EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La UE cobra desde este domingo 1 de noviembre una tasa de dos euros por cada categoría arancelaria de los paquetes que llegan de terceros países, sin límite de importe.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, que suma este canon al arancel de tres euros vigente desde el 1 de julio para envíos de hasta 150 euros. El 91% de los bultos que cruzan la frontera procede de China.
- ¿Qué impacto tiene? Encarece cada pedido en Shein, Temu o AliExpress y presiona al pequeño comercio español, que lleva años exigiendo las mismas reglas para todos.
La tasa paquetes UE entra en vigor este domingo: dos euros por cada categoría arancelaria que viaje dentro de un envío extracomunitario. El recargo no entiende de importes y se suma al arancel de tres euros que Bruselas aplica desde el 1 de julio a los pedidos de hasta 150 euros. Shein, Temu y AliExpress quedan en el punto de mira, y con ellas los 5.900 millones de bultos que pasaron por las aduanas comunitarias en 2025.
Dos euros por categoría arancelaria: así se calcula el recargo
Bruselas ha bautizado el canon como tasa de tramitación y su destino es explícito, según la información difundida por la Comisión: ‘cubrir los costes de los controles y el seguimiento’ que asumen las autoridades aduaneras nacionales. No es un impuesto sobre el valor del producto, sino una tarifa fija por la gestión de cada envío.
La clave está en la subpartida arancelaria, la clasificación técnica con la que la aduana identifica cada mercancía. Si un pedido lleva dos camisetas de algodón, una blusa de seda, un cargador y una peonza, no se cobran dos euros: se cobran ocho. Ropa, ropa, tecnología y juguete son cuatro categorías distintas aunque el paquete sea uno solo. En cambio, siete rebecas de lana del mismo código suman dos euros y nada más.
El sistema de cobro replica el del arancel de tres euros que entró en vigor el 1 de julio, con una diferencia sustancial: aquel solo opera en los envíos de hasta 150 euros y este no distingue importes. Un pedido de 100 euros con cuatro pantalones, una radio y una vela pagaba 9 euros con el primer canon; desde hoy suma otros 6 y la factura final asciende a 15.
Quién paga el recargo y qué castigo hay si se esconde
La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha sido la primera en mover ficha. Su portavoz de Comercio, Emily Riesco, sostiene que ‘las personas consumidoras no deberían pagar esta nueva tasa de dos euros’, porque son ‘las plataformas importadoras’ las que deben seguir asumiendo el pago. La organización advierte de que repercutir el canon en las últimas fases de la compra sería ilegal: la normativa europea exige mostrar el precio final total desde que el comprador empieza a llenar la cesta.
El castigo para quien incumpla no es menor. Los operadores se exponen a multas de hasta el 6% del valor anual de sus importaciones del ejercicio anterior, a la pérdida de los privilegios aduaneros simplificados y a restricciones de acceso a sus propias plataformas. En la práctica, Bruselas pone la pelota en el tejado del importador y deja al comprador en la última línea de defensa.
Un canon de dos euros no arregla una aduana desbordada, pero pone precio a la opacidad de 5.900 millones de bultos que entran cada año sin apenas control.
Los números explican la prisa. Los 4.600 millones de paquetes contabilizados en 2024 se convirtieron en 5.900 millones en 2025, y hasta el 91% de esos bultos llegan de China. El control se ha vuelto un problema de seguridad, no solo de competencia: las pruebas realizadas a productos de Temu y Shein revelaron que el 69% de los 162 artículos analizados —cargadores USB, juguetes, joyas— no cumplía la normativa y podía ser peligroso. En algunos análisis sobre Temu el incumplimiento llegó al 96%, con riesgos de incendio, descarga eléctrica, asfixia o exposición a sustancias tóxicas.
Nada es gratis.
Para el comercio español, la tasa llega con lectura ambigua. El pequeño y mediano comercio —textil, calzado, juguetería, y electrónica de consumo— lleva años denunciando una competencia imposible contra plataformas que enviaban paquetes unitarios sin apenas coste logístico ni control sanitario. Dos euros por categoría no igualan la factura de un local, un convenio y un IVA declarado, pero rompen el mito del envío gratis. En paralelo, los despachos aduaneros y los operadores postales españoles asumen una carga de gestión nueva: cada envío exige clasificación por subpartida y cada error de clasificación se convierte en una reclamación.
El Eje del Poder Europeo
El pulso no va de dos euros. Va de quién paga la modernización de una aduana que se ha quedado pequeña. París lleva años empujando un gravamen europeo sobre la moda rápida y los paquetes de bajo valor, y ha usado cada consejo de ministros de Economía para recordarlo. Berlín comparte el diagnóstico sobre el control, pero recela de cualquier figura que pueda leerse como un recurso propio nuevo llamado a financiar el presupuesto común. Los frugales —La Haya, Copenhague, Viena— aceptan que el canon sufrague el control, no que engorde las arcas comunitarias. Y los grandes puertos de entrada, Róterdam y Amberes, miran el calendario con aprensión: cada euro que se cobra es un minuto más de cola.
Para España el cálculo es de doble filo. El tejido comercial que sostiene el empleo de barrio gana argumentos frente a la competencia desleal, y las asociaciones de autónomos llevan meses pidiendo que se aplique sin excepciones. Pero la letra pequeña sigue sin resolverse: cómo se reparte esa recaudación entre las aduanas nacionales que hacen el trabajo material, y con qué medios se clasifican millones de subpartidas nuevas cada semana. La Agencia Tributaria y los operadores postales van a necesitar músculo, personal y sistemas, y ese coste no se cubre con dos euros simbólicos. Aquí Moncloa tiene una oportunidad negociadora que no debería dejar pasar en el próximo ECOFIN.
Cabe recordar que este camino empezó antes. En julio de 2021 la UE cerró la exención de IVA a los envíos de menos de 22 euros y estrenó la ventanilla única de importación; en 2023 llegó la propuesta de reforma del Código Aduanero de la Unión, que plantea eliminar el umbral de los 150 euros y crear una autoridad aduanera europea, todavía en negociación. La lógica de fondo recuerda a la crisis del euro: cuando el coste de vigilar se dispersa entre veintisiete Estados, el incentivo para no vigilar es altísimo. El riesgo inmediato es que el canon se quede en recaudación y no en control, y que las plataformas lo absorban subiendo el precio del producto un céntimo por unidad mientras el número de inspecciones no se mueve.
La primera prueba de fuego llega el 27 de noviembre, con el Black Friday, y se prolongará hasta la campaña de Reyes. Si en febrero las aduanas publican datos de caja y no de inspecciones, sabremos que la tasa es un parche fiscal y no una política industrial. El hito formal es la negociación del reglamento aduanero en el Consejo, donde España debería pelear por medios materiales y por un criterio común de clasificación que evite la arbitrariedad entre puertos. Puedes consultar el marco normativo vigente en el Diario Oficial de la UE y el funcionamiento del sistema en la unión aduanera europea.
