el Estado.
La batalla del sábado también fue administrativa. Los sindicatos pidieron el itinerario clásico, de la Bastilla a la Nación; los chalecos amarillos, cruzar los grandes bulevares hasta la Asamblea Nacional. La prefectura lo rechazó y el Consejo de Estado —el órgano supremo de la jurisdicción administrativa francesa— le dio la razón: la marcha parisina quedó confinada entre la Puerta de Bagnolet y la Puerta de Charenton. Un portavoz de la CGT lo calificó de ‘simbólico del macronismo’ y de intento de ‘empujar físicamente a los manifestantes a la periferia’.
El balance oficial, difundido el domingo, deja 779 detenciones, cinco de ellas en Marsella por intento de pillaje, 159 policías y gendarmes heridos y 36 comercios vandalizados. En el centro de París, las tiendas de lujo amanecieron con una pintada repetida sobre los paneles de madera: ‘Remigración’.
La protesta francesa ya no se mide por cuántos salen a la calle, sino por cuánto tiempo puede el Estado pagar el precio de que salgan cada sábado.
Ese mensaje, que reclama expulsar a los inmigrantes a sus países de origen, es una de las propuestas más radicales de la extrema derecha europea y apareció en la Rue de Rivoli y en la Rue Saint-Honoré, saqueada el 17 de octubre. ‘Muestra el enfrentamiento entre la extrema izquierda y la extrema derecha ante las elecciones’, resumía un vigilante de la zona. El mismo fin de semana, el homenaje a las víctimas del atentado racista de Trappes derivó en un ataque del alcalde, Ali Rabeh, contra Marine Le Pen y Jordan Bardella por ‘inocular’ el odio con su discurso. Macron no sufre una pinza. Sufre dos.
El coste de la vida ya no es un problema francés: es la grieta común europea
Las protestas juveniles han cruzado la frontera. En Berlín, las concentraciones por el coste de la vida han incorporado grupos radicales y disturbios, según el seguimiento de Euronews. En Italia han aparecido concentraciones con el mismo repertorio. La coincidencia no es casual: alquiler, salarios y acceso a la vivienda ordenan ya el voto joven en media Europa.
Bruselas lleva dos legislaturas intentando meter esa grieta en su arquitectura política. El semestre europeo —el ciclo anual en el que la Comisión revisa presupuestos y reformas de cada Estado miembro y emite recomendaciones— se ha llenado de advertencias sobre vivienda y poder adquisitivo. La Eurocámara lo ha convertido en materia recurrente. Y la herramienta sigue siendo blanda: recomendaciones, no dinero.
España mira el espejo con alivio y vértigo. No ha registrado una ola de esta escala, pero comparte los ingredientes: alquileres en máximos en las grandes capitales, una generación con salarios que no cubren el acceso a la vivienda y un calendario sin elecciones que no ofrece válvula de escape. Las marchas por la vivienda de los dos últimos años dejaron un precedente: el malestar se organiza rápido cuando encuentra un símbolo. Y hay un interés económico directo: Francia es el mercado vecino de primer orden para las cadenas españolas de moda, con presencia masiva en los ejes comerciales que cada sábado blindan sus escaparates.
El Eje del Poder Europeo
La lectura estratégica es otra. Un presidente francés a seis meses de una elección, con 70.000 agentes en la calle cada fin de semana, no puede cerrar acuerdos en Bruselas. El motor franco-alemán, que ha decidido prácticamente todo lo grande en la UE desde 1958, funciona hoy con un cilindro gripado en París y otro en Berlín, donde las protestas juveniles han entrado en la agenda con grupos radicales infiltrados.
Eso deja el terreno a los demás ejes. Los frugales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia— no necesitan a París para frenar gasto. España e Italia pierden al socio con el que contrapesaban esa austeridad. Y el grupo de Visegrado gana tiempo. Cada semana de disturbios en Francia es una semana en la que nadie exige a nadie.
No es la primera vez. Entre 2018 y 2019, los chalecos amarillos paralizaron el arranque de la legislatura europea y Macron llegó a las europeas de 2019 con la agenda doméstica incendiada. En 2023, la reforma de las pensiones sacó a la calle a más de un millón de personas y el Elíseo sobrevivió con el crédito hipotecado. El patrón se repite con un ingrediente nuevo: ahora la protesta no pide retirar una reforma, pide poder vivir con lo que se cobra. Y ahí está el punto débil de cualquier pronóstico: en 2019 la calle no tradujo el malestar en urnas. A cinco años vista, la incógnita no es si Macron termina el mandato, sino qué Francia se sienta en el Consejo en 2031 y con qué mandato.
Lo que observamos desde Bruselas es un problema de geometría. Si el Elíseo se debilita, Alemania gana peso en las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual —el presupuesto de la UE a siete años, hoy en discusión— y en la agenda de defensa. Para España no es neutro: Madrid ha construido su influencia sobre alianzas con Roma y París para contrapesar la austeridad del norte. Si París se ausenta, la aritmética se inclina.
La próxima prueba es el jueves 5 de noviembre. El seguimiento de la huelga y los incidentes que produzca serán el barómetro real: si la calle sindical responde, Macron tendrá que elegir entre ceder o sostener el pulso hasta abril. Si no responde, la protesta seguirá siendo lo que es hoy, un movimiento descentralizado, juvenil y sin interlocutor único.
La cita siguiente, un sábado más.
