La publicidad política sobre centros de datos ha girado al rechazo en la recta final del 3-N, según Pew Research.
El vuelco que mide Pew: del 42% de apoyo en enero al 57% de rechazo en octubre
El centro de análisis Pew Research ha examinado 20.751 anuncios sobre temas sociales, elecciones o política que mencionaban centros de datos y que corrieron en Facebook e Instagram en Estados Unidos entre el 1 de enero y el 24 de octubre. El cambio de tono es de manual. En enero, el 42% era favorable y el 31% crítico; el resto no tomaba posición clara. En octubre, solo el 3% se declaraba a favor y el 57% expresaba oposición.
El dinero siguió al tono. Los anunciantes gastaron casi 12 millones de dólares en publicidad política que mencionaba centros de datos entre el 27 de julio y el 24 de octubre, en una ventana de 90 días con 13.956 anuncios examinados. El reparto se produce de de forma reveladora: el 61% del gasto fue a anuncios sin candidato, los que financian los grupos de advocacy (organizaciones que defienden una causa sin presentarse a nada). De esas piezas, el 56% se oponía a los centros de datos y solo el 13% los defendía.
El 39% restante respaldaba a candidatos identificados. Entre esos anuncios de campaña, el 72% promocionaba a candidatos del Partido Demócrata y el 15% a candidatos del Partido Republicano. El mensaje favorable apenas existió: menos del 1% de los anuncios de candidato defendía los centros de datos. La crítica, eso sí, no fue patrimonio de un solo partido. Los demócratas dedicaron más espacio al asunto, pero cuando un candidato de cualquiera de las dos formaciones lo tocaba, el tono era igual de duro.
Agua, luz y la empresa de turno: los argumentos que mueven el gasto
Los temas se repiten. La implicación empresarial apareció en el 30% de todos los anuncios, seguida del consumo energético (24%), el impacto ambiental (17%) y el uso del agua (15%). El acento cambia según el bando. El 47% de los anuncios críticos sacó a relucir los intereses corporativos —tecnológicas o eléctricas—, el doble que en los favorables (22%). Los contrarios cargaron más sobre el efecto ambiental (26% frente al 13%) y los partidarios se agarraron al empleo: el 25% lo mencionó, frente al 3% de los críticos.
Pew detectó además un patrón geográfico: los estados con elecciones más competidas al Congreso o a gobernador registraron más gasto, y también los que tienen más instalaciones en marcha o en proyecto. La metodología tiene letra pequeña. Un anuncio se atribuía a un estado si al menos el 90% de su audiencia estaba allí, y el gasto es el punto medio de los rangos de la Biblioteca de Anuncios de Meta, redondeado al millar de dólares.
El debate sobre la inteligencia artificial ya no se libra en los laboratorios de Silicon Valley. Se libra en la factura de la luz y en el recibo del agua.
Hay una lectura partidista que estos datos no sostienen del todo. En medios próximos a la nueva administración se ha presentado la ofensiva contra los centros de datos como un guion de la izquierda: el miedo al paro tecnológico, la renta básica y el malestar por la luz. El escepticismo recorre también las bases republicanas de los condados donde se levantan las naves, y el Partido Demócrata fue simplemente quien compró más espacio.
La Lógica de Washington
Washington no discute si la inteligencia artificial es buena o mala. Discute quién paga la infraestructura que la hace posible. Un centro de datos consume en un año la electricidad de una ciudad mediana y bebe millones de litros de agua para refrigerarse. Cuando el operador consigue un contrato ventajoso y la red se satura, la factura acaba en el recibo del vecino. El problema no distingue siglas.
La coalición que sostiene ese malestar es inusual. Por la izquierda, con la crítica a las grandes tecnológicas. Por la derecha populista, con la defensa del territorio, la tarifa eléctrica y la sospecha hacia quien decide desde fuera. Es la lógica que llevó a Donald Trump a convertir los aranceles en herramienta de presión: si el coste es visible, el votante exige compensación. Y hay precedente. El movimiento anti-nuclear de los setenta y la reacción vecinal contra las grandes plantas industriales de los ochenta siguieron el mismo patrón: primero la seguridad, después la factura y al final la política.
Para España el paralelismo es directo. El país se ha colocado entre los principales polos de centros de datos del sur de Europa, con inversiones anunciadas que suman varios miles de millones de euros en Aragón y Castilla-La Mancha.
Iberdrola y Endesa han firmado contratos de suministro a largo plazo con los operadores, y los mismos argumentos que Pew mide en Facebook —agua, luz, empresa de turno— son los que ya circulan en las plataformas vecinales de Aragón y Toledo.
El calendario es lo único que cambia. En Estados Unidos el conflicto estalla en un ciclo electoral; en España llegará por la vía regulatoria y urbanística, con dos años de retraso y menos ruido.
Las 48 horas del 3-N y la factura que viene después
El 3-N se vota el martes. Los anuncios seguirán emitiéndose hasta el último minuto y el dinero que queda irá a los distritos donde la diferencia es de un puñado de votos, que suelen ser los que tienen una nave en construcción o una subestación al límite. Lo que ocurra el miércoles no alterará la aritmética física: la demanda eléctrica de la IA no baja porque se cierre un colegio electoral.
Nadie dijo que fuera gratis.
Cuando la IA demande el triple de electricidad, alguien tendrá que firmar el cheque. En Estados Unidos lo decidirán las comisiones estatales de servicio público, las que fijan las tarifas. En España, la planificación de red y la normativa autonómica sobre suelo y agua. El 3-N no cierra el debate. Solo le pone precio.
Ficha del Caso
- El caso: Pew Research constata que la publicidad política sobre centros de datos en Facebook e Instagram pasó del apoyo en enero al rechazo dominante en octubre, a dos días de las elecciones de medio mandato del 3-N.
- Datos clave: 20.751 anuncios analizados entre el 1 de enero y el 24 de octubre; 42% de apoyo en enero frente al 3% en octubre; 57% de rechazo; casi 12 millones de dólares gastados en 90 días, con el 61% en anuncios sin candidato y el 72% de los anuncios de candidato promoviendo a demócratas.
- Para España: los argumentos que ya dominan en EE. UU. —agua, factura eléctrica y papel de las tecnológicas— rodean también los proyectos de Aragón y Castilla-La Mancha, con la normativa autonómica y la planificación de red como próxima ventana de decisión.
